Una multitud de colegios profesionales ha manifestado su rechazo categórico ante el informe Estudio en Materia de Competencia y Libre Concurrencia de los Servicios Profesionales en Costa Rica, presentado por la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), que recomienda al Poder Ejecutivo redefinir los fines y funciones de estas entidades, en aspectos como la colegiatura obligatoria o la fijación de tarifas mínimas, entre otros.
“Consideramos que es un ataque a la estructura de derecho que tiene este país, es un ataque más, porque no es ahorita pensar en que los profesionales se van a ver afectados, por un lado, o por el otro; no. Es que la estructura nuestra, para fiscalizar el ejercicio profesional en las diferentes áreas específicas ya está establecida y aquí pretenden, con un informe muy sesgado, recomendar cosas que no tienen ni pies ni cabeza”, manifestó Fernando López, presidente de la Federación de Colegios Universitarios de Costa Rica (Fecoprou) y del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes Costa Rica (Colypro), en entrevista con UNIVERSIDAD.
“Aquí estamos en frente de una opinión bastante sesgada, donde hay gente que cree que los colegios profesionales son clubes de amigos y están totalmente equivocados”, Fernando López
Luego del análisis, la Coprocom le sugiere al Ejecutivo, en atención a una recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “realizar una reforma global de la regulación que rige a los colegios profesionales en Costa Rica, con el fin de redefinir los fines y las funciones de tales entidades, de manera que velen por una actuación profesional de calidad en beneficio de los usuarios, por encima de los intereses gremiales como ha sido, en general, hasta este momento”.
López manifestó que “aquí estamos en frente de una opinión bastante sesgada”, puesto que algunas personas creen que los colegios profesionales son “clubes de amigos”, con lo cual desconocen que estos órganos “están para velar por el ejercicio legal, ético y competente de la profesión, indistintamente de la especialidad que sea”.
“Las leyes de cada colegio facultan al mismo para poder brindarle algunos servicios a sus agremiados, pero parece que el estudio se va solamente por los servicios a los agremiados, desconociendo que el servicio principal que brindamos los colegios es propiamente velar por el ejercicio ético y competente de la profesión”, agregó el dirigente de la Fecoprou.
Por su parte, el Colegio de Abogados criticó fuertemente el informe de la Coprocom, manifestando que presenta “graves inconsistencias”, porque solicita al Consejo de Gobierno tomar con reserva esta opinión.
“La Coprocom, en 17 páginas, pone en evidencia la falta de rigurosidad teórica, académica y profundidad sobre el tema de los colegios profesionales confundiendo honorarios profesionales y salarios, colegiatura y fiscalización”, dijo el presidente del Colegio de Abogados, Álvaro Sánchez.
Tarifas mínimas
Entre las principales recomendaciones del estudio, la Coprocom señala que se debe eliminar la posibilidad de que los colegios profesionales establezcan tarifas mínimas por los servicios profesionales, tal como lo hacen los abogados o los médicos:
“Las tarifas mínimas limitan la autonomía de los profesionales, favorecen la colusión, restringen el acceso de los ciudadanos a los servicios y sostienen tarifas más elevadas que, a su vez, encarecen otros bienes y servicios que utilizan los servicios profesionales como insumo”, dice el texto.
Sobre este tema, López comentó que entre los 32 colegios profesionales hay algunos que tienen esa condición y otros que no, pero que el estudio es “bastante sesgado” y “responde a los intereses de la OCDE”:
“Tenemos claro que los colegios profesionales, a diferencia de la opinión que hace la comisión y lo que crea la OCDE, tienen una función muy importante en el desarrollo del país y sobre todo en los servicios que brindan los profesionales de este país”, indicó.
Esta recomendación también figura dentro del plan de gobierno presentado por el candidato Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático (PSD).
Sobre este tema, distintos colegios también manifestaron su oposición, puesto que las tarifas mínimas se han fijado para garantizar estándares de calidad en los servicios que se prestan:
“El hecho de que mantener un baremo le da al Colegio, que es el encargado de fiscalizar la actividad de sus profesionales, una herramienta más para poder asegurarle a la sociedad un adecuado ejercicio de la profesión de ese profesional”, dijo Arnoldo Segura, asesor legal del Colegio de Abogados.
También, el presidente del Colegio de Médicos manifestó a este Semanario que la fijación de tarifas mínimas “es necesaria para evitar la competencia desleal entre los profesionales, evitando también afectar la calidad del servicio que ellos brindan” y puso como ejemplo que, en el caso de los médicos, las tarifas mínimas garantizan que se cuente con los insumos que se requieren, así como conocimientos actualizados para brindar un mejor servicio.
El presidente de la Fecoprou agregó que los colegios profesionales no deben prestarse para “el juego” de la segunda ronda electoral: “Pareciera ser que hay un candidato que ha tomado eso como uno de sus caballos de batalla, en el sentido de hablar de que se debe eliminar la tarifa mínima y otras cosas; me parece que esa persona desconoce algunas de las situaciones propias de lo que vivimos nosotros en nuestro país y de por qué los colegios profesionales deben existir”.
Colegiatura obligatoria
Otra recomendación de la Coprocom es limitar la colegiatura obligatoria, para que se aplique únicamente a las profesiones que se ejercen de forma liberal, que sean relevantes para el ejercicio de funciones públicas y que sean “muy cualificadas” por su incidencia social.
En este sentido, López destacó que, si se analiza desde el fin principal de cada colegio, que es velar por el ejercicio ético y competente de la profesión, entonces, la colegiatura debería ser obligatoria: “Si usted se enfoca en que lo que creen algunos, que es que son gremios y que lo que buscan son intereses gremiales, ahí está el sesgo, están equivocados”.
Por su parte, Guardia aseveró que la colegiatura obligatoria, salvo en los casos ya establecidos por la Sala Constitucional, “es de suma importancia para todos los colegios profesionales, no solo para los que tiene una incidencia muy sensible en el desarrollo social económico y de salud para el país”.
Lo anterior, debido a que dicha obligatoriedad “garantiza la regulación, vigilancia y control que realizan los colegios profesionales, ante los posibles incumplimientos deontológicos que se puedan suceder, permitiendo a la población el acceso a la justicia administrativa y de esa forma velar por el correcto y decoroso ejercicio profesional”.
“De manera directa estamos en contra de lo que menciona Coprocom porque básicamente es materia vista y resuelta, con carácter vinculante, en la reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional en diferentes fallos. En nuestro caso particular, el artículo 40 de la Ley General Salud indica expresamente que los médicos veterinarios somos parte del sector salud y para nuestro ejercicio profesional es necesaria la colegiatura obligatoria”, añadió Javier Zamora, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios.
Coprocom también recomienda otorgar potestades a la Administración para “revisar la actuación de los colegios profesionales con colegiatura obligatoria”, lo cual el presidente de la Fecoprou califica como “muy riesgoso”, puesto que sería el ente que mayormente contrata, diciéndole al ente fiscalizador del ejercicio de la profesión, cómo tiene que hacer las cosas.
