El 22 de abril, en el primer anuncio de nombramientos de jerarcas de su gobierno, el entonces presidente electo Rodrigo Chaves presentó a Álvaro Ramos Chaves como presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y despertó los aplausos de distintos sectores que no necesariamente simpatizaban con el nuevo mandatario. Considerado un economista inteligente, joven pero experimentado y de una limpia trayectoria ética, Ramos llegaba como un acierto al frente de la institución pública de más impacto social y como una promesa de mesurado manejo del flanco financiero.
Pero no pasaron cinco meses y Chaves lo destituyó.
Por persistir en un criterio propio sobre la activación de un aumento salarial de 8.000 colones a la base de los funcionarios de la CCSS, Ramos se constituyó en la tercera baja de un jerarca designado por Rodrigo Chaves y seguramente la más delicada, considerando la complejidad de la institución, la necesidad de equilibrios en una junta directiva compuesta por representantes de sectores y los persistentes problemas de sostenibilidad y gestión.
“Discutieron acerca del aumento salarial aprobado por la junta directiva de la institución. En vista de que no hubo acuerdo sobre el tema, el mandatario decidió destituirlo”, decía un comunicado de la Presidencia publicado en la noche del sábado 17 de septiembre, después de la semana en que el mandatario Chaves advirtió que tomaría acciones para intentar revocar la aplicación del aumento salarial a los 63.000 funcionarios de la CCSS.
Ramos se mantuvo en su posición inicial y el jefe lo quitó por faltar a la “disciplina estratégica” dictada desde antes del 8 de mayo. Aunque el comunicado oficial añade que el Presidente le ofreció otro puesto dentro del gabinete, no hay señales de que lo vaya a aceptar el economista, ex viceministro de Hacienda y ex superintendente de Pensiones.
Chaves designó de inmediato a la abogada Marta Esquivel, que deja vacante la silla superior en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), dentro del Gobierno central, para intentar tomar las riendas de la institución autónoma de manera acorde a los lineamientos que el mandatario pretende hacer cumplir en supuesto respeto a la regla fiscal, el límite de gasto público que presuntamente se incumple al aumentar los salarios.
El incremento salarial ya está decidido y comunicado, ya generó “derechos subjetivos, dicen los directivos representantes de los trabajadores, pero el pulso parece abierto. De un lado, el gobierno de mano dura acuerpado por grupos que consideran abusivos los salarios en la institución y del otro la autonomía que reclaman autoridades de la institución y gremios internos, que han mencionado incluso la posibilidad de paros de labores.
También lo han criticado diputados opositores, incluido Fabricio Alvarado, líder de la bancada que hasta ahora ha respaldado las posiciones oficialistas. “La destitución de Álvaro Ramos es la baja más sensible de las que se han dado en el gobierno hasta ahora (…) La Presidencia actuó precipitadamente con esta destitución, y podría dar una mala señal al país sobre el liderazgo que se requiere en el gobierno”, escribió el excandidato presidencial.
En esto coincide con los sectores de trabajadores. “Fue una decisión precipitada, poco reflexiva e intervencionista”, dijo el directivo José Luis Loría, uno de los tres representantes de los trabajadores en la Junta Directiva, designado por el sector cooperativo. “Hay una intención de intervenir en asuntos internos, lo cual nunca se había dado”, señaló Loría, aludiendo al “gobierno corporativo” que por la composición directiva obliga a diálogo y acuerdos internos.
Con Esquivel designada por Chaves y con la necesidad de un sustituto para el abogado Guillermo Hernández, quedan en suspenso los entendimientos de la Junta Directiva de la institución que además ahora recibe las críticas del propio Presidente, quien incluso se atrevió a asegurar que la Caja está “quebrada” en términos financieros.
Este calificativo también molestó internamente. “Es una aseveración desafortunada y temeraria para una institución que genera excedentes y tiene un ambicioso plan de inversiones (…) Cuando el Presidente dice eso genera riesgo reputacional, económico y riesgo estructural. Está torpedeando. No puede ser que lo diga el Presidente, que se supone tiene la responsabilidad de proteger a la CCSS. Eso refleja desesperación”, añadió Loría.
Se refiere a las palabras del mandatario en conferencia de prensa el domingo, cuando fue consultado por el despide de Ramos. “La Caja está quebrada, seamos francos. En términos actuariales, el IVM (régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte) tiene un déficit enorme y el seguro de salud tiene serios problemas financieros. Los 29.000 millones de colones retroactivos, más los 10.000 millones que siguen año a año, aumenta los futuros aumentos porque es un incremento a la base, entonces aumenta todos los pluses”, indicó Chaves, insistiendo que no es momento de alzas salariales y que debe imperar la equidad entre los trabajadores de las distintas instituciones.
En medio de las dudas legales sobre el incremento y sobre la posibilidad de suspender su aplicación, el Sindicato de Enfermería (Sinae) anunció la posibilidad de un paro de labores en días próximos, ya no contra la cúpula directiva de la entidad, sino contra el Gobierno central, al que culpó de “dictatorial” por la amenaza de destitución que se materializó en el caso de Ramos.
“Es que entienden esto como una deuda que estaba pendiente y se paga ahora o después, pero hay que pagarla. Si no, nos exponemos a demandas porque ya hay derechos sobre ese aumento. Las consecuencias pueden ser impredecibles”, añadió Loría, en alusión al ambiente crispado.
La salida de Ramos parece la de mayores repercusiones públicas, después de que en este mismo mes se dieron del despido de la ministra de Comunicación, Patricia Navarro, y la renuncia de la ministra de Agricultura y Ganadería (MAG), Laura Bonillas, ambas por razones que no se divulgaron.
Ahora Chaves carece de ministro de Comunicación y dijo que no está seguro de nombrarlo, mientras en el MAG designó a Víctor Carvajal, que viene de ser presidente del Consejo Nacional de Producción (CNP) y que forma parte del círculo de confianza del mandatario, pues incluso trabajó con él cuando este fue Ministro de Hacienda, en 2020.
Además de Carvajal, otros ministros lucen más cercanos a Chaves y protegidos ante los cuestionamientos que han recibido, como el caso de Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, la de Salud, Joselyn Chacón, y la de Educación, Katharina Müller, además del canciller Arnoldo André.
