Cuando el presidente Rodrigo Chaves entra en detalles para explicar la destitución del presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos, por avalar junto con los otros miembros de la junta directiva el alza salarial de 7.500 colones a la base, afirmó que se dio cuando se estaba en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Estamos negociando un contrato con el Fondo Monetario Internacional. Se aprobó sin anticipación, de hecho, en la Caja, yo me enteré (sobre el acuerdo) por la prensa”, dijo el mandatario.
El FMI estará de visita en el país del 20 de setiembre al 4 de octubre, para realizar una tercera revisión del programa de reformas económicas de Costa Rica, vinculadas al acuerdo del Servicio Ampliado del FMI (SAF), que dará acceso a $1.778 millones por un plazo de tres años.
La información la dio a conocer, tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda, el jueves 8 de setiembre.
De hecho, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep) una de las organizaciones sindicales que fue convocada para sostener una reunión este viernes 16 de setiembre con los representantes del Fondo, rechazó la semana pasada citarse con ellos por el poco tiempo, una hora, que les daban para realizar su exposición sobre la visión de los sindicatos sobre el acuerdo.
Hasta ahora el país solo ha recibido un primer desembolso equivalente a $280 millones en marzo, tras aprobarse la Ley de Empleo Público en diciembre de 2021.
El país está a la espera de un segundo desembolso y de esa visita de la misión del FMI para conocer los avances de este proceso de negociación.
La aprobación del reajuste se dio el 9 de setiembre, mientras que la misión del FMI ya está sosteniendo reuniones previas con organizaciones sociales de forma remota, para cuando esté en el país.
Chaves añadió en la rueda de prensa de ayer domingo que, si se avalaba el aumento salarial a los empleados de la Caja (61 mil) se vería en la obligación de dárselo a los demás empleados públicos, que según sus estimaciones son 330 mil.
“…Es obvio que el haberlo aprobado, que no sé si está en firme todavía, hay temas y hay diferencias, implica que los otros grupos de empleados públicos pueden o tendrían legitimidad para decir ¿por qué a nosotros no?, bueno la razón es obvia porque simplemente no hay plata y a mí me parece que la equidad entre las entidades públicas es importantísima”, justificó.
Chaves insistió en que no veía la razón de por qué realizar el alza en este momento y que persistían dudas de si existe de legalidad, porque “la ley de responsabilidad financiera dice no se le pueden subir el salario a nadie mientras los niveles de deuda estén donde estén”.
Se refiere a la relación entre la deuda del Gobierno Central y el Producto Interno Bruto, la cual tiene una proyección para este año de 67,6%. Los salarios se encuentran congelados desde hace al menos dos años debido a que esta relación superó el 60%.
Tras afirmar que la Caja está quebrada, Chaves sostuvo que el alza implicaría un desembolso de 29 mil millones de colones retroactivos, más los 10 mil millones colones que se pagarán anualmente, lo cual ocasionaría futuros aumentos, porque se trata de un reajuste a la base, que a su vez sube los pluses salariales.
Reacción
Al bino Vargas, secretario general de la Anep, comentó que sin duda la negociación con el FMI está influyendo en la negativa del Gobierno de otorgar el aumento a los empleados de la Caja, sobre todo cuando tampoco se le quieren aprobar los $6 mil millones de eurobonos por parte de la Asamblea Legislativa, enfatizó.
“La Caja si tiene plata y puede pagar el reajuste. La deuda (pública) que hay es con Gobierno Central, la Caja no cuenta con la visión fiscalista dominante”, destacó el dirigente.
