Diputados y diputadas de cinco fracciones legislativas dieron su visto bueno para quese permita a todas las empresas autobuseras, sin distinción por tipo o tamaño, a usar unidades de hasta 20 años de antigüedad para el transporte de pasajeros.
Legisladores de Progreso Social Democrático, Liberal Progresista, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Nueva República dieron su voto favorable al proyecto en la Comisión de Asuntos Económicos, donde sólo se opuso por el fondo la frenteamplista Sofía Guillén.
La iniciativa que ahora corresponderá al plenario analizar y votar, pretende permitir a todas las empresas autobuseras – incluyendo a los grandes conglomerados y sin importar si se encuentran al día con sus obligaciones – el uso de unidades que hasta ahora estaba prohibido usar para transportar pasajeros.
Al mismo tiempo, permitirá extender la circulación de autobuses que incumplen con la Ley 7.600, promulgada desde el 29 de mayo de 1996.
Cabe destacar que este proyecto se propuso en el marco de la pandemia como una medida de “rescate” al sector autobusero nacional “ante la crisis sanitaria, social y económica” que enfrentó el país en los últimos dos años, pero es en realidad una iniciativa que data de hace más de una década y que ya había sido rechazada por la Asamblea Legislativa en el expediente 17.267.
La diputada Guillén tomó la palabra en la sesión de la mencionada comisión para puntualizar que aunque comprendía la necesidad de pequeñas empresas y cooperativas autobuseras, el proyecto no sólo les beneficia a estas, sino a las grandes corporaciones que no lo necesitan y que “mucho le deben a este país”.
Además, recordó que la comisión rechazó modificar el texto para que aplicara exclusivamente a empresas pequeñas y cooperativas e incluso, restringirlo a quienes pudieran demostrar afectaciones financieras por la pandemia.
“Creo que hay que apoyar a los pequeños y no a quienes no lo necesitan, que más bien le quedan debiendo a este país”, dijo la legisladora.
Para Guillén, extender la vida útil de las unidades de transporte público representa un riesgo para las personas usuarias y no basta con la supervisión del Consejo de Transporte Público, que plantea el proyecto, pues esta entidad es cuestionable. A continuación, la frenteamplista citó un reportaje de UNIVERSIDAD en que se retratan las puertas giratorias que operan entre el gran empresariado autobusero y el CTP, lo que deja en entredicho los intereses que representa.
Además, Guillén recordó que cuando se discutió el proyecto del que la actual iniciativa se desprende, todas las entidades, incluyendo a la Cámara Nacional de Transportes, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), las organizaciones de personas con discapacidad y la Defensoría de los Habitantes se opusieron pues las condiciones de una unidad de uso constante tras quince años de uso ya son “deplorables” y porque no garantizan el cumplimiento de los derechos de personas con discapacidad.
Finalmente, reclamó que se está beneficiando a un sector que no necesita más privilegios y que es cuestionable esa decisión, especialmente cuando representantes de las corporaciones autobuseras han sido donantes de diversas campañas políticas.
A favor del proyecto se refirió la liberacionista Kattia Rivera quien aseguró que el riesgo es que “muchas comunidades se queden sin servicio” si la iniciativa no se aprueba, por la cantidad de empresas pequeñas que fueron afectadas por la pandemia, aunque no se refirió a la razón por la que el proyecto no se circunscribió a esas empresas solamente.
Además y obviando la regularidad con que se usan, reclamó que sí se permite que las unidades de transporte de estudiantes (que realizan pocas rutas al día) tengan hasta 20 años de antigüedad pero eso no se aplica al transporte público (que transita sin parar durante largas jornadas).
Intervinieron también en contra, aunque no tienen voto en la comisión, otros diputados frenteamplistas, para esbozar distintas razones en contra del proyecto.
Rocío Alfaro dijo que en vez de beneficiar a las pequeñas empresas, el proyecto siguen abriendo brechas y oportunidades para la competencia desleal que hacen los grandes conglomerados. Ariel Robles insistió en la importancia del cumplimiento de la Ley 7600 y apeló “a la consciencia” de los legisladores pues se trata de “un tema que no puede ser del Frente Amplio, porque es de los usuarios”.
“Hasta el CTP, que está tomado por los grandes empresarios está en contra”, exclamó
Antonio Ortega, por su parte, señaló quese están empeorando las condiciones ya deplorables que enfrentan las personas usuarias y reclamó “los premios que el gobierno le ha dado ya a los autobuseros”. Finalmente indicó que se está usando de excusa a los pequeños empresarios para beneficiar a las grandes corporaciones, que serán las más beneficiadas.
Finalmente, el liberal Gilberto Campos, defendió el proyecto alegando que beneficiaba a las empresas pequeñas que han enfrentado dificultades los últimos años, aunque nuevamente, no explicó las razones por las que no se excluyó a las grandes corporaciones -que no han demostrado afectación- de la iniciativa.
