Desde ciberataques hasta movimientos de migraciones, desde la reparación de la pista de un aeropuerto a su más reciente valoración de construir una megacárcel en el país, la administración del presidente Rodrigo Chaves ha demostrado una fuerte inclinación por recurrir al procedimiento excepcional de adquisiciones de emergencia, una actitud que además de llevar al límite las definiciones de las situaciones de urgencia, también entra en sintonía con los constantes esfuerzos de esta gestión por eludir los controles en las compras públicas.
Las declaraciones de emergencia se han acelerado desde la llegada de la administración de Chaves, que ya cuenta con nueve decretos en esta materia, superando a las anteriores administraciones, que en promedio llegaron a realizar una declaratoria de emergencia al año (ver gráfico). Sin embargo, cuando todavía falta un año a la actual gestión, ya las superó y, si mantiene su promedio de tres decretos por año, podría casi igualar la totalidad del desempeño de los tres gobiernos anteriores.
También es notable el aumento en los montos de las compras. Según los datos del Sistema Integrado de la Actividad Contractual de la Contraloría General de la República, las compras de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) pasaron de ₡696 millones en el 2015 a ₡69.688 millones en el 2024; esto es un crecimiento de aproximadamente 100 veces (9,912%), con un notable incremento en los dos últimos años (ver gráfico).
En esta década, esas compras de la CNE, que hasta el 2019 no alcanzaban un 1% del total de las compras del sector público, se incrementaron hasta más del 4% el año pasado, y en los primeros meses del 2025 representan casi un 10% (ver gráfico), lo que evidencia su creciente peso. A manera de comparación, puede indicarse que el monto de las compras públicas solo aumentó un 79% en esta década, pasando de ₡876.942 millones en el 2015 a ₡1.572.998 millones en 2024.
En medio de estos montos, debe resaltarse la aprobación del crédito del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri) en febrero del 2024, por $700 millones (más de ₡350.000 millones, al tipo de cambio actual), para desarrollar 502 obras catalogadas como de “riesgo inminente”, que se habrían quedado rezagadas de anteriores procesos de emergencia.
Precisamente la ejecución de este programa está reviviendo los fantasmas de la falta de controles adecuados para las emergencias, que en la actual administración se estarían acrecentando.
Fantasmas muy vivos
Hay antecedentes para llamar la atención sobre problemas con el control en las compras de emergencias. En el informe DFOE-AE-IF-00011-2019, la Contraloría encontró que, de las obras realizadas del 2013 al marzo del 2019 por la CNE y unidades ejecutoras, los costos se incrementaron por falta de controles de estos procesos: en casi una cuarta parte de las obras (23%) el costo final aumentó más de un 44%, y en casi el 90% se registraron retrasos de casi ocho meses. Eso se habría traducido en una gestión deficiente de ₡78 mil millones.
La experiencia con el Proeri no ha dado señales de que esto vaya a cambiar, sino todo lo contrario: la auditoría DFOE-SOS-IAD-00016-2024, realizada por la Contraloría General en febrero, alertó sobre ausencia de controles en proyectos de peligro inminente, la insuficiencia de controles previos a la ejecución y debilidades en el portafolio de inversiones.
El más reciente ejercicio, lejos de despejar las brumas, las acrecentó: en el reporte de fiscalización DFOE-SOS-RF-00001-2025, del 31 de marzo, identificó que se presentaron deficiencias en la definición y contratación de las firmas implementadoras. Al respecto, ante la comisión de Hacendarios, la contralora Marta Acosta denunció que se contrató a una misma firma para que realizara las funciones de supervisión, control y ejecución del programa, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops). “La normativa de control interno es clara, las instituciones deben garantizar la separación de funciones incompatibles, para que el control no recaiga en una misma organización”, dijo ante los diputados.
Adicionalmente, debe acotarse que la contratación directa de la firma Unops para supervisar y controlar este programa pareciera una decisión polémica, dados los enfrentamientos entre la Contraloría y esta organización, que se resiste a brindar información, alegando que solo reconoce un concepto de “auditoría única” de las Naciones Unidas.
Definir la emergencia
UNIVERSIDAD quiso consultar con Alejandro Picado, presidente de la CNE, sobre la situación generada por la fiscalización de Proeri, incluida la contratación directa de Unops, pero no se recibió respuesta para el cierre de la presente edición. También, se remitieron preguntas sobre el incremento en las contrataciones de las emergencias, lo que remite a un procedimiento de excepción.
Aquí debe indicarse también la creciente tendencia de recurrir al marco de la ley 8488, que permite un procedimiento de compras más ágil que el procedimiento ordinario de la licitación. Al respecto, el expresidente de la CNE, Iván Brenes, ha resaltado en ocasiones anteriores un creciente uso de figuras cuya calificación de emergencia es cuestionable. “El marco de la ley 8488 (de Emergencias) es claro: el decreto de emergencia debe emitirse en casos de conmoción o calamidad pública. Hay que diferenciar si lo que se quiere hacer por decreto puede hacerse por vía ordinaria. Por ejemplo, la infraestructura vial puede ser necesaria, pero obedece a labor ordinaria”, manifestó.
Al respecto, debe recordarse que desde la administración de Laura Chinchilla se generó polémica cuando se decretó una emergencia provocada por factores que no eran climáticos o naturales: en lugar de lluvias, inundaciones, sismos o erupciones, se alegaron las incursiones de Nicaragua en la frontera, lo que sería la base para la trocha (Decreto 36440-MP, en 2011). Posteriormente, en la administración de Carlos Alvarado se fundamentó la declaración en la epidemia del COVID-19 (Decreto 42227-MP-S, del 2020).
Sin embargo, la creatividad ha sido más amplia con la gestión de Rodrigo Chaves, que incluyó el ciberataque (42545-MP, de 2022), los problemas para controlar la situación en Crucitas (43949-MP, del 2023), la crisis migratoria (44219-MP-MS) e incluso la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber (44072-MP, en 2023). Esta también estuvo matizada de polémica, por el plazo que había transcurrido desde la declaración de la emergencia de Bonnie (43626-MP, en junio del 2022), la utilización de información que no correspondía para justificar su inclusión (como fotografías de incidentes anteriores) y la realización de la junta directiva de la CNE de tan solo 15 minutos para tomar esta decisión.
En línea con los esfuerzos de la actual administración para eludir controles (ver recuadro: “La obsesión de Zapote…”), no extrañan estas acciones, que apuntan a ser actualizadas con lo que podría ser una nueva prioridad en la administración: la construcción de una megacárcel para 5 mil personas, recurriendo a procedimientos de emergencia. En esa dirección se ha manifestado el ministro de Justicia Gerald Campos, quien en entrevistas en medios como Repretel y Columbia ha indicado que el problema para esta cruzada no son los recursos, sino que “lo engorroso en Costa Rica es el proceso de licitación y la etapa previa”, por lo que analizan la ruta de la factibilidad de declarar la situación de seguridad como emergencia —algo que el presidente Chaves desechó en octubre del 2023, ante una petición de la Asamblea Legislativa por el aumento histórico de homicidios en el país— y buscar procedimientos de contratación de urgencia.
El objetivo del Gobierno es evitar que el proyecto tenga que pasar por controles de la Asamblea Legislativa —como ocurriría con un préstamo— o por un refrendo de la Contraloría, alegando que es la única forma de que se construya antes de que la actual gestión deje el poder.
La obsesión de Zapote por eludir controles
Meco, el proveedor estrella
