Con casi un siglo de operaciones en diversos sectores, la Corporación de Multi Inversiones (CMI) encontró vientos favorables para sus inversiones en energía renovable, específicamente en las seis plantas eólicas que operan en Costa Rica.
La empresa originada en 1920 con una tienda en San Cristóbal, en Totonicapán, Guatemala, fue la que lanzó en 1970 el Pollo Campero y desde el 2004 empezó a incursionar en el negocio energético. En la actualidad, asegura tener una capacidad instalada de 800 megawatts (MW), que le permiten ubicarse entre los tres primeros productores de energía renovable en Centroamérica y Panamá.
En Costa Rica, sus seis plantas de energía eólica tienen una capacidad de 154 MW, lo que representa un 20% de la capacidad instalada total de esta corporación, pero cerca de la mitad de la que anuncian para los negocios de energía renovable.
Sin embargo, una de sus plantas, la de Tilarán (conocida como PESA o PESRL), se encuentra dentro del grupo de generadores privados a los que se le venció el contrato de compra de energía con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). El contrato de esta planta expiró el 28 de noviembre del 2020 y fue la tercera en ser cerrada del grupo de 9 a las que no se les renovó el contrato desde ese año.
Aires de cambio y polémica
Hay una polémica adicional, denunciada por el sindicato de la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones (Anttec), por cuanto Marco Acuña, actual presidente ejecutivo del ICE, laboró del 2008 al 2017 para la empresa Globaleq Mesoamérica Energy (GME), que fue adquirida por CMI en el 2016 y que fue la encargada de la construcción de cuatro de las seis plantas eólicas que son propiedad en la actualidad de CMI en Costa Rica: Vientos de la Perla, Vientos de Miramar, Campos Azules y Altamira, las cuales representan conjuntamente 80 MW (ver recuadro).
Posteriormente, del 2017 al 2019, Acuña habría laborado con CMI, justo antes de entrar al ICE como gerente de electricidad, en el 2019, y desde el 2022 como presidente ejecutivo. El peso de estas plantas en el país ya tiene importancia relativa: las seis plantas representan un 15% de las plantas de operación privada en el país.
UNIVERSIDAD procuró incluir una versión de los representantes de CMI en Costa Rica sobre su presencia en el país. Se contactó a la Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE), que brindó una referencia, pero no fue posible lograr comunicación con ellos. Sin embargo, existe referencia sobre CMI a partir de sus relaciones comerciales, que les llevaron a adquirir la planta de Tilarán (conocida como PESA o PESRL), que había sido la primera planta eólica de América Latina, desde su inicio de funciones en 1996. Precisamente esta es la planta eólica a la que se le venció el contrato.
Buscando el favor del viento
En el 2021, representantes de la empresa admitieron que estaban realizando esfuerzos en Costa Rica para que volviera a operar la planta de PESA, porque había sido cerrada ante el vencimiento de su contrato.
Esfuerzos en esa generación no han sido aislados, ya que ACOPE ha insistido ante instancias legislativas que no realizar reformas en los contratos para la compra de energía privada es una decisión que puede resultar onerosa para el país y que incluso se está discutiendo a nivel de Asamblea Legislativa (ver recuadro). Sin embargo, todavía no se termina de resolver este debate que podría generar un cambio en la dirección del viento, en la generación de electricidad en Costa Rica.
La huella de CMI
Las inversiones de CMI en Costa Rica comenzaron en 1997, con el ingreso de los restaurantes de Pollo Campero y otras empresas en el sector de alimentos, pero en el sector de energía su presencia se remonta al 2016. En la actualidad, hay seis plantas eólicas vinculadas con esta empresa multifamiliar guatemalteca.
| Planta | Empresa | MW |
| PE de Tilarán (PESA o PESRL) | Plantas Eólicas Limitada | 24 |
| Orosí | Inversiones Eólicas de Orosí dos | 50 |
| Vientos de Miramar | CR Energy Holding | 20 |
| Vientos de la Perla | Vientos del Volcán | 20 |
| Campos Azules | Inversiones Eólicas Campos Azules | 20 |
| Altamira | Inversiones Eólicas Guanacaste | 20 |
Generadores privados a la ofensiva
La polémica por la compra y venta de energía privada en Costa Rica viene desde la ley 7200 en 1990, que autorizó la generación de electricidad privada, rompiendo el monopolio que estaba en poder del ICE y que estableció que el Instituto debía comprar a los generadores privados. Posteriormente, la ley 7508 aumentó la cantidad autorizada de 15% a 30%.
Sin embargo, en la actual coyuntura se presentan fuertes vientos de cambio: hacia finales de 2020, el ICE anunció que no renovaría los contratos a los generadores privados, lo que ocasionó el cierre de 9 plantas, según los datos del mismo ICE: Don Pedro, Volcán, Poás I, Poás II, Plantas Eólicas (PESA), Río Segundo II, Platanar, Él Ángel y Santa Rufina.
Esto ha originado una ofensiva de los generadores privados. Mario Alvarado, Director Ejecutivo de ACOPE, insistió en que según estudios de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), los costos promedios de los generadores privados son menores a los registrados por el grupo ICE, las empresas municipales y las cooperativas.
Según esos datos, al considerar el costo promedio por planta del sistema de generación, el registro para los generadores privados sería de ₡49,03, por debajo de los ₡123,68 del costo efectivo de generación para el Grupo ICE y los ₡54,87 del costo menor del mercado requerido para la fijación tarifaria y también inferior al ₡79,98 de las cooperativas y el ₡84,74 de las empresas municipales, incluso el ₡76,10 que ha sido el costo de importaciones de energía.
El tema ha generado también intensa corriente en la Asamblea Legislativa donde, en una comisión de reforma para el sector energético, se están barajando reformas a todo este sector. Algunos de los proyectos van en la dirección de autorizar a los generadores privados la venta a otros actores, independientemente del ICE, o participar en el mercado.
Empero, el frente más importante de la actualidad parece estar en el decreto del ICE para recontratar a las empresas cuyos contratos vencieron. Una consulta a la ARESEP evidenció que las condiciones para generar nuevos contratos depende solo del ICE, aunque se requiere de nuevos contratos, que la Autoridad refrenda, pero en los que no interviene en la definición de sus condiciones.
