Los tres países latinoamericanos que ocupan, junto con Costa Rica, los peores lugares con mayor cantidad de horas trabajadas —Chile, México y Colombia— avanzan hacia la reducción de sus jornadas laborales, con miras a mayor productividad, mientras nuestro país alista normativa para normalizar las jornadas laborales de hasta 12 horas, con el expediente legislativo 21.182.
Los países, que cuentan con condiciones similares e incluso menos recursos (pues al menos dos tienen PIB per cápita menores), están caminando hacia jornadas semanales y diarias menos desgastantes para fomentar la salud y la productividad. En cambio, en la Asamblea Legislativa se discute el proyecto “para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras” que normalizaría las jornadas laborales de hasta 12 horas por día, cuatro días seguidos por semana para un total de 48 horas semanales.
Según el informe Perspectivas del Empleo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país en el que más horas anuales se trabajan (2128 por persona trabajadora), seguido de Costa Rica (con 2073), Colombia (con 1964) y Chile ( 1914).
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En comparación, los tres países que menos horas trabajan son Alemania, con 1349 horas anuales por persona trabajadora, Dinamarca con 1363 y Luxemburgo con 1382.
Reino Unido, por ejemplo, se encuentra en la posición 11 de países que menos horas trabajan (1497), muy por debajo de la media europea (1566 horas) y del promedio de la organización (1716).
Durante los últimos seis meses del 2022, los británicos realizaron el mayor experimento existente hasta la fecha, reduciendo la jornada laboral de cinco a cuatro días, con las mismas ocho horas diarias. Participaron 61 organizaciones y unos 2.900 trabajadores.
Los resultados, analizados por la Universidad de Cambridge y el Boston College, demostraron beneficios no solamente para los trabajadores, sino para las empresas. Excepto un puñado de organizaciones que pausaron el experimento o que aún discuten la forma de aplicarlo, los patronos reportaron mayores ingresos, caídas en la rotación y menores niveles de agotamiento en su personal.
En el mismo sentido, en 2021 Colombia aprobó la ley 2101, cuyo objetivo es reducir la jornada laboral semanal de manera gradual, “sin disminuir el salario ni afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores”.
Este 2023 comenzó la mencionada reducción, por lo que las personas trabajadoras solamente deberán cumplir con una jornada semanal de 47 horas y en los años siguientes se reducirá aún más, para llegar a 42 horas semanales en 2026.
Estefanni Barreto, abogada laboralista y exasesora de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia e integrante de Red de Asistencia Legal para Trabajadores (ILAW), detalló que el recorte de la jornada debe aplicarse sin afectar los salarios de los trabajadores, sus prestaciones, vacaciones, ni ningún tipo de derecho.
Según indicó, esta normativa fue una conquista para los trabajadores y, aunque durante su discusión los empresarios alertaron que esto aumentaría los costos laborales, generar desempleo y quiebra de empresas, aún no se han reportado efectos negativos.
“En economía se ha comprobado que los países que propician una reducción de jornada laboral como Suecia, Irlanda, o en América, Chile, son países que donde aumenta la productividad, los trabajadores están más concentrados, más motivados, se reducen los índices de ausentismo y además, por supuesto, a mejor descanso, mejor salud mental y física, eso reduce los índices de siniestralidad, que en varios sectores son bastante altos”, detalló.
En Chile, el presidente Gabriel Boric anunció en agosto pasado un proyecto de ley para reducir gradualmente la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, para alcanzar la media de los países miembros de la OCDE.
La iniciativa fue aprobada en la Comisión de Trabajo del Senado de Chile en octubre y continúa su trámite. Su entrada en vigencia haría que los trabajadores chilenos solamente tengan que cumplir con un máximo de 40 horas a partir del 2027.
Por otro lado, el abogado laboralista Alejandro Avilés explicó que en el congreso mexicano se discuten una decena o más de proyectos de ley que pretenden recortar la jornada laboral establecida por la constitución, que es de 48 horas semanales repartidas en cinco o seis días.
Según indicó el especialista mexicano, las iniciativas —que plantean reducciones de ocho a siete o de ocho a seis horas laborales diarias— son impulsadas por varios sectores sociales y políticos, pero tienen un largo camino por andar, pues deben aprobarse en una de las dos cámaras legislativas, luego por el Ejecutivo y, luego, pasar a las legislaturas de las entidades federativas o provincias y ser aprobado por más de la mitad de estas legislaturas para tener validez constitucional.
Otras iniciativas que van en la línea de eliminar un día de trabajo también se han discutido en la arena pública, pero aún se han traducido en alguna iniciativa de ley, comentó.
En México, dijo, el debate probablemente continuará a lo largo de este año, pues de acuerdo con criterios de la OIT “reducir la jornada de trabajo permite a la persona trabajadora participar de las responsabilidades familiares y eso implica también que el trabajador tenga una mayor productividad, pero también está la preocupación patronal que es por la productividad y por el temor a que esta se vea mermada en un planteamiento de esa naturaleza”.