El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica anunció hoy que objetará en la vía judicial el decreto ejecutivo firmado por el presidente Rodrigo Chaves, con el que se pretende eliminar el arancel mínimo obligatorio de los servicios legales y notariales.
“Tenemos razones de legalidad y constitucionalidad contra la firma de un decreto insostenible jurídicamente. No cederemos nunca en la defensa al marco de legalidad del Estado costarricense. Lucharemos por el gremio inclaudicablemente”, declaró Álvaro Sánchez, presidente de la junta directiva del Colegio de Abogados.
Durante el acto oficial de celebración de la Independencia, el miércoles 14 de setiembre en Cartago, el presidente firmó el decreto ya anunciado que elimina las tarifas mínimas de servicios fijadas por diversos colegios profesionales. La acción fue anunciada por Chaves, desde la campaña presidencial.
El decreto fue sacado a consulta el 10 de agosto y elimina las tarifas mínimas para abogados, contadores públicos, notarios, ingenieros, arquitectos, ingenieros químicos, terapeutas físicos, geólogos, microbiólogos, químicos clínicos, biólogos, físicos y nutricionistas.
Según el mandatario, el objetivo es que la población pueda contratar esos servicios con menor precio y ayudar así a enfrentar el aumento en el costo de la vida.
Como reportó UNIVERSIDAD desde febrero, distintos colegios profesionales han afirmado que esto podría afectar la calidad de los servicios, promover un ejercicio irresponsable de la profesión y empobrecer a los profesionales.
Propuesta de Chaves de eliminar tarifas mínimas de profesionales afectaría la calidad de los servicios, advierten Colegios
La Sala Constitucional ha reiterado que es un error “considerar que la prestación de servicios profesionales es susceptible de recibir un tratamiento igual al de los restantes bienes y servicios que ofrece el mercado”
De acuerdo con el Colegio de Abogados, el decreto atenta contra el ordenamiento jurídico y su jerarquía y “representa una acción arbitraria del Estado”.
Asimismo, el gremio indicó que no descarta elevar este caso ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
