La Contraloría General de la República (CGR) y la Organización Internacional de Trabajo (OIT) expresaron sus dudas sobre el texto sustitutivo del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, presentado por el Poder Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa.
La propuesta del Gobierno contempla cuatro puntos esenciales: nuevas reglas para nuevas personas servidoras públicas, según estándares de la OCDE, un único régimen de empleo público integrado por ocho «familias», una única escala salarial y un nuevo esquema de reclutamiento.
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Proyecto con omisiones, según Contraloría
El informe de la Contraloría General de la República, firmado por la gerente de División Fiscalización Evaluativa y Operativa, Amelia Jiménez, y el gerente de División Jurídica, Luis Diego Ramírez González, señala que el proyecto de ley omite puntos importantes para la regulación del empleo público.
Entre las faltas se señalan que el proyecto no señala la forma en la que se abordarían los cambios en materia económica.
“Por ello, se requiere además que la ley marco de empleo público defina los postulados básicos para su implementación y ejecución. Lo anterior, con la finalidad de garantizar un equilibrio fiscal razonable, y permita un ordenamiento de la materia de remuneraciones y un uso racional de los recursos públicos”, detalla el informe.
Otras falencias señaladas es que el proyecto carece de una cobertura que alcance a todo el sector público, ya que deja por fuera a instituciones como banco, ICE e INS, así como que requiere un ajuste en las disposiciones del subsistema de compensación para hacerlo más sencillo.
“Se advierte que el proyecto omite establecer disposiciones que resultan de alta relevancia sin las cuales la posible entrada en vigencia de la ley marco enfrentaría dificultades para su cumplimiento y principalmente la
consecución de sus objetivos”, concluye el señalamiento de la CGR.
OIT advierte inconsistencias
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) también expresó sus preocupaciones por el proyecto de ley, a través de un memorándum técnico redactado por el Departamento de Normas Internacionales y de Gobernanza, a partir de una consulta formulada por la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.
Entre las observaciones, la OIT señala inconsistencias en las normas transitorias del proyecto, particularmente a las normas concernientes a las remuneraciones, y cuestionamientos en materia de derechos adquiridos o en curso de adquisición.
El memorando recomienda revisar las normas transitorias y las asociadas, con la finalidad de evitar controversias aplicativas y conflictos de respeto de los derechos adquiridos.
Un segundo punto es que el proyecto no se refiere a los derechos colectivos, particularmente la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, ya que no contempla espacios de consulta con las organizaciones de las personas servidoras públicas.
Además, la organización indica que la propuesta omite aspectos en materia de igualdad y no discriminación, como medidas a favor de las mujeres, para corregir la brecha salarial, y servidores pertenecientes a pueblos originarios.
“Ejecutivo debería retirar proyecto”
Con este panorama, el abogado Manuel Hernández, experto en derecho colectivo de trabajo, considera que el Ejecutivo debería desistir de su intención de que se aprueba la propuesta de ley de empleo público.
“Por tratarse de un proyecto impresentable, fallido, jurídica y constitucionalmente inviable, insubsanable, debe retirarlo de la actual convocatoria del período sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa”, afirmó.
Además, Hernández asegura que el Gobierno deberá entablar conversaciones con los trabajadores para llegar a un proyecto de ley que se más adecuado.
“El Ejecutivo debe pactar con los sindicatos un proceso de diálogo social, como lo previene la misma OIT, con la finalidad de construir un proyecto que, por una parte, modernice y fortalezca la prestación de los servicios públicos, cuya imprescindibilidad y necesidad, en estos tiempos de emergencia sanitaria, ha quedado más que demostrada ,y por otra, un proyecto que respete, promueva y desarrolle la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva en la función pública”, dijo el experto.
