Los clientes de la marca kölbi, del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), tendrían que pagar más en su factura debido a la exclusión de empresas chinas, como Huawei, de la implementación de tecnologías móviles de quinta generación (5G), a partir de un decreto del Gobierno.
El decreto Nº 44196-MSP-MICITT, de agosto de 2023, establece como de “alto riesgo” que los proveedores de 5G con sede en países que no han firmado el Convenio de Budapest, como China y Rusia, participen en la implementación de esta tecnología, por lo que las excluye de los procesos de compra pública, a los que está sujeto kölbi-ICE.
Sin embargo, la empresa Huawei, proveniente de China, fue la que presentó la oferta de menor costo para la implementación de la tecnología 5G, en un proceso de licitación publicado en noviembre de 2023 y paralizado por una medida cautelar provisionalísima impuesta por el Tribunal Contencioso Administrativo, que suspende el citado decreto.
“Indudablemente ese costo se traslada a los consumidores”, Teodoro Willink, exviceministro de Micitt, sobre el precio de la inversión en 5G.
Según pudo corroborar UNIVERSIDAD, la oferta de Huawei fue por $9.795.893,19, menos que la mitad del siguiente proponente con menor costo, la sueca Ericsson, que puso sobre la mesa un monto de $22.294.037,95. En relación al precio, a estas empresas le sigue el consorcio GBM, que ofertó por $28.681.567,37, casi el triple que la compañía china; y, finalmente, la empresa Datasys, representante de la finlandesa Nokia en Costa Rica, llevó una propuesta de $92.873.903,16, cerca de diez veces más que Huawei.
En este sentido, Teodoro Willink, ingeniero en Telecomunicaciones y exviceministro del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) explicó que “indudablemente ese costo se traslada a los consumidores”.
“Definitivamente. Si hay una oferta de $30 millones contra $9 millones, es por lo menos tres veces más y la otra de $90 millones es por lo menos diez veces más, entonces, eso de alguna manera tiene que reintegrarse, en algún periodo establecido, en este caso para el ICE, contra la factura que le hacen a las personas”, señaló el experto.
Willink añadió que no necesariamente el precio de la inversión caería sobre todos los usuarios, sino solo sobre los que soliciten 5G, aunque esto es solo una de las posibilidades.
«5G tiene una orientación fuerte hacia aplicaciones industriales de automatización de vehículos, de herramientas dentro de una fábrica. Entonces, también, dependiendo de la estrategia comercial, podría ser que se decida no afectar al consumidor final y se decida tener tarifas relativamente altas para las aplicaciones industriales. Es más costoso de implementar, pero quien asume ese costo va a ser un consumidor o puede ser diferentes grupos de consumidores», agregó el exviceministro de Micitt.
Asimismo, un estudio de la Universidad Nacional (UNA), de octubre de 2023, revela que esta política gubernamental, que excluye a ciertos proveedores, aumenta en 44% los costos de inversión, mientras que las tarifas de servicios de telecomunicaciones se incrementarían en 40%. Esta investigación analizó el impacto económico que significaría la disposición tanto para kölbi como para Liberty y Claro.
Sin embargo, el director de Comunicaciones de Liberty, José Pablo Rivera, descartó que la empresa actualmente haya sufrido consecuencias por el decreto, en audiencia ante los diputados de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior.
“Los elementos de red que eventualmente no puedan ser utilizados en un futuro, hoy por hoy, podemos seguirlos utilizando”, dijo Rivera, quien reconoció que parte de su infraestructura actual es de Huawei, entre otras marcas como Ericsson o Cisco.
Según José Antonio Gutiérrez, director legal de Liberty, el decreto establece un periodo de transición de cinco años, lo cual fue confirmado por la ministra del Micitt, Paula Bogantes, en declaraciones a La República. No obstante, cuando el ICE consultó si para la operadora estatal aplicaría la misma posibilidad, el Micitt respondió que no era “procedente” atender la consulta, debido a la suspensión del decreto.
La anterior es una de las “desventajas competitivas” que tiene la operadora estatal respecto de las privadas, según señaló la Auditoría Interna del ICE, en el informe ADV 04-2024 que advierte sobre el riesgo de la continuidad del negocio.
En audiencia ante la Asamblea Legislativa, la auditora general del ICE, Sofía Machuca, alertó que para 2026 el ICE podría quedar fuera del mercado de telecomunicaciones en caso de no implementar 5G, proceso que se encuentra paralizado mientras Liberty y Claro han dado importantes avances. De hecho, Rivera señaló a este medio que los clientes de Liberty ya tienen acceso a la “primera red móvil 5G en el país”.
En caso de no implementar 5G, el ICE perdería $289 millones por el retiro de clientes, según datos revelados por Machuca. En colones, esta cifra equivale a ₡147.101 millones al tipo de cambio actual ($1=₡509).
UNIVERSIDAD envió consultas a Casa Presidencial y al Micitt en relación con este tema, pero al cierre de la nota no habían contestado.
Decreto 5G de Chaves que excluye a Huawei hunde a kölbi-ICE mientras Claro y Liberty avanzan sin restricciones
La auditora general del ICE advirtió que kölbi quedaría fuera del mercado de telecomunicaciones para el próximo año en caso de que no se implemente la tecnología 5G.
