Organizaciones de mujeres y diputadas solicitaron al Poder Ejecutivo que se ejecuten las políticas existentes y se amplíe la inversión social para combatir la violencia machista y detener la “emergencia” de femicidios que vive el país, según refirieron.
En una conferencia de prensa organizada por el Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas, legisladoras y representantes de diversos colectivos destacaron el debilitamiento que se ha dado en los últimos años de las instituciones encargadas de brindar programas y servicios para combatir la violencia hacia las mujeres.
Representantes de las organizaciones Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica, Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres-CR, Mujeres por Costa Rica y la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (Alamud) sostuvieron una reunión y entregaron hoy la propuesta al Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas.
“El Estado en su conjunto y el Poder Ejecutivo (incluyendo el Inamu), tienen responsabilidad directa en el recrudecimiento de la violencia contra las mujeres y deben actuar ya”, declararon las organizaciones de mujeres en un comunicado de prensa.
Las propuestas de las organizaciones se enfocan en que desde la Asamblea Legislativa se realice un control político sobre la gestión y uso efectivo de recursos públicos institucionales para ejecutar políticas que ya existen para atender y prevenir la violencia contra las mujeres, mediante presupuestos etiquetados para este fin; y que se fortalezca el marco legal en materia de combatir esta violencia, con expedientes legislativos que ya están en la corriente.
“Tenemos que hacer ruido para que el Inamu se despierte”
De acuerdo con las organizaciones, la ya existente Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres (VcM) de todas las edades 2017-2032 ha sufrido un debilitamiento y falta de atención en esta administración.
Asimismo, denunciaron un abandono en los programas preventivos en el Ministerio de Educación Pública (MEP), en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y a través de los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para detectar casos de mujeres en situación de violencia.
Ana Hidalgo, activista de la Red Feminista Contra la Violencia Hacia las Mujeres, destacó, por ejemplo, que la inversión pública destinada a atender violencia contra las mujeres es menor al 1% del Producto Interno Bruto (PIB).
La legisladora Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN), insistió: “Tenemos que hacer ruido, tenemos que hacer ruido para que el Inamu se despierte, para que el Inamu se dé cuenta que tiene una función, hagamos bulla, taconeemos, para que el Inamu se dé cuenta para qué existe y que deje de disimular situaciones que vienen desde el mismo Poder Ejecutivo”.
Mientras que Ana Elena Chacón, del Colectivo Mujeres por Costa Rica y Alamud, repudió que en los últimos femicidios que se han dado en el país las mujeres son desechadas como objetos, quemadas, tiradas a los barrancos y descuartizadas. “Esa es la realidad que está viviendo Costa Rica y la emergencia que se está viviendo hoy en día”, declaró.
“Tenemos un Inamu desarticulado, un Inamu deshumanizado, un Inamu que pretende volarse el Área de Violencia; eso es lo que estamos viviendo”, mencionó Chacón, quien fue vicepresidenta en la administración Solís Rivera.
Chacón añadió que “la política absolutamente fiscalista del Ministerio de Hacienda en esta administración, lo único que permite es mostrar números sanos ante una sociedad absolutamente enferma” y mientras sea así, va a continuar el retroceso y las mujeres van a seguir pagando con su propia vida.
Asimismo, la diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), Kattia Cambronero, denunció que “las autoridades del Ejecutivo están cerrando la vista y haciendo de oídos sordos; pero lo que es mas grave aún: ellos están incentivando esta violencia machista y estas actitudes”.
Cambronero aprovechó para mencionar la urgencia de dotar de más recursos al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), “que hasta el momento ha sido la institución que más apoyo ha dado en los procesos de investigación de los casos de las últimas semanas y en demostrar qué es lo que está pasando”.
Por su parte, la liberacionista Monserrat Ruiz resaltó que “hoy las mujeres son asesinadas víctimas de sus parejas y del crimen organizado” y que «nos estamos acostumbrando a ver mujeres asesinadas todas las semanas y eso no es normal”. Ruiz adelantó que diputadas y diputados presentarán una moción ante el plenario para que se analice una batería de 11 proyectos de ley que son una agenda de seguridad para las mujeres.
Y desde el Frente Amplio, la diputada Rocío Alfaro, enfatizó que es importante identificar que el desmantelamiento de las instituciones y el empobrecimiento de las políticas de prevención desde el Inamu, MEP, la Caja, Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad repercute en la situación que estamos viviendo.
Cabe recordar que un grupo de 25 diputadas solicitó al presidente de la República, Rodrigo Chaves, declarar emergencia nacional mediante decreto, en razón del alza en la cantidad de homicidios violentos contra mujeres y la abrumante tasa de femicidios durante este 2024.
Según informó la diputada Luz Mary Alpízar, de Progreso Social Democrático (PPSD), todavía no han recibido respuesta del presidente; pero aclaró que aún no se cumple el plazo de ley para que les brinden respuesta.
