Cinco proyectos buscan ayudar a deudores de pensión alimentaria afectados por pandemia

La mayoría de propuestas pretenden suspender las órdenes de apremio corporal a quienes demuestren que sus ingresos económicos disminuyeron por la pandemia. 

Jeffry se gana la vida como intermediario de productos alimenticios empacados. Compra patacones, yuquitas, frijoles y los vende a restaurantes. No cotiza ni paga tributos y arrastra una millonaria deuda con la Caja porque años atrás fundó una empresa inmobiliaria que quebró.

La pandemia de COVID-19 golpeó con particular fuerza a sectores relacionados con el turismo, como los restaurantes. Con ello, golpeó también los bolsillos de trabajadores informales ligados a esa actividad, como Jeffry.

El mes pasado, por primera vez en ocho años –asegura– se vio en dificultades para cumplir el pago de la pensión alimentaria al hijo que tuvo en su primer matrimonio, porque sus ingresos se redujeron al 50% o menos. El niño tiene nueve años y la pensión que recibe del padre es de ¢133.000 al mes.

Un intento de acuerdo con la madre del menor no llegó a buen término y Jeffry inició un trámite de solicitud de rebajo de pensión que puede tardar meses.

“Tengo dos hijos más y mi esposa está manteniendo la mayor parte del hogar. Realmente es difícil porque hay muchos que somos responsables, no porque tengamos que pagar pensión, sino porque son nuestros hijos y de eso dependen, también lo sabemos”, dice Jeffry, a quien le preocupa que si la situación se agrava no pueda cubrir el monto completo y deba ir a prisión.

El apremio corporal es la detención hasta por seis meses de una persona que incumple el pago de la pensión alimentaria. Hasta abril había 325 hombres en la unidad de apremiados de la cárcel Jorge Arturo Mora y cinco mujeres en el centro Vilma Curling. Las cifras son bajas siendo que solo el año pasado se dictaron más de 300.000 órdenes de apremio (en su gran mayoría contra hombres) aunque muchas personas pagan antes de ir a la cárcel, indicó el juez de Familia Cristian Martínez.

Con el fin de ayudar a personas deudoras de pensión que tengan drástica reducción de sus ingresos por la emergencia sanitaria, existen cinco proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que buscan desde la liberación de las personas presas por pensión hasta dar salvoconductos a quienes no pueden cubrir los montos debido a que perdieron sus empleos.

El proyecto que plantea la liberación de todas las personas que en este momento están en la cárcel por deuda de pensión fue redactado por la jueza de Familia Mauren Solís Madrigal y fue acogido por el diputado Otto Roberto Vargas, del Partido Republicado Social Cristiano (PRSC).

El juez Martínez consideró que el problema de esa propuesta es que se deja desprotegida a la persona menor de edad.

En el documento, que se tramita en el expediente 21.877, también se incluyen otras medidas que procuran evitar las aprehensiones si se trata de situaciones atípicas originadas en la pandemia. Por ejemplo, se indica que las nuevas pensiones dictadas a quienes tengan reducción de ingresos no garantizará el nivel de vida acostumbrado de las personas beneficiarias, sino solo las necesidades más perentorias.

También que quienes ya tienen pensión asignada puedan solicitar un rebajo de pensión provisional.

Otros tres proyectos hablan de suspender las órdenes de apremio corporal por las mismas razones de disminución de ingresos.

El plan 21.878, presentado por el legislador Dragos Dolanescu, también del PRSC, permite a los jueces detener la orden de apremio hasta por tres meses (con posibilidad de prórroga una vez) a afectados por suspensión de contrato, reducción de jornada o despido. También si se trata de un trabajador independiente o profesional liberal que demuestra que sus ingresos son al menos 20% menores que el mismo mes del año anterior.

Según el texto, cuando se den estas situaciones, el mismo juez remitirá el caso al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para que otorgue un subsidio supletorio a las personas menores, según lo establece el Código de la Niñez y la Adolescencia.

En la misma línea, el diputado independiente Erick Rodríguez Steller presentó un documento con un único artículo para suspender la medida del apremio por tres meses, por una única vez, a los deudores de pensión que demuestren que no pueden cubrir el pago.

Mientras que otro texto presentado por los independientes Harllan Hoepelman (del bloque Nueva República) e Ivonne Acuña (separada de ese bloque) no solo contiene la posibilidad de suspender el apremio a personas impactadas en su salud o económicamente por el COVID-19, sino que contempla además que el CEN-CINAI entregue una canasta de víveres a los menores en condición de pobreza cuyos padres con pensión no puedan hacerle frente a esa obligación temporalmente.

Ninguno de estos planes ha sido llevado al plenario, sino que se encuentran en comisiones.

Opciones actuales

En este momento, los deudores de pensión que por la emergencia se vean en problemas para cumplir con el pago tienen algunas opciones que ya contempla la legislación, explicó el juez Martínez.

Se puede solicitar un permiso para buscar trabajo, un pacto en tractos o una reducción del monto siempre que se aporten pruebas que acrediten la disminución de los ingresos económicos. Las personas juzgadoras que conozcan cada caso decidirán si otorgan esos beneficios.

“El juez o la jueza debe valorar. Hay personas que llevan años de años y nunca han pagado pensión, se esconden por meses o años. Si es uno que históricamente ha pagado la pensión y nunca se ha atrasado y ahora le dicen que está despedido o que le rebajan el salario, en ese caso en concreto el juez debería valorar”, consideró el juez Martínez.

Incluso ya un juez contravencional de Santa Ana suspendió por tres meses el apremio para un hombre que perdió su empleo, a pesar de que no existe una norma que especifique esa posibilidad.

En criterio de Martínez, las normas deben interpretarse en resguardo de dos intereses: la libertad de la persona que está imposibilitada para cumplir la obligación y el derecho de alimentos de la persona menor de edad.

El problema es que los procesos judiciales pueden tardar meses, en muchas ocasiones por las dificultades para notificar a las partes, mencionó Martínez. Aun si se respetan los plazos, el trámite llevará semanas y depende de qué tan saturadas estén las agendas de los despachos.

Las gestiones de ese tipo suspenden las órdenes de apremio, pero no resuelven el problema de fondo, lo cual precisamente motivó los proyectos de ley que se encuentran en el Congreso.

La Comisión de la Jurisdicción de Familia del Poder Judicial informó que aumentaron las solicitudes de permiso de contrato o pago en tractos de la cuota por parte de personas con dificultades laborales; no obstante, no se entregó el detalle de las cifras.

El Ministerio de Justicia indicó días atrás que los presos por pensión no están cubiertos por las órdenes de juzgados de Ejecución de la Pena con respecto a que se excarcelen a quienes presentan factores de riesgo ante el COVID-19.

 

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