Carlos Ávila, viceministro de Transporte, y Marlen Luna, presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) conservarán sus puestos pese a ser investigados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, por supuestos vínculos al caso de legitimación de capitales conocido como Madre Patria.
Este miércoles, el OIJ decomisó los teléfonos celulares de Ávila; Luna; el diputado Leslye Bojorges, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); y la alcaldesa de San Ramón, María Gabriela Jiménez, también del PUSC.
Así lo confirmó el presidente de la República, Rodrigo Chaves, este jueves, quien aseguró pidió explicaciones a Ávila después de conocer las primeras noticias que lo relacionaban con el tema:
“Que lo mencionen a uno en un caso no significa que uno esté implicado. Don Carlos Ávila ni doña Marlen Luna, ni doña Lourdes Sánchez, ni la alcaldesa de San Ramón son imputados. Simplemente, lo que yo entiendo, es que el diputado Bojorges los llamó para cosas que la Fiscalía está investigando como posibles delitos. ¿Por qué voy a quitar a Carlos Ávila?”, indicó Chaves en declaraciones a medios de comunicación.
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Se decomisaron los teléfonos del diputado; la alcaldesa de San Ramón, María Gabriela Jiménez; el viceministro de Transportes, Carlos Ávila; y la presidenta del IFAM, Marlen Luna.
El mandatario agregó que hasta que no tenga “evidencia” en contra de Ávila o cualquier otro funcionario no lo destituirá y puso como ejemplo el caso de Marta Esquivel, la expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), quien fue imputada por el caso de corrupción conocido como Barrenador y ahora es ministra de Planificación.
La investigación que realiza el OIJ se trata sobre la operación de la red delictiva que presuntamente se apoderaba de bienes mediante fraudes registrales y en la cual aparentemente algunos funcionarios públicos facilitaban actividades criminales, según explicó el director del organismo, Randall Zúñiga.
El diputado socialcristiano explicó, en una conferencia de prensa, que asistió a una reunión, a solicitud de un grupo de vecinos de San José de Alajuela, para conocer un tema relacionado al servicio de buses de esa comunidad.
“Yo no tengo una bolita de cristal para saber con quién me reúno, quién es delincuente, quién es narcotraficante. Creí que me estaba reuniendo con un empresario de autobuses, que era una persona honesta y trabajadora. Yo no sabía que era un delincuente”, dijo Bojorges.
Aparentemente, Bojorges intervino ante Ávila para darle seguimiento al caso y agregó que los empresarios le ofrecieron “ayuda”, sin precisar de qué tipo. Más bien, el diputado señaló que les respondió que si querían “ayudar” debían hablar con Jiménez o el entonces candidato a alcalde de Alajuela, Arturo Campos.
Jiménez admitió haber recibido una “bolsa con monedas con menos de ₡100 mil” de manos de Jonatan Herrera, presunto testaferro de la supuesta red criminal que investiga el OIJ.
En un comunicado de prensa la alcaldesa dijo Bojorges la “embarcó” pero aseguró que no tiene nada de qué avergonzarse.
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