¿Qué tan cierto es lo que dicen los candidatos?

Semanario UNIVERSIDAD verificó la veracidad de frases de los candidatos en los debates presidenciales

Siete candidatos presidenciales en el debate CIEP en el complejo La Reforma

¿Es cierto que en Costa Rica no hay ningún evasor o corrupto en la cárcel? ¿Es correcto que tres de cada cuatro personas condenadas vuelven a cometer delitos luego de salir de prisión?

Al calor de los debates presidenciales usted escuchará afirmaciones y datos de los candidatos para fundamentar sus propuestas y planes de gobierno. La información fáctica es elemental en cualquier debate público que pretende ser racional, pero también es vital comprobar si las afirmaciones de las que se derivan propuestas partidarias pueden ser comprobadas por los ciudadanos.

El Semanario UNIVERSIDAD arrancó la semana pasada un espacio de verificación de datos a partir de las frases comprobables de los candidatos presidenciales. El objetivo es examinar si las afirmaciones de los aspirantes a Zapote se ajustan a datos que pueden comprobarse, o si -más bien- existe otra información de contexto que puede ignorarse al analizar cada fenómeno que tratan.

Puede estar atento al ejercicio de verificación de UNIVERSIDAD en la página web https://semanariouniversidad.com/chequeo/.


“En el país donde se ha logrado (bajar más) solo hay 20% de reincidencia y en nuestro país hay 75% de reincidencia”. Falso.


Candidato: Rodolfo Hernández.

Partido: Partido Republicano Socialcristiano.

Debate: 2 de noviembre. Unidad de Atención Integral Reinaldo Villalobos, en San Rafael Alajuela. Organizado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP).

Al hablar sobre la reincidencia de privados de libertad, el candidato por el Partido Republicano Socialcristiano, Rodolfo Hernández, indicó: “En el país donde se ha logrado (bajar más) solo hay 20% de reincidencia y en nuestro país hay 75% de reincidencia”.

La afirmación es falsa pues, de acuerdo con datos del Ministerio de Justicia, solo entre el 28% y el 30% de los privados de libertad tuvieron una causa anteriormente.


“¿Saben cuántos evasores fiscales hay en la cárcel? Ni uno. ¿Saben cuántos acusados de corrupción de cuello blanco hay en la cárcel? Ni uno”. Falso.


Candidato: Edgardo Araya.

Partido: Partido Frente Amplio.

Debate: 25 de octubre. Universidad Latina.

De acuerdo con datos del Ministerio de Justicia, en los centros penales de Costa Rica hay al menos 11 personas privadas de libertad por delitos relacionados con corrupción como cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad. Otros delitos como estafa también pueden estar relacionados a corrupción, pero se debe hacer una  revisión más detallada de cada caso para determinarlo.

Con respecto a los evasores, la afirmación podría ser cierta si el candidato se refiere solo a grandes evasores fiscales acusados de defraudación fiscal, de los cuales no hay registros en las cárceles. No obstante, el contrabando también es evasión fiscal y por ese delito se encuentran recluidas dos personas, según el Ministerio de Justicia.

Solo el año pasado, la Fiscalía tramitó 15 denuncias por defraudación fiscal aduanera. Algunos de estos casos se resuelven con conciliaciones en las que los acusados de evasión fiscal pagan los tributos y multas.

UNIVERSIDAD consultó al equipo de prensa del candidato el origen de su afirmación, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta.


“No se invierte en educación, sobre todo en educación pública rural”. Falso.


Candidato: Antonio Álvarez.

Partido: Liberación Nacional.

Debate: 2 de noviembre. Unidad de Atención Integral Reinaldo Villalobos, en San Rafael Alajuela. Organizado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP).

Por ley, el Ministerio de Educación Pública (MEP) debe distribuir proporcionalmente sus recursos según la matrícula de cada una de las instituciones de enseñanza.

“Esto quiere decir que se le asigna la misma cantidad de recursos económicos a la junta administrativa de un colegio público ubicado en San Pedro de Montes de Oca, como a uno ubicado en Matina de Limón, si tienen la misma cantidad de estudiantes”, según señaló una investigación del Programa del Estado de la Nación en el 2014.

Así se indica en el artículo 6 de la ley 6746, que crea el fondo para financiar las juntas de educación y las juntas administrativas de enseñanza oficial del país, según el Departamento Financiero del MEP.

Aunque esa política debe transformarse para apoyar a los estudiantes de zonas más desfavorecidas, es falso que haya una distribución desigual en los recursos.


“El Ministerio Público solo condena a 3 de cada 100 delincuentes denunciados”. Falso.


