Proyecto para dotar de conectividad en zona Norte

Claro pidió permisos “imposibles” para Internet en escuelas

La telefónica solicitó a Setena viabilidad ambiental sobre terrenos que no cumplen requisito indispensable, por carecer de títulos de propiedad.

Para instalar infraestructura y cumplir un contrato que llevaría Internet de banda ancha a los centros educativos de la zona Norte, la empresa Claro (relacionada a la mexicana América Móvil, de Carlos Slim) intentó obtener permisos de viabilidad ambiental sobre terrenos que no tienen el requisito básico de título de propiedad que exige la Setena.

Claro se comprometió, en 2014, a llevar Internet de banda ancha para los estudiantes de Sarapiquí, Upala y San Carlos, como parte de un proyecto del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) que busca disminuir la brecha digital en zonas de bajo desarrollo humano.

La empresa gestionó los permisos de viabilidad ambiental ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) para 24 terrenos, en los que instalarían torres para dar cobertura a 200 centros educativos ubicados en comunidades alejadas y de difícil acceso.

En la escuela El Gaspar los estudiantes carecen de equipos de cómputo y solo una de las estudiantes de primaria dijo conocer qué es Internet.

La solicitud resultó absurda por carecer de los requisitos indispensables dispuestos por la Setena.

“Cuando usted somete un proyecto a evaluación ambiental, usted revisa todo el marco normativo y las reglas que están definidas y determina cuáles son las condiciones bajo las cuales va a operar la evaluación. Una condición indispensable en la normativa de hoy para cualquier tipo de proyectos, incluyendo torres de comunicaciones, es que usted me tiene que traer el título de propiedad, o sea, es una regla, esa regla no se la inventó Setena, esa regla está en la normativa”, explicó Marco Arroyo Flores, director de Setena, en entrevista con UNIVERSIDAD.

Por medio de un correo electrónico, Carolina Sánchez, vocera de Claro, indicó que la búsqueda de las propiedades en las que se necesita instalar la infraestructura se hace hasta que se gana el contrato.

No obstante, desde la publicación del cartel, las firmas se enteran de las comunidades y centros educativos que deben ser atendidos.

“En el caso del cartel de Fonatel Norte, la operadora se encontró con que varias propiedades nombradas en el cartel están ubicadas en territorio de la franja fronteriza y/o en terrenos sin título de propiedad. Con el fin de poder documentar la situación y comprobar el obstáculo que esto representa, la operadora solicitó los permisos ante Setena”, argumentó Sánchez.

Similar criterio expresó Lourdes Fernández, de la Dirección de Fideicomisos del Banco Nacional, quien afirmó que en este modelo de concurso no se pueden hacer verificaciones previas sobre la factibilidad de instalar la infraestructura.

Contrario a las versiones de Claro y del Banco Nacional, el director de la Setena afirmó que las operadoras pueden hacer la consulta sobre la viabilidad del terreno de previo a la adjudicación del proyecto, pero, además, resaltó que este tipo de desarrolladores tiene pleno conocimiento de los requisitos indispensables, como el título de propiedad, porque tramitan cientos de permisos.

En el 2013, el Fonatel –a cargo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel)- lanzó a concurso cinco licitaciones para reducir la brecha digital y llevar el servicio de Internet a cinco cantones de la zona Norte.

El Fonatel creó un fideicomiso en el Banco Nacional y destinó $14 millones que se entregaría como subvención a las compañías. En mayo del 2014, la empresa Telefónica asumió los cantones de Guatuso y Los Chiles; mientras que a Claro se le adjudicaron los contratos en los otros tres cantones.

Una investigación de UNIVERSIDAD, publicada el miércoles anterior, reveló que, más de tres años después, de 485 centros educativos contemplados en el proyecto, el 45% seguían desconectados.

Telefónica ya cumplió con el 90% de la cobertura, aunque presentó atrasos y fallas. En el caso de Claro, la firma aún incumple con el 57%, a pesar de que ya se agotaron los plazos estipulados en los contratos y de que las empresas recibieron el 50% de la subvención para iniciar el proyecto.

Excusa inválida

UNIVERSIDAD consultó al director del Fonatel, Humberto Pineda Villegas, por qué este incumplimiento no se menciona en los informes de la Unidad Gestora, Ernst & Young, y por qué no se ejecutan sanciones a la empresa contratada.

El funcionario excusó el incumplimiento de la operadora, aduciendo que “nadie está obligado a lo imposible” y atribuyó los retrasos a una “inacción efectiva del Estado en garantizar las condiciones para que esos centros hoy estuvieran conectados”.

Pineda afirmó que la principal dificultad para concretar las obras es que “no hay permisos por parte de Setena para construir infraestructura”. El jerarca del Fonatel puso como ejemplo el caso de un terreno en el cual un adulto mayor tiene 50 años de vivir y tiene los planos pero no título de propiedad.

Ante este argumento, el director de la Setena sostuvo que se debe precisar que “no es que Setena no da los permisos porque no quiere, no, perdón, Setena no da el permiso porque no puede. Eso sería como decir: ‘voy a ir a solicitar permiso para pasar por un humedal y Setena no me da el permiso’. Setena no le da el permiso porque no puede, porque hay una regla que dice tal cosa, que fija tal condición”.

