El presidente Rodrigo Chaves calificó de “circo” los allanamientos y detenciones hechos el pasado martes por el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a raíz del caso “Pista Oscura”.
En conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el mandatario indicó que lo hecho ayer por las autoridades fue además «un desperdicio de recursos”, “un acto desproporcionado” y “una provocación al pueblo de Costa Rica”.
“Lo que el país vivió ayer no fue una simple acción judicial, no fue un operativo. Fue una opereta más, una ópera bufa, una ópera para hacer el ridículo y hacer reír al asistente. (…) Es una acción intimidatoria para que mis colegas del Gobierno no hagan lo que haya que hacer en el país cuando haya que hacerse”, mencionó Chaves.
“(…) La payasada que hizo Carlo Díaz y Randall Zúñiga con el permiso de los titiriteros no va a amedrentar a este presidente de la República ni a nuestros colegas”, señaló el mandatario, quien además les envió una advertencia de que “no le jalen el rabo a la ternera”, haciendo alusión a la Guerra del 1948.
Durante la conferencia Chaves defendió el rol del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado; sin embargo, ni siquiera mencionó el nombre de su exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Mauricio Batalla. Ambos fueron el día de ayer detenidos por el Ministerio Público.
La Fiscalía Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el OIJ efectuaron este martes 22 allanamientos por una investigación de supuestas irregularidades en la declaratoria de emergencia de la tormenta Bonnie para realizar arreglos en la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber en Liberia.
Por este caso se ordenó la detención del exministro del MOPT y del presidente de la CNE; así como del director general de Aviación Civil, Marcos Castillo, y el jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la CNE, Henry Villalobos.
Los hechos que se les atribuyen son investigados en el expediente 24-000454-1218-PE, los cuales habrían iniciado en junio de 2023. Según el órgano acusador, la emergencia se justificó falsamente, porque se señaló que los daños en la pista fueron consecuencia de la tormenta Bonnie, cuando en realidad, las imperfecciones se habían presentado con anterioridad a los fenómenos naturales.
Una declaratoria de emergencia permite que los trámites de licitación de obra pública se simplifiquen y reduzcan, bajo el argumento de que se necesita de ellas en el menor tiempo posible. Esto significa que no se requiere del control previo de la Contraloría General de la República (CGR).
Ese era, presuntamente, el objetivo de uno de los imputados desde su puesto en la CNE, porque le solicitó al Gobierno incluir al cantón de Liberia en los decretos de emergencia nacional por la tormenta Bonnie y las ondas tropicales 11 y 12. Al modificar el decreto, se habilitó el proyecto “Rehabilitación por emergencias de pista de aterrizaje y obras pluviales del aeropuerto internacional Daniel Oduber” y se otorgó una contratación inicial por $39.9 millones adjudicada a la empresa Constructora MECO.
La FAPTA resaltó que mientras la obra se estaba efectuando, se identificaron incumplimientos contractuales de MECO, que presuntamente derivaron en presiones hacia funcionarios para cambiar el contrato y eliminar un proceso clave para la mejora de la pista: la sustitución de la base del pavimento. Esas presiones derivaron en el cambio del jefe de la unidad ejecutora (que expresó su negativa hacia las modificaciones). Esto hizo que el costo inicial de la licitación aumentará en casi $4 millones.
Las modificaciones también llevaron a realizar un recarpeteo superficial en lugar de una reparación integral, dejando la base dañada y comprometiendo la seguridad de la pista. A pesar de estas acciones, no se sancionó a la empresa por abandono de obras ni por incumplimientos de estas.
Según la Fiscalía, ese comportamiento generó daños económicos al Estado, porque se utilizaron recursos del Fondo Nacional de Emergencias para una obra que no se dañó por los fenómenos naturales antes mencionados, lo que hizo que se vulnerara la normativa de contratación pública.
“A las personas investigadas se les atribuye haber actuado en forma conjunta para dirigir el proceso mediante el cual se logró modificar el contrato entre la CNE y Constructora MECO para la rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto. Además, se les achaca que habrían aprovechado la influencia política y posición jerárquica que ostentaban para influir sobre funcionarios públicos para que firmaran la orden de modificación, lo anterior contrario a los criterios técnicos que se habían emitido respecto de la improcedencia de dichos cambios”, indicó el órgano acusador
