La financiera COFIN S.A. es el intermediario de los seis fideicomisos aprobados por el TSE para financiar a los partidos políticos, que en conjunto suman una deuda de más de ¢8.800 millones que serían pagados con deuda política.
Este monto representa cerca de la mitad de la totalidad del financiamiento público disponible para los partidos políticos: para los comicios de febrero se destinaron ¢19.970 millones en deuda política, de los cuales ¢2.950 millones son repartidos de forma equitativa como financiamiento adelantado.
Los préstamos por medio de fideicomisos cobran importantes costos de intermediación, honorarios legales e intereses que ‘pellizcan’ el total de dinero disponible. Sin embargo, ante la caída de otras formas de financiamiento y la negativa que reciben los partidos por parte de los bancos públicos, acceden a las condiciones con poca posibilidad de negociación.
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En su lugar, Organización de Estados Americanos (OEA) pidió implementar modalidades de financiamiento público directo e indirecto, como la implementación de las franjas electorales en los medios de comunicación.
Por ejemplo, el Partido Liberación Nacional (PLN), uno de los que percibe mayor porcentaje de la deuda política, perdió cerca del 20% del total del financiamiento público liquidado en las elecciones pasadas, más de ¢1.000 millones, en intereses, comisiones y abogados.
“El modelo de fideicomiso y lo de los bancos nos da un respaldo de formalización y el orden correspondiente, pero en cuanto a liquidez sí nos afecta porque hay que pagar un costo muy alto a los bancos” comentó Paulina Ramírez, tesorera del PLN, consultada por este semanario en diciembre del año pasado.
Para estas elecciones, el PLN tramitó un crédito por ₡2.650.000.000 con el Banco BCT mediante un fideicomiso administrado por Consultores Financieros Cofin a una tasa de interés de 11.35% anual que vence el 01 de junio de 2023. El partido paga un año de intereses por adelantado, más comisiones y abogados.
Con excepción del monto del crédito, las mismas condiciones fueron aplicadas en los fideicomisos del Frente Amplio (FA) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Este semanario consultó a los partidos Nueva República (NR) y Partido Restauración Nacional (PRN) sobre las condiciones de sus contratos con el Banco Promérica, pero no respondieron para el cierre de esta edición.
Rolando Araya, candidato por el partido Costa Rica Justa, considera que las tasas de interés que pagan los partidos son muy altas, aunque desconocía el porcentaje exacto acordado para su contrato.
“Tuvimos una muy mala experiencia. Después del caso Diamante nos dieron por muertos y nos cortaron los fondos. Después de eso me ha costado mucho encontrar financiamiento” agregó.
Los bancos liberan el dinero en varios desembolsos acordados previamente y que dependen de la posición que tuviera el partido en una encuesta confidencial alrededor de 15 días antes del desembolso. La cantidad que libera el banco puede ser menor si el partido pierde apoyo en las encuestas o el banco podría autorizar otro préstamo si sucede lo contrario.
Esta encuesta es privada y se les cobra a los partidos políticos, que además firman un contrato de confidencialidad. El FA reportó pagar cerca de ¢14 millones y el PUSC más de ¢26 millones. Estos partidos ya recibieron los tres desembolsos, y el PUSC está en proceso de formalizar un préstamo más respaldado por su crecimiento en las encuestas, según su presidente, Randall Quirós.
Fondos opacos
La última reforma al Código Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le impide a los partidos recibir donaciones de personas jurídicas o personas físicas extranjeras como un ejercicio de transparencia con los votantes, pero los fideicomisos utilizados en los préstamos ocultan el origen de los fondos al público general.
El Tribunal Supremo de Elecciones puede recurrir al levantamiento del secreto bancario, pero en casos excepcionales y con la autorización de un juez y el Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD), requiere de un reporte de operación sospechosa, que se podría hacer de oficio si llega a trascender una denuncia en los medios de comunicación.
“Eliminar la persona jurídica de cierta manera le suma transparencia porque el principio es saber que figura física está detrás. El fideicomiso hace muy complicado el proceso de investigación, pero no es imposible”, declaró un vocero autorizado por el ICD que por razones de seguridad no revela su nombre.
Según la fuente, en el caso de las donaciones la eliminación puso “rostro” a la fuente y facilitó identificar las actividades económicas de donde provienen los fondos. En el caso del fideicomiso “han tenido históricamente un problema” porque son usadas de forma “abusiva, casi que sustituye a los préstamos”, aunque asegura que el registro unificado que se implementará con la Ley de beneficiarios finales “ordenará la casa”.
Agregó que, aunque los movimientos en efectivo son los más preocupantes, en general los políticos y los partidos políticos son figuras altamente expuestas a los capitales ilícitos y el riesgo aumenta “exponencialmente” durante las elecciones por la cantidad de dinero y transacciones que se mueven durante este periodo, según estándares internacionales para la investigación del narcotráfico y el financiamiento del terrorismo.
La fiscalización de COFIN está en las manos de la Superintendencia General de Seguros (Sugef) , sin embargo, esta entidad no fiscaliza operaciones específicas y tampoco está obligada a reportar irregularidades al Tribunal Supremo de Elecciones, según un oficio de la Sugef citado por Diario Extra y declaraciones reportadas por ese mismo medio.
“Nosotros tenemos un oficial de cumplimiento, hay reportes que se le dan a Sugef sobre si hay operaciones inusuales o sospechosas, y datos estadísticos que nos piden. Con nosotros este tipo de actividad no es muy relevante, porque la actividad de nosotros es muy pasiva” explicó Danilo Zamora administrador de Gómez y Galindo y gerente de la fiduciaria COFIN.
Mientras tanto, los partidos dependen cada vez más de los préstamos por medio de fideicomisos, ante la caída de donaciones en todas las tendencias políticas, reportó el último análisis del informe del Estado de la Nación y confirmaron los partidos consultados.
“El código electoral limita mucho las donaciones, antes los partidos se nutrían de personas jurídicas y extranjeras, pero ahora no se puede, y eso impide que las empresas donen. Además, a las personas que donan se les juzga porque se dice que están comprando injerencia política. Eso ha bajado las donaciones. Son pocas las personas que quieren donar y que se vea su nombre” comentó el presidente del PUSC, Randall Quirós.
La dependencia está determinada también por el limitado acceso al financiamiento durante la campaña política. El Tribunal reparte de forma equitativa el financiamiento anticipado, ¢2.950 millones, y para contrarrestar la dependencia de los partidos a endeudarse a la Asamblea Legislativa propuso una reforma al Código Electoral, entre otras cosas, que aumentaría el financiamiento anticipado y establecería franjas horarias en los medios de comunicación, pero el proyecto no ha avanzado en el plenario.
La tesorera del FA, Dita Montiel, dijo que el partido apoya la propuesta de reforma, y aseguró que “son los partidos tradicionales como el PLN y el PUSC los que han bloqueado estas reformas necesarias”. El Presidente del PUSC aseguró que su partido intentó impulsar una reforma que obligaba a la banca pública a financiar a los partidos por medio de fideicomisos “para que el dinero se quede en el Estado, pero el lobby de los bancos estatales lo impidió”.
Paulina Ramírez, tesorera del PLN y exdiputada por el mismo partido, dijo que debería haber mayor financiamiento anticipado porque la deuda “lo que hace es favorecer a los bancos” o que el TSE sea quien financie a los partidos “con una tasa más cómoda”. Consultada sobre por qué el proyecto propuesto no avanzó durante su tiempo en el plenario dijo que “no hubo posibilidad de verlo y que en esta ocasión no se ha impulsado ninguna reforma importante”.
