Representantes del Colegio de Abogados aseguran que el decreto que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) no cumple con las exigencias jurídicas del país: es “inconstitucional”.
“El fundamento jurídico es totalmente erróneo y requerían una ley para poder operar de la forma en la que estaban operando”, afirmó el investigador y abogado Adalid Medrano, quien presentó su criterio técnico a los diputados de la Comisión que investiga el caso UPAD.
En esta sesión, el independiente Jonathan Prendas preguntó sobre si el decreto presidencial es, por sí mismo, ilegal.
El Colegio de Abogados respondió que “si se realizó un tratamiento de datos personales sin las condiciones que se generaba, era ilegal”.
Medrano explicó que difiere del criterio de Defensoría de los Habitantes, quienes afirman que UPAD trabajó sin “protocolos de actuación”. Antes de contar con estos protocolos, los abogados aseguran que UPAD necesitaba una ley para operar.
“Si no hay una transferencia de datos que esté facultada por una ley o el consentimiento de los titulares, ni siquiera podemos llegar a los protocolos de actuación”, dijo Medrano.
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En este caso, el abogado afirmó que los trabajadores de UPAD tendrían que haber firmados convenios de “datos estadísticos” para respetar la información sensible de las y los ciudadanos.
Medrano dijo que la UPAD “pudo haber estado muy bien hecho y, más bien, habría sido de aplaudir”.
“Fácilmente, podría haber una UPAD en toda la administración pública si se restringiera al tratamiento de datos estadísticos, que esto no afecta a nadie”, opinó el abogado.
“Pero UPAD no es un tema de datos estadísticos, es un tema de datos personales inclusive sensibles”, añadió.
El tema de la “concentración de datos personales” que realizaba UPAD, Medrano la calificó de “riesgosa”.
El diputado Pedro Muñoz consultó sobre el uso de datos fuera de la UPAD, con el bono Proteger, después de que Gobierno anunciara que ofrecerá cursos técnicos a las personas que aspiraron al beneficio económico.
No obstante, el abogado Arnoldo Segura afirmó que “en términos generales, cuando se recopila una información con determinado fin, utilizarla con un fin distinto sí es contrario a los principios que regulan esta materia”.
Tras esta audiencia técnica, los diputados de la Comisión UPAD tomaron la decisión de convocar al ministro de Seguridad, Michael Soto y al asesor del Ministerio de la Presidencia, Santiago Álvarez.
