La Contraloría General de la República (CGR) se sacudió este martes ante los cuestionamientos hechos por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien arremetió en horas de la mañana contra este órgano por frenar el proyecto de Marina y Terminal de Cruceros en la provincia de Limón, el cual sería desarrollado con capital privado en terrenos de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
Chaves arremete contra CGR por frenar desarrollo de Marina y Terminal de Cruceros en terreno de Japdeva
El mandatario indicó este martes que la interpretación que hace la Contraloría de que todo en el país debe ser construido bajo licitación y con recursos del Estado es “arbitraria” y “absurda”. Agregó también que “la contralora está sentada en la galleta y no se va a mover”.
Mediante un comunicado de prensa, primeramente la CGR destacó que no ha emitido ningún criterio específico ni producto de fiscalización sobre el proyecto de la Terminal.
Asimismo, indicó que recientemente recordaron a Japdeva, sin referirse a ningún proyecto en particular, “su obligación de regular reglamentariamente y recurrir a la figura de alianzas estratégicas conforme los límites establecidos por el ordenamiento, de tal forma que no podrá ser utilizada para suplir infraestructura, conforme las mismas normas que autorizan la excepción de alianzas estratégicas, y el marco normativo preexistente en cuanto a concesiones y alianzas público privadas”.
A este recordatorio se sumó su “obligación de valorar la procedencia de recurrir a cualquier figura habilitada para efectos de suplir bienes, servicios y servicios de construcción; conforme el principio constitucional de licitación”.
La CGR confirmó este martes también la existencia de una denuncia presentada por particulares contra Japdeva por la emisión del Reglamento de Alianzas Estratégicas, argumentando que dicho instrumento violenta las normas de contratación pública al crear nuevas excepciones a las legalmente establecidas.
Sobre esta denuncia, la Contraloría recordó que por la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y la Ley General de Control Interno, no le era posible dar copia a terceros de dicha denuncia.
Asimismo agregaron que las acciones o la aplicación del reglamento citado son responsabilidad de JAPDEVA, reiterando que el “proyecto de construcción de la marina y terminal de cruceros de Limón” no ha sido objeto de análisis en la gestión de la denuncia mencionada y, por lo tanto, no es la Contraloría General de la República la responsable de las decisiones que haya tomado al respecto las autoridades correspondientes de gestionar dichos proyectos.
Chaves arremete contra CGR
Este martes por la mañana en conferencia de prensa en el Parque Vargas de Limón, el presidente de la República, atacó a la CGR alegando que frenaron el proyecto debido a su interpretación de que Japdeva no puede desarrollarlo bajo una alianza estratégica. Todo esto en contraposición a lo que autoriza la Ley No. 9764 del 15 de octubre del 2019, la cual según Chaves, le permite realizar alianzas estratégicas
“La CGR dice que cualquier cosa que ustedes hagan para Limón tiene que ir por contratación pública y licitación. ¿Saben qué significa eso? Que tendríamos que ir a emitir deuda por casi $1.000 millones para que Japdeva con deuda pública contrate la construcción de eso, o quitarle plata a seguridad pública o educación”, externó Chaves molesto, en una conferencia de prensa realizada este martes en el Parque Vargas ubicado en el cantón central de Limón.
Chaves criticó también la denuncia recibida por la CGR. Sobre esta señaló que el Gobierno ni siquiera sabe sobre qué trata la misma.
“¿Por qué Japdeva no puede contribuir con 27 hectáreas a un negocio de más de $1.000 millones que va a generar empleos. ¿Por qué Japdeva no puede construir junto con capital privado en su propiedad? La denuncia anónima no sabemos de quién es y no le podemos decir qué dice…No tengo pruebas pero tampoco dudas, esto está asociado con Ciudad Gobierno. La CGR nos protege contra nuestro propio desarrollo”, añadió.
Según las estimaciones del Gobierno, el proyecto que actualmente se encuentra frenado por la CGR generaría 23.000 empleos directos e indirectos, atracción de inversiones y desarrollo en la provincia de Limón.