El presidente de la República, Rodrigo Chaves, indicó este miércoles que “estaría cometiendo una injusticia” si destituyera a la actual presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), quien es imputada en el caso ‘Barrenador’ y fue recientemente suspendida en el cargo como medida cautelar.
La respuesta de Chaves en su habitual conferencia de miércoles posterior al Consejo de Gobierno, se dio luego de que la prensa le preguntara por qué no tomó con Esquivel la misma decisión que con el exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, quien fue destituido por el mandatario meses atrás.
“La acusación contra doña Marta es absurda, usted no puede comparar bananos con chayotes y chayotes con carros”, señaló Chaves.
En esa línea explicó nuevamente que la CCSS no tiene “contabilidad de costos” para establecer cuál es el costo de los servicios que la Caja presta.
El pasado 26 de septiembre, el gerente financiero de la CCSS, Gustavo Picado, indicó a este Semanario que adscrita a la Dirección Financiera Contable se encuentra el Área de Contabilidad de Costos. Esta unidad es la que ha elaborado este tipo de informes en convenios o contratos con cooperativas desde hace más de 30 años.
Este Área fue incluso la que alertó a las altas autoridades de la CCSS que el crecimiento global del costo en el total de las ofertas para administrar Áreas de Salud (10) era “excesivo”, sin que se lograra acreditar por parte de la Gerencia Médica una mayor complejidad, cantidad de servicios o mejoras significativas en la contratación actual; no obstante, esta alerta fue ignorada por los directivos.
Chaves indicó también este miércoles que si hoy se compra “un Hyundai y mañana un Ferrari” no se podría decir que hay un sobreprecio en este último.
“Son cosas diferentes, el número de horas trabajadas, horas de servicio, cantidad de procedimientos”, mencionó el mandatario refiriéndose a los contratos con cooperativas.
Caso Barrenador
El Ministerio Público mantiene una investigación abierta por la adjudicación de diez Áreas de Salud a cuatro cooperativas y una asociación.
Por este caso se investiga a ocho altos jerarcas de la CCSS, quienes habrían ejercido un aparente “control” sobre esta licitación, generando afectaciones a la institución por cerca de ₡124 mil millones durante un periodo de diez años debido a los sobreprecios; es decir, ₡12.400 millones por año.
Se trata de la presidenta ejecutiva de la institución y, Marta Esquivel, así como la recién nombrada gerente general, María de los Ángeles Gutiérrez; los directivos María Isabel Camareno (representante del Gobierno), Zeirith Rojas (representante de Uccaep) y Johnny Gómez (representante de Uccaep); y los exdirectivos Roberto Quirós (exrepresentante de la Uccaep), Jorge Araya (exrepresentante de la Uccaep) y Jorge Porras (exrepresentante del Gobierno).
A ellos se les investiga por los presuntos delitos de influencia contra la hacienda pública y tráfico de influencias.
Por este caso, el pasado 10 de octubre, el Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José suspendió en el cargo por seis meses a Esquivel (presidenta ejecutiva), Gutiérrez (gerente general) y tres directivos.
A estas medidas cautelares se suma no tener ningún tipo de contacto, perturbar o molestar a ningún testigo de la causa, ni influir de ninguna manera con la licitación cuestionada.
El pasado 17 de octubre, la Dirección Jurídica de la CCSS emitió un criterio, en el cual señaló que no corresponde remunerar a Esquivel ni a Gutiérrez mientras permanezcan suspendidas del puesto como medida cautelar.