Candidato: Juan Diego Castro.

Partido: Integración Nacional.

Debate: 25 de octubre. Universidad Latina.

En primer lugar el Ministerio Público no condena, eso lo hacen los tribunales de justicia.

Si solo se toma en cuenta los casos que obtuvieron una sentencia en 2016, es decir, que reunieron prueba suficiente y no pudieron ser resueltos por otras vías, se obtiene que de las 12.915 causas que se elevaron a juicio en 2016, unas 9.033 (70%) acabaron en una sentencia condenatoria, mientras que 3.338 (30%) recibieron la absolutoria, según los datos del Poder Judicial. Es decir, la impunidad es un mito cuando se trata de las causas que llegan a juicio.

Por otro lado, si se evalúan los casos terminados en el mismo año (que no llegaron a juicio), de un total de 116.465, unos 25.415 (22%) recibieron sobreseimiento definitivo.

El sobreseimiento definitivo es una resolución en la que se pone fin al proceso porque los hechos investigados no constituyen delito, por un arreglo entre las partes o por falta de prueba, entre otras razones.

Además, aunque en 2016 se interpusieron 93.983 denuncias, es impreciso el ejercicio de tomar la cantidad de denuncias y dividirlo entre las sentencias condenatorias, especialmente porque esas sentencias no corresponden a las denuncias estudiadas.

También es importante recordar que no se puede etiquetar de “delincuente” a quien no ha sido juzgado o, inclusive, a quien fue juzgado y no se le comprobó delito alguno.


“Tenemos más de 1.300.000 personas a las que no se les garantizan sus derechos laborales”. Verdadero, pero…


Candidato: John Vega.

Partido: Partido de los Trabajadores.

Debate: 2 de noviembre. Unidad de Atención Integral Reinaldo Villalobos, en San Rafael Alajuela. Organizado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP).

Según cálculos realizados con la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del año 2016, un total de 1.266.095 trabajadores pertenecientes a la población ocupada se les incumple uno o varios de los derechos laborales exigidos por ley en Costa Rica, como el aguinaldo, el pago de días por enfermedad, entre otros.

El candidato también aseguró que Limón es la provincia donde más se violentan los derechos laborales y sindicales, y esa información sí era errónea.

Cálculos realizados con la misma Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), permiten concluir que la región donde más se violentan los derechos laborales es la Región Central con un 63,2% (899.304 personas). En el caso de la Región Huetar Caribe el incumplimiento es de un 53,8% (88.218 personas).


“En el 2014 el hacinamiento carcelario era de un 58% hoy es del 28% gracias a la construcción de tres centros carcelarios”. Verdadero, pero…


Candidato: Carlos Alvarado.

Partido: Partido Acción Ciudadana.

Debate: 2 de noviembre. Unidad de Atención Integral Reinaldo Villalobos, en San Rafael Alajuela. Organizado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP).

Es cierto que el hacinamiento carcelario se redujo hasta el 28% al 30 de setiembre de este año, según datos del Ministerio de Justicia; sin embargo, el candidato Carlos Alvarado indicó que en el 2014 el hacinamiento era del 58% cuando ese año cerró con un 27% de hacinamiento.

La cifra récord de hacinamiento se dio en el 2015 cuando alcanzó el 51%.

Además, la reducción no solo se debió a la construcción de tres Unidades de Atención Integral, sino también a otras medidas como el uso de tobilleras electrónicas para que las personas cumplan la sentencia fuera de prisión.

Según datos de la Oficina de Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia, unas 498 personas han recibido tobillera electrónica.

Actualmente, unas 434 personas portan la tobillera (373 hombres y 61 mujeres). De ese grupo, 240 personas se encuentran trabajando y unas 132 estudian.


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John Vega: “Hoy tenemos el doble de desempleo que hace 10 años…”

Rodolfo Hernández: “La circular de la Ministra fue el origen de la liberación masiva de reos”.

Álvarez Desanti: “Es una barbaridad que existan pensiones que andan por el orden de los ¢78 mil mensuales”.

Óscar López: “Mantener a un privado de libertad cuesta 32 mil diarios, en promedio, 900 mil al mes”.


Créditos del equipo de chequeo

Redacción y chequeo: Hulda Miranda, Javier Córdoba, Daniel Salazar, Luis Fernando Cascante, Jafeth Mora, Monserrat Cordero, Claudia Leandro.

Diseño y redes sociales: Frank Rodríguez, Josué Alfaro, Valeria López, Sergio Pacheco, Judith Monge, Adrián Naranjo.

Colaborador: Andrés Fernández.


 


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