Marta Acosta, contralora general de la República, afirmó que la magnitud del déficit fiscal implica que este 2018 representa un “punto de inflexión” y que “postergar los ajustes” que considera necesarios sólo hará el proceso “más costoso, especialmente para los más vulnerables”.
Fue durante la presentación de la Memoria Anual 2017 –el pasado 3 de mayo– que la funcionaria alzó la voz de alarma, ya que, para la Contraloría General de la República (CGR), las inversiones aún no recuperadas hechas por el gobierno en el Banco de Crédito Agrícola de Cartