La nueva junta directiva del Colegio de Periodistas (Colper) exigió al Gobierno explicar el caso de la persona que asegura haber recibido pagos de la Ministra de Salud para atacar a periodistas en redes sociales y al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) investigar si recursos de los partidos políticos financiaron este tipo de servicio de desinformación.
Pasados varios días desde su pronunciamiento, el Colper espera respuesta sobre sus planteamientos en torno al trabajo que reconoció haber hecho un hombre llamado Alberto Vargas Zúñiga mediante un personaje que creó para esos efectos en redes sociales bajo el nombre ‘Pietro Callandrelli’.
Él aseguró haber recibido pagos de la ministra de Salud Joselyn Chacón, una de las piezas de confianza del presidente Rodrigo Chaves, a quien ella sirvió como jefa de campaña en el proceso electoral. El servicio consistía en atacar a periodistas que publicaran informaciones consideradas desfavorables por la jerarca, según su versión.
Chacón reconoció en sus redes sociales haberle pagado dinero propio a Vargas, pero alegó que era para una supuesta campaña de salud que nunca llegó a meterializarse, sin referirse a las publicaciones que en efecto hizo el personaje en redes sociales contra los periodistas cuestionados por ella.
“Cuando se duda, se pierde la fe y la credibilidad. La responsabilidad de las autoridades de Gobierno es superior y debe prevalecer el buen juicio desde Casa Presidencial en el análisis de este tema”, publicó la Junta Directiva del Colper, sin que hasta ahora el Ejecutivo haya dado más explicaciones que las de Chacón en su perfil personal de Facebook.
Sobre el TSE, el Colper afirmó que “debe tomar acciones inmediatas” en la investigación del financiamiento para esos servicios de desinformación en caso de que se haya incluido como gastos electorales.
Guiselle Valverde, la jefa a. i. del departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, dijo que la entidad analiza documentos relacionados al posible uso de troles en el proceso electoral, para decidir si abre una investigación formal contra algún partido.
