El gobierno del presidente Rodrigo Chaves está convirtiendo la emergencia en un estado cada vez más habitual.
La administración de Chaves muestra una mayor inclinación a firmar los decretos de emergencia, superando la norma de las anteriores gestiones: mientras que Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado firmaron cuatro en total, Chaves registra seis en menos de la mitad de su período, un 50% de aumento.
Esto está convirtiendo las declaraciones de emergencia casi en un estado ordinario para la gestión, en lugar de una situación extraordinaria: se pasa de un promedio de un decreto de emergencia al año, en cada uno de los tres gobiernos anteriores, a tres decretos de emergencia anuales en la actual administración.

Hay nueve decretos de emergencia vigentes (los seis de la actual administración y tres que subsisten del anterior gestión), y según el ministro de Agricultura, Víctor Carvajal, se trabaja en uno para el sector cafetalero, lo que continuará incrementado esta tendencia.
Simultáneamente, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) está viendo crecer explosivamente sus compras: pasó de un promedio anual de licitaciones de ₡1.600 millones durante diez años (2007 a 2016), a uno de ₡13.297 millones durante cinco años (2017 a 2021).
Tras una breve “pausa” en el 2022 de ₡8.573 millones, durante los dos últimos años ha superado los ₡28.000 millones en compras adjudicadas, cada uno (ver gráfico). Hay que tomar en cuenta que, en el 2024, los datos de la Contraloría, apenas son con corte al 15 de marzo, por lo que el monto debería crecer.
Y debe sumarse que están tocando la puerta dos créditos internacionales, uno del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $700 millones, aprobado por la Asamblea Legislativa en febrero, y otro del Banco Mundial, por $350 millones, anunciado el 8 de marzo.
Más allá del desastre
No todas estas declaratorias parecen encuadrar en una situación de desastre, que requiere de atención inmediata, principalmente eventos climáticos como huracanes o terremotos.
Aunque la administración Chaves incluyó eventos climáticos como el huracán Julia (43754 MP), la tormenta tropical Bonnie (44072 MP) y la zona de convergencia intertropical (43752 MP), también usó esta definición para afrontar el ciberataque a instituciones públicas (43542 MICITT), la situación en Crucitas (43949 MP) e incluso los flujos migratorios (44219 MP). Asimismo, recurrió a un decreto (44072 MP) para ampliar los alcances de la situación de Bonnie, un año después, e introducir a Liberia como zona afectada, para poder intervenir la pista del aeropuerto Daniel Oduber.
En el pasado ya se había incluido eventos no relacionados con el clima, como en el 2011 (36440 MP), en el que se alegó que incursiones de Nicaragua en territorio fronterizo urgían intervenir la zona (fue la justificación para la construcción de la trocha), o en el 2020 (42227 MP), con la pandemia del COVID-19, pero fueron excepciones.
Asimismo, puede evidenciarse que se convirtieron en protagonistas de algunas de las investigaciones alrededor del uso de los fondos para emergencias, que se presentan con cierta frecuencia (ver recuadro: Emergencias en rojo).
Emergencia fuera de control
Para Iván Brenes, expresidente de la CNE, hay un problema en el punto de partida. “El marco de la ley 8488 (de Emergencias) es claro: el decreto de emergencia debe emitirse en casos de conmoción o calamidad pública. Hay que diferenciar si lo que se quiere hacer por decreto puede hacerse por vía ordinaria. Por ejemplo, la infraestructura vial puede ser necesaria, pero obedece a labor ordinaria”, manifestó.
Brenes se refiere a una creciente tendencia a tratar de recurrir a la figura de los decretos de emergencia porque permite agilizar trámites y acelerar la construcción de obras necesarias, pero también destacó que viene aparejado a una reducción de controles, que puede ser puerta para actos de corrupción, o pérdidas por fiscalización deficiente.
En ese sentido, en el informe DFOE-AE-IF-00011-2019, la Contraloría encontró que, de las obras realizadas del 2013 al marzo del 2019 por la CNE y unidades ejecutoras, los costos se incrementaron por falta de mecanismos que aseguraran la calidad de estos procesos: en casi una cuarta parte de las obras (23%) el costo final aumentó más de un 44%, y en casi el 90% se registraron retrasos de casi ocho meses.
Pero los temas de control se volvieron más críticos con los créditos que ingresarán a la CNE: en el de los $700 millones, una tercera parte se destinaría para construir obras de emergencia, por lo que no seguirían los controles de licitaciones ordinarias, mientras las dos terceras partes restantes se usarían para obras en riesgo inminente, por lo que seguirían las reglas de licitaciones del BCIE.
En ambos casos, la ruta está sazonada de escándalos: la licitación para la pista del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, por ₡21 mil millones, culminó con la destitución del ministro de Transportes Luis Amador, acusado por el propio presidente Chaves de dejar pasar una cláusula que favorecía únicamente a la empresa Meco, que ganó el cartel. Por otra parte, licitar con el BCIE también generó polémica, por la licitación internacional que se adjudicó a la empresa Nocaut, de Christian Bulgarelli, quien fue llamado por Casa Presidencial para participar en la redacción de los términos de referencia de ese cartel.
Es decir, a las observaciones sobre la inconveniencia de tratar de recurrir a la figura de la emergencia para agilizar obras de la gestión ordinaria, se suman escándalos crecientes por amaños a figuras supuestamente técnicas y que la Fiscalía investiga… incluyendo al presidente.
Para Brenes, hay que pensar en un papel diferente de la Contraloría, que no se limite a revisar si las obras se incluyen en las respectivas declaratorias de emergencia, sino en avalar si las declaratorias corresponden a auténticas situaciones de conmoción.
Empero, todavía es una situación que no se concreta. Mientras tanto, las emergencias siguen al alza… en los decretos y en la cantidad de recursos.
Emergencias en rojo
La primera ley de emergencias en el país se promulgó en 1969, a raíz de las erupciones de los volcanes Irazú y Arenal en la década, y facultaba a la Asamblea Legislativa a declararlas. Eso se modificó en 1983, en el gobierno de Luis Alberto Monge, que facultó al Poder Ejecutivo a decretar las emergencias. A su vez, inició varias polémicas con el manejo de estos fondos.
Juicio al expresidente Monge: El exmandatario Luis Alberto Monge fue enjuiciado con otros 18 funcionarios públicos en 1993, acusados de cometer un fraude por ₡300 millones al fondo de emergencias durante su gestión.
Salida de Gallardo: En el 2009, el presidente ejecutivo Daniel Gallardo renunció en medio de un escándalo por la adjudicación de contratos a proveedores, particularmente a exclientes de Gallardo cuando ejercía como abogado. La Fiscalía allanó las oficinas de la CNE para investigar las denuncias.
La ruta de la Trocha: En el 2012 se presentaron nuevos allanamientos a las oficinas de la CNE y de la presidenta ejecutiva Vanessa Rosales, por las investigaciones de los recursos que se desviaron del proyecto de la Trocha fronteriza, que se enmarcó en una declaratoria de emergencia.
Salpicados por cemento: En el 2017 se volvieron a presentar allanamientos de la Fiscalía a la CNE, en esta ocasión por el caso de la importación de cemento de Juan Carlos Bolaños, conocido como cementazo. Se investigaba si hubo influencias de exdiputados para dar ventajas indebidas a la empresa Sinocem, para participar en contrataciones convocadas por la CNE.
Alianza público-privada en la lupa: En el 2021, la Contraloría y la Procuraduría investigaron la venta de 10.000 paquetes de víveres de la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) a la CNE. Cuatro ministros fueron incluidos como parte del proceso.