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CNE ocultó información por más de ¢3.000 millones en contratos de víveres a regidor de San José

Regidor persigue denuncia múltiple contra contrato de Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) por vinculaciones prohibitivas con el Poder Ejecutivo. En enero, recibió información incompleta de CNE sobre contrataciones públicas

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) entregó a un regidor josefino un paquete de información incompleta sobre el volumen de las contrataciones de víveres que realizó para la atender la emergencia por COVID-19.

De acuerdo con el oficio CNE-PRE-UAL-OF-0014-2021, el presidente de la CNE, Alexander Solís Delgado, consignó contratos con cinco entes privados, —la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED); Mercadeo de Consumo; Asociación de Estudios Ideológicos; Memoris Forever y Almacén Salvador Ramírez—  por un monto de ¢1.116,7 millones, según sumas de este semanario.

Una investigación de UNIVERSIDAD encontró un total de 11 privados que fueron contratados para la compra y distribución de víveres a población vulnerable. En el oficio, la CNE omitió expedientes de contratación y, también, distintos contratos amparados bajo los mismos contratos.

Pese a esta discrepancia, el oficio de la CNE permitió al regidor Diego Miranda Méndez constatar que se usó la vía de contratación por Primer Impacto para comprar bienes y servicios a la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) por un monto de ¢662 millones (el expediente es el 2020PI-000013-0006500001). Ahora, el regidor persigue abrir investigaciones en el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Procuraduría de la Ética Pública.

Una copia de la denuncia de Miranda Méndez explica que durante esta contratación, la administración pública mantenía a dos funcionarios en la directiva de AED: Silvia Lara Povedano (actual ministra de Trabajo y otrora ministra interina de la Presidencia); y el ministro Elián Villegas (actual ministro de Hacienda y antes presidente del Instituto Nacional de Seguros). De acuerdo con la denuncia, el artículo 22bis de la Ley de Contratación Administrativa “claramente indica que tendrán prohibido participar como oferentes, en forma directa o indirecta, las carteras ministeriales y viceministeriales”.

Asimismo, la denuncia señala que, en incumplimiento con ese mismo artículo, Phillipe Garnier ocupa el puesto de secretario en AED y es “hijo del Ministro de Coordinación con el Sector Privado, André Garnier Kruse. Asimismo señala un posible incumplimiento por Aurelia María Garrido Quesada, quien está “en el puesto de la Vocalía 12 de la AED, quien a su vez es familiar de la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica”, Pilar Garrido.

“Hemos criticado las redes de clientelismo a pequeña escala, a través de regidores y síndicos. ¿Cómo no vamos a criticar que las redes de distribución nacional, a gran escala, están influenciadas o controladas directa e indirectamente por personajes políticos relacionados con ministerios e influencia en la política pública?”, dijo Méndez en una de varias entrevistas con UNIVERSIDAD.

La denuncia del regidor dice que Lara y Villegas renunciaron “a sus cargos en la AED el 30 de setiembre de 2020, cambio que quedó inscrito ante el registro hasta el día 8 de diciembre de 2020, tal y como consta en las citas del Tomo 2020 Asiento 559764 del Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional. En otras palabras, se incumplieron los plazos estipulados y es posible que omitieran la acreditación respectiva ante la Contraloría General de la República”.

La denuncia también afirma que una declaración jurada que firmó Olga Sauma dice que a ella no le “alcanzan las prohibiciones de la Ley de Contratación Administrativa” y “al darse este hecho podríamos estar ante la posibilidad de que la señora Sauma Uribe, como representante de la AED, cometiera el acto de perjurio según lo establecido en el Código Penal en el artículo 318”.

“Cabe plantear si ante estos hechos la señora Sauma Uribe podría estar induciendo a error por medio del ocultamiento de hechos verdaderos utilizándolos para un beneficio patrimonial que podría lesionar el erario público”, dice también la denuncia del regidor.

En entrevista con este semanario, Méndez manifestó malestar por el uso político del Fondo Nacional de Emergencias (FNE) con el cual se erogaron recursos para pagarle a AED y el resto de privados por sus bienes y servicios.

“Hay que hacer una triangulación entre los espacios de toma de decisión; en este caso son los ministerios, los mecanismos de distribución de la riqueza o administración de la pobreza y desigualdad, y el plano electoral que es donde se decide quién va a tomar el lugar de toma de esas decisiones. Eso es un círculo vicioso que nunca va a terminar si se mantienen ese tipo de prácticas”, afirmó Méndez en entrevista.

Entre otras consultas, este semanario pidió a la CNE el monto consolidado en millones de colones dinero del FNE que se erogó para contrataciones de diarios de alimentación; y se preguntó si los Comités Municipales de Emergencia fueron quienes determinaron los beneficiarios de los diarios. Estas preguntas continúan pendientes.


CGR auditó al CNE y advirtió fallas

La Contraloría General de la República advirtió que CNE tenía “cuatro tipos distintos de contratación por excepción”.

“En la fase de ejecución de las contrataciones se evidencian debilidades de control debido a la falta de documentación que respalde las actuaciones de la CNE”, dice el informe DFOE-AE-IF-00011-2020 del 17 de diciembre del 2020.

“Esta situación representa implicaciones negativas para la toma de decisiones, pues se carece de información elemental y suficiente para advertir sobre el ritmo de las erogaciones, la suficiencia o necesidad de recursos, así como la sostenibilidad del Fondo Nacional de Emergencias”, asegura el mismo documento de CGR.


 

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