Arroyo recalcó que la normativa técnica es pública y es conocida por los desarrolladores, como las telefónicas.

“Ni siquiera necesitan venir a preguntarle a Setena, es igual si usted va a comprar una casa: ¿Y el título de propiedad? Los consultores ambientales conocen las reglas porque tramitan cientos de permisos(…) Es como decir, si usted me va a meter un proyecto a evaluación ambiental, que no trae el título, no lo meta, porque Setena le va a rebotar la viabilidad, le va a decir que no procede”.

UNIVERSIDAD ingresó al sitio web de la Setena y pudo descargar el formulario D2, utilizado para estos casos, en el cual se indica, entre los documentos para presentar: Certificación registral o notarial de la propiedad con vigencia máxima de tres meses, con sus respectivos timbres.

“Si usted va a someter a evaluación ambiental una casa, una carretera, un puerto, una granja, un pozo, una torre, las reglas están dadas, de cómo se someten a evaluación ambiental esas cosas. Y esas reglas, evidentemente por un principio de transparencia están ahí”, manifestó el director de la Setena.

Arroyo destacó que no se trata de un “entrabamiento” ni que Setena se haya demorado en responder las solicitudes de Claro, sino de un evidente incumplimiento de requisitos de parte del contratista.

De acuerdo con el expediente de los contratos, las multas por atrasos en la implementación del proyecto serían de $2.845 por cada día hábil de atraso. Mientras que por atrasos en dar los servicios para los centros educativos sería de un monto equivalente al precio de un día de servicio, por cada día de atraso, con base en una fórmula establecida.

Cambio de reglas

En los informes de seguimiento que tiene el Banco Nacional sobre el proyecto no hay documentos que indiquen que estos terrenos son los únicos puntos viables para instalar las antenas que suministren Internet a los centros educativos.

Marco Arroyo, director de Setena, sostuvo que es imposible dar viabilidad ambiental en terrenos sin títulos de propiedad.

Para casos en donde esa dificultad se presente, Arroyo mencionó que existe un proyecto en trámite del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para hacer una excepción en la norma reglamentaria solo para “proyectos de telecomunicaciones que cubran objetivos de acceso y servicio universal que sean financiados por Fonatel”.

UNIVERSIDAD consultó al Micitt por el estado en que se encuentra el proceso para cambiar esa regla, no obstante, al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Arroyo resaltó que, desde el 2009 –un año después de que se abrió el mercado de las telecomunicaciones en el país- y hasta ahora, la Setena ha tramitado unas 4.300 solicitudes de viabilidad para torres y ha otorgado alrededor del 90%.

“Setena va a seguir colaborando con este sector en agilizar el trámite y responder con la prontitud. Lo que nosotros no podemos hacer es brincarnos normas que por ley o por reglamento estamos obligados a aplicar”, apuntó el jerarca.

Este medio también consultó al Banco Nacional sobre las medidas que tomó al conocer que la operadora Claro solicitó permisos que eran imposibles de otorgar con la normativa vigente, pero al cierre de esta edición no se tuvo respuesta.

También, se solicitó una entrevista con la compañía Ernst & Young, la cual supervisa y fiscaliza la ejecución de los proyectos, pero la firma indicó que requería el aval del Banco Nacional. Se solicitó dicho permiso al banco, pero tampoco se ha obtenido.



En abandono

Para conocer el estado real del proyecto de Fonatel en la zona Norte, UNIVERSIDAD contactó por teléfono y en visitas a 396 centros educativos. Se trata, en muchos casos, de escuelas unidocentes en zonas alejadas y de difícil acceso, en las que algunos estudiantes desconocen qué es Internet y nunca han utilizado una computadora.
“Esta es una zona abandonada por los gobiernos”, dijo Minor Cascante, el director de la escuela Delta, en Delta Colorado, en la zona fronteriza con Nicaragua.
Muchos docentes se mostraron decepcionados pues la ilusión que les transmitieron a sus alumnos de que contarían con el servicio de Internet se desvaneció en promesas incumplidas.
“Tener Internet iba a ser una herramienta más para los niños. Les comentamos a ellos y primero fue una alegría, pero después una frustración porque nunca llegó lo que nos prometieron. Ya pasó un año, pero no hemos vuelto a tener respuesta”, narró Vera García, directora de la escuela Los Ángeles, en Aguas Claras de Upala, donde estudian 10 alumnos.
Lo que más les preocupa a estos docentes es la desventaja que tendrán sus alumnos cuando intenten acceder a oportunidades como ir a la universidad, cuando en otras zonas del país los estudiantes desde la escuela reciben clases de computación y de Internet.
“Yo siento que ellos (sus estudiantes), al estar en una zona tan alejada y no tener acceso a Internet, se les va a complicar el día de mañana sacar una profesión. Llegan a los colegios sin haber recibido ni siquiera inglés y es un fracaso, casi todos repiten el primer año de colegio. El MEP le pide a uno que los chicos aprendan por sí solos, que investiguen. Aquí no se puede, porque ¿con qué van a investigar ellos?”, cuestionó Mauren Brenes, directora de la escuela Chimurria, en Llanuras del Gaspar.
De los centros educativos a quienes sí se les ha instalado el servicio, 37% reportaron fallas como la inestabilidad de la señal, la baja velocidad y el poco alcance.




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