Citan a ex-coordinador de equipo de datos y a ex-viceministro de Planificación a audiencia judicial por caso Upad

Continúa la discusión de dos acciones presentadas por los abogados del presidente por “actividades procesales defectuosas” en el decomiso de los celulares del mandatario.

El ex-coordinador del equipo de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (Upad) Diego Fernández y el ex viceministro de planificación Luis Daniel Soto, fueron convocados a audiencia el próximo 27 de agosto como parte de la investigación que conduce la Fiscalía por el caso Upad.

Ese día se realizarán dos audiencias en la Sala de Vistas de Casación de la Corte Suprema de Justicia, como parte de la causa número 20-0005434- 0042-PE, en la que se investiga a ocho personas -incluyendo al presidente de la República Carlos Alvarado- por el supuesto delito de prevaricato y violación de datos.

El pasado 16 de junio se realizó otra audiencia judicial en la Sala III para discutir dos acciones presentadas por los abogados del presidente Carlos Alvarado en abril, por “actividades procesales defectuosas” en el decomiso de los celulares del mandatario durante el allanamiento realizado en Casa Presidencial por el caso Upad.

Los abogados del presidente alegan que la Fiscalía se extralimitó al hacer el allanamiento porque no secuestró únicamente la información relacionada con la Upad, sino que secuestró todo lo que encontró, incluso información no autorizada que podría poner en riesgo la salud pública y la seguridad nacional.

El Ministerio Público maneja la hipótesis inicial de que el presidente Carlos Alvarado, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto, son sospechosos de prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley) por firmar el decreto que creó la Upad.

De acuerdo con la exposición de hechos que se hace en el documento de la Fiscalía, “durante el periodo de mayo de 2018 a octubre de 2019, los investigados Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos y Diego Fernández Montero, desempeñándose como asesores de datos del despacho de la presidencia, conformaron una unidad gubernamental para la compilación y análisis de datos personales de las y los costarricenses, con miras a la supuesta ejecución de políticas públicas; lo anterior sin ningún respaldo legal”.

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