La representación de Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) expuso en la última sesión de la mesa legislativa que discutió las jornadas de 12 horas, que las empresas interesadas ya están en el país y no quieren que su nombre se revele porque las aplicaron ilegalmente, aunque asegura ya dejaron de hacerlo.
“¿Qué es la limitante que tenemos nosotros en dar los nombres de las empresas? Ciertamente es una preocupación que se tome algún tipo de persecución para las empresas que nosotros apoyamos que actualmente están en el país y que en algún momento tuvieron la jornada. Muchas aunque pagaban las horas extra, decidieron eliminar la jornada para cumplir legalmente” dijo la representante, de quien Cisneros no dio el nombre.
Previo a la intervención, Cisneros aseguró que CINDE tenía una encuesta que demostraba una gran cantidad de empresas que vendrían al país, aunque fue corregida inmediatamente por la expositora ya que en realidad era un sondeo que no es representativo aplicado a 19 empresas que ya están en el país.
“Estamos conscientes de que son datos limitados, no estamos diciendo que estos son los datos que van a cambiar la opinión de muchos de ustedes” agregó la representante de CINDE.
El resultado del sondeo fue que, de las 19, un 70% dijo consideraría ampliar sus operaciones de tener las jornadas flexibles. La delegación de CINDE fue llamada a intervenir por Cisneros, pero fueron invitados por la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), que se mantuvo al margen de la discusión.
La diputada oficialista Pilar Cisneros pidió a CINDE exponer tras ser desafiada por la fracción del Frente Amplio a dar la lista de empresas que vendrían al país de aprobarse las jornadas de 12 horas y a denunciar a las que asegura ya las han aplicado de forma ilegal. También después de que la del Partido Liberación Nacional expresara dudas sobre el tipo de trabajo que atraería este proyecto y la posibilidad de que sea precarizado.
La diputada verdiblanca Monserrat Ruiz -al ver que las empresas prefieren no exponer su nombre- sostuvo sus preocupaciones sobre el tipo de empleo que crearía el proyecto.
“El ejercicio de la atracción empresarial no se basa en la precarización laboral (…) Dejen de engañar, esto no crea empleo, precariza el empleo” dijo Ruiz.
Ruiz dijo hay estudios que demuestran que este tipo de jornadas reducen el empleo, porque los empresarios requieren menos personas y que el país debería apuntar a la reducción de jornadas para dar mejor calidad de vida.
La diputada frenteamplista Rocío Alfaro lamentó que el “razonamiento” de Cisneros sea que hay que legalizar la jornada de 12 horas porque ya se aplica: “pronto van a permitir que los patronos hagan castigo físico a sus trabajadores, porque ya sucede, como en SYR. Vean el razonamiento arcaico”.
Alfaro hace referencia a el video de las tiendas SYR en el que los patronos golpean con palos a las vendedoras y que resultó en una masiva condena pública.
“Todos los días llegan a nuestros despachos denuncias sobre este y otros respetos a los derechos laborales. Desgraciadamente aquí viene el Ministerio de Trabajo y nos dice que todo bien, que sus capacidades de inspección laboral todo bien y cualquier cosa que se modifíque ellos van a tener la capacidad, no es cierto, y nada más regresivo que convertir el irrespeto de los derechos laborales en ley” agregó.
El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el PLP solo hicieron moficaciones de forma al proyecto, que por le fondo apoyan. El jefe de fracción del segundo, Eliécer Feinzaig, lamentó que las sesiones -de las cuales faltó a tres- se extendieran en discusiones.
“Nos quedamos fuera de la discusión porque no nos prestamos para el juego político” comentó.
