En el año en que Costa Rica registró los mayores registros de homicidios de su historia, contradictoriamente se reportaron caídas en gran parte de los indicadores del combate al narcotráfico, actividad que se señala en forma unánime como la gran culpable de la ola de violencia que azota al país.
En el 2022, el país registró 657 homicidios, la mayor cantidad reportada, y en octubre se alcanzaron 68 reportes, el mayor número para un mes. Sin embargo, la velocidad de estos delitos aumentó en lugar de decrecer en el inicio del 2023, al cerrar enero con 76 homicidios, según el dato del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un nuevo récord sangriento.
Sin embargo, la cantidad de personas detenidas por actividades vinculadas a las drogas en el 2022 fue de 722, según los datos recopilados por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Se trata de la menor cantidad en la década (ver gráfico).
Otros indicadores evidencian un descenso en los indicadores del combate contra las drogas: la cantidad de armas decomisadas vinculadas al narcotráfico durante el 2022 fue de 55, casi la mitad del año anterior, y en la década solo se reportó un año con menos armas decomisadas en el 2015. A su vez, la cantidad de cocaína incautada por las autoridades viene en picada desde el 2020 (de 47 mil kilogramos a 24 mil kilogramos en el 2022), cifras que remiten a los reportes del 2016 y los años anteriores (ver gráficos).
También, el reporte de las organizaciones delictivas desarticuladas por las autoridades muestra un descenso, luego de que venía al alza desde el 2019. Empero, el año pasado finalizó con 140 estructuras criminales eliminadas; la menor cantidad en los últimos cinco años, con la excepción del 2019.
Minicarteles criollos sube espiral de violencia por pelea de territorios y cambios en negocio de drogas
Para organizaciones locales es importante ampliar su área de control y potenciar mercado interno de sustancias prohibidas.
Buscando respuestas
El criminólogo Erick Villalba consideró que estas situaciones contradictorias podrían tratar de explicarse en que los narcotraficantes se profesionalizan cada vez más y operan cada vez más lejos del radar de las autoridades.
Además, debe considerarse el tema de los recursos: mientras los grupos de narcotraficantes tienen acceso a grandes capitales, las fuerzas policiales se están quedando estancadas: el presupuesto del Ministerio de Seguridad en la década apenas creció un 3% en términos reales, muy por debajo del 57% del presupuesto del Gobierno central. “Además, se eliminó el impuesto a las sociedades, eso fue un desastre, y cuando se acordó un recorte al Poder Judicial, se realizó básicamente en el OIJ”, comentó Villalba.
El exfiscal general Francisco Dall´Anese consideró que la situación es muy crítica y que el país va rumbo a perder el control de la situación. “Creo que nos estamos equivocando. Lo digo como crítica constructiva, yo no estoy en contra del Ministerio de Seguridad ni de su titular Jorge Torres, cuando se ataca al narcomenudeo, son organizaciones que rápidamente reclutan reemplazos”, dijo.
Dall´Anese también consideró que la estrategia ha fallado en concentrarse en considerar los triunfos a partir de decomisos, en lugar de focalizarse más en organizaciones desarticuladas, y en buscar un combate más agresivo de los capitales ilícitos. “La fortaleza de estas organizaciones es el dinero que tienen; si se les quita, se les reduce la capacidad de maniobra”, comentó.
En este entorno, es también necesario considerar la evolución de las organizaciones dedicadas al narcotráfico en el país (ver nota aparte: “Minicarteles criollos aumentan niveles de violencia…”), que obligan, a su vez, a una respuesta diferente.
Empero, Villalba considera que es necesario entender que el tema de seguridad se salió de las manos en el país, por lo que es necesario que las personas también adopten una cultura preventiva, más allá de esperar lo que las autoridades de gobierno y judiciales puedan hacer.
La estela de la droga
Costa Rica consideró durante mucho tiempo el problema del narcotráfico como un problema externo, que solo tocaba al país marginalmente, como mera ruta de paso.
Eso empezó a cambiar a mediados de la década de los años 80, con dos situaciones que alertaron sobre cómo el país se vinculaba con las tramas de las organizaciones internacionales de la droga.
La advertencia de los cargamentos: El aumento de los decomisos de droga evidenció que el país tenía otra condición para las organizaciones de droga. El periodista Michael Porth, en un reportaje publicado en Insight Crime, registró el salto: “El primer gran salto se presentó en 1986. Ese año, las autoridades advirtieron un incremento sin precedentes en los decomisos de droga: de 30 a 40 kilos anuales se pasó a 600”, indicó.
La caída de Caro Quintero: Caro Quintero era un narcotraficante oriundo de Sinaloa, que llegó a ser conocido como el “capo de los capos”. Ingresó a Costa Rica en forma ilegal, y adquirió cuatro propiedades por valor de $2 millones, incluyendo una quinta en San Rafael de Ojo de Agua, donde fue detenido el 4 de abril de 1985. Al día siguiente, fue deportado a México. El escándalo que generó este caso provocó que la Asamblea Legislativa creara la primera comisión para investigar el narcotráfico, la que concluyó que sus acciones en Costa Rica fueron posibles porque lo protegía “una autoridad política superior”.
Los vínculos de la droga y la política: La primera comisión de narcotráfico se instaló en setiembre de 1985, por la detención de Caro Quintero, pero en junio de 1988 se tuvo que crear una segunda comisión de narcotráfico, luego de la detención de Ricardo Alem, exjefe de signos externos de la campaña de Óscar Arias. A su vez, se nombró una tercera comisión en 1990 para indagar las donaciones a las campañas políticas de 1986, y en 1997 se acordó que la comisión de narcotráfico debía ser permanente.
Cambio del modelo: En 1997, un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió que Costa Rica, considerada como un puente de las drogas, se había convertido en una bodega para la exportación de drogas hacia Europa y Estados Unidos. Posteriormente, en el 2013, el fiscal Jorge Chavarría comentó que el enfoque de combate al narcotráfico no podía limitarse a considerar el país como zona de tránsito de los carteles de droga, pues se observaba a costarricenses estructurando el negocio y estableciendo rutas.
