Científico desmiente datos del presidente sobre escaso registro de agroquímicos

Muy al contrario de los argumentos sostenidos por el presidente Rodrigo Chaves, en Costa Rica, desde 2007, se ha llevado a cabo el registro de 32 ingredientes activos de productos agroquímicos correspondientes a 28 distintas moléculas.

El ingrediente activo grado técnico (IAGT) es el componente esencial a partir del cual se fabrican los agroquímicos, sean pesticidas, fungicidas o herbicidas, que salen a la venta comercial, con o sin receta, ya como los denominados plaguicidas químicos formulados (PQF).

Así lo comprobó el Dr. Elídier Vargas, ingeniero agrónomo, quien realizó un análisis de los datos públicos de registro de agroquímicos disponibles en el sitio del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE). Su hallazgo implica que algunas moléculas se repiten en varios IAGT aprobados.

Respecto a los PQF, Vargas halló que, entre 2007 y 2022, se realizó el registro de 23 productos, correspondientes a 18 moléculas.

Además, Vargas aprovechó esos datos públicos y disponibles para cuantificar las moléculas nuevas que se han registrado.

El parámetro que tomó para ello se basa, según explicó, en que “el SFE brinda protección de datos a las moléculas nuevas que antes no habían sido registradas en Costa Rica” y esas que aún cuentan con esa protección de propiedad intelectual son las consideradas “de nueva generación” para efectos de su análisis.

En este caso el análisis arrojó que en ese mismo periodo estudiado, se registró en el país un total de 16 moléculas nuevas.

Falsedades oficiales

Los hallazgos de Vargas que, hay que insistir, se fundamentan en información pública y accesible, contradicen los estribillos que sectores empresariales relacionados a la producción o comercialización de agroquímicos, pero, sobre todo, el mandatario Rodrigo Chaves han insistido en repetir en aras de empujar reglamentación cada vez más laxa.

Por ejemplo, el 22 de diciembre Chaves, en conferencia de prensa, anunció la firma de un decreto sobre el tema: “¡Aleluya!, ¡Gracias a Dios! Promesa de campaña, deuda histórica con el sector agropecuario de este país, que ha estado con la rodilla en el cuello de empresas que han monopolizado los mercados y que les han hecho la tecnología moderna inexistente y la tecnología vieja contaminante y carísima”.

Añadió que a los agricultores “no se les ha dado la posibilidad de usar agroquímicos más baratos, menos venenosos para el que come, para el trabajador que los aplica, que los pone en el suelo y para nuestro medio ambiente”.

Chaves, además, expresó en esa oportunidad que “la última molécula, eso es tecnología para la agricultura, que se registró en este país fue hace 22 años y duró 21 años en lograrse, porque quienes tenían el monopolio hasta ahora estaban felices”.

Se nota en esa intervención dos aspectos claves en el discurso oficial sobre el tema. Por un lado la falsedad, según demuestra Vargas, de que “hace 22 años” se registró la “última molécula”. Por otro lado, los pretendidos múltiples beneficios de los productos agroquímicos más nuevos.

Básicamente los mismos argumentos fueron repetidos por Chaves recién el pasado 15 de mayo, con motivo de la celebración oficial del Día del Agricultor.

Ese día, el ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, como telonero de Chaves, manifestó que “lo que para muchos era imposible, nosotros lo logramos, y es permitirle moléculas y agroquímicos modernos y eficientes a los productores de este país”.

Es curioso que en un video presentado como parte de la actividad, el director del SFE, Nelson Morera, declaró que “hemos logrado reducir los tiempos y ya hay varias moléculas registradas, demostrando que la normativa vigente realmente funciona”.

Posteriormente, el mandatario se refirió a “la bronquita que nos hemos echado con la aprobación de nuevas moléculas para el agricultor”. De seguido celebró que “ya hubo una aprobación” de una molécula, y añadió “mis compatriotas, la última que se registró antes de esta, se registró hace 22 años”, repitiendo el mismo verso.

Riesgos de las moléculas nuevas

A lo largo de los años gobiernos de tres partidos diferentes —incluido el de Chaves— han emitido, insistentemente, la normativa para facilitar ese proceso de registro (Ver recuadro).

Para el científico Vargas —autor del informe “Uso aparente de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica”, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)—, es claro que sectores comerciales y políticos han argumentado sobre  la necesidad de agilizar el registro de los llamados “plaguicidas de nueva generación”, con base en la suposición de que son menos peligrosos para la salud humana y más amigables para el ambiente. Este argumento también lo ha sostenido el propio presidente.

Son dos los reglamentos que se han publicado —uno en la administración del expresidente Carlos Alvarado y otro en la actual— que “buscan prescindir de procesos de evaluación de riesgo en Costa Rica, creyendo, además, que si esos plaguicidas fueron registrados en otros países de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) ya fueron evaluados y, por lo tanto, pueden utilizarse en la agricultura de Costa Rica”.

Vargas, entonces, buscó la categorización de las 16 moléculas nuevas en una base de datos denominada Pesticide Properties Database (PPDB), publicada por la Agriculture & Environment Research Unit (AERU) de la Universidad de Hertfordshire, Reino Unido. Este recurso es recomendado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) como fuente de referencia.

Lo que halló fue que, independientemente de la categorización que el Ministerio de Salud hace de los efectos agudos (es decir, a corto plazo) de los agroquímicos, estos presentan serios riesgos al tomar en cuenta tres variables incluidas en la PPDB: el destino ambiental que tendrían los plaguicidas una vez aplicados al campo, por ejemplo cuánto tiempo permanecen; las características de peligrosidad para la vida silvestre (denominada caracterización ecotoxicológica); y los factores de riesgo para la salud humana.

Un ejemplo es el insecticida sulfoxaflor, comercializado en Costa Rica por Corteva Agriscience S.A. bajo la marca Target 24 SC y utilizado en cultivos como arroz, naranja, melón, chile dulce, tomate y sandía. Este producto tiene una clasificación “verde” o de alerta baja, según el Ministerio de Salud respecto a sus efectos agudos.

Sin embargo, en cuanto a la variable de su destino ambiental, la PPDB lo clasifica como “rojo” o de alerta alta, lo mismo que respecto de su ecotoxicidad, pues es de alto riesgo agudo para abejas y lombrices, dos especies vitales en la salud de los cultivos y su supervivencia ante el cambio climático.

Y agrega que, sobre los efectos crónicos (a largo plazo) para los humanos, se clasifica como “amarillo” o de alerta moderada, pero se advierte que es un “posible carcinógeno” y que también puede tener “posibles” efectos en la reproducción y desarrollo de infantes.

El mandatario también ha argumentado que “quitó” el “monopolio” de cuatro grandes empresas del sector, pero nunca las ha identificado.

Se consultó a la unidad de comunicación del MAG por qué Chaves, y otras autoridades de gobierno, siguen usando datos erróneos para justificar, de cara a la opinión pública, la emisión de normativa que da mayor laxitud al registro de agroquímicos en el país.  Sin embargo, al cierre de edición, no se contó con una respuesta.