El presidente Rodrigo Chaves anunció este miércoles una denuncia penal contra Álvaro Ramos, su primer presidente ejecutivo designado para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y cinco miembros actuales de la Junta Directiva por aprobar el aumento salarial retroactivo para los funcionarios de la institución, ya en firme a pesar de los intentos del Ejecutivo por frenarlo.
La decisión la tomó el Consejo de Gobierno en su sesión semanal, según Chaves, quien aseguró que quedan suspendidos de manera inmediata los cinco directivos denunciados, por supuesto conflicto de interés en la decisión sobre el salario y en la oposición a aplicar el salario mínimo inembargable (ahora aprobado).
Chaves hizo pública la denuncia de tipo penal pero omitió decir el nombre de los cinco directivos señalados, aunque por los motivos expresados parece claro que cuatro de ellos son Martha Rodríguez, representante de sindicatos, José Luis Loría, del movimiento cooperativista, Jorge Arturo Hernández, de patronos, y Carlos Salazar, designado por el Poder Ejecutivo.
Estos fueron los integrantes mencionados en publicaciones de la prensa por tener vínculos familiares con personas que se verían beneficiadas directamente por el incremento salarial que provocó la salida de Ramos en septiembre y el nombramiento como presidente de la CCSS de Marta Esquivel, a quien Rodrigo Chaves había nombrado en mayo como ministra de Trabajo.
El pulso sobre el aumento salarial lo perdió el Gobierno, pero ahora surge el camino judicial, con las denuncias ante el Ministerio Público para que ahí se determine si hubo delito alguno, explicó Chaves en su conferencia de prensa semanal, junto a la presidenta de la CCSS. Esto, en paralelo a procesos administrativos para determinar las faltas, informaron, mientras el comunicado de prensa indica que se debió a “varias denuncias presentadas con ocasión de sus funciones”.
“Había un informe diciendo ‘no alcanza la plata, la Caja y el Seguro de Enfermedad y Maternidad entra en números rojos ahoritica, no es el momento de subir el salario’ y aún así ignoraron eso”, criticó Chaves.
Por eso decidieron, según la Presidencia, “dictar como medida cautelar la suspensión con goce de dieta de los citados funcionarios durante el tiempo en que se lleven a cabo dichos procedimientos administrativos”, se lee en el comunicado, donde no se menciona el respaldo legal para separar a los representantes ni la manera como serían sustituidos.
“No es una decisión fácil ni liviana, pero era un imperativo que el Consejo de Gobierno decidió adoptar de manera unánime en compromiso contra la corrupción, contra el mal manejo de recursos y contra el aprovechamiento de la posición personal para beneficiar a personas cercanas”, dijo Chaves.
Marta Esquivel dijo que los directivos incurrieron en incumplimiento de sus deberes al aprobar el descongelamiento del alza salarial omitiendo valoración actuarial y criterios técnicos que advertían la estrechez financiera para ello, la cual incluso obligará a frenar inversiones pronto para no entrar pronto en números rojos, dijo.
Además, Esquivel aseguró que los directivos incurrieron en irregularidades al nombrar a un gerente administrativo a un alto funcionario que se desempeñaba como Director Jurídico y que no cumplía los requisitos, al no estar incorporado al Colegio de Ciencias Económicas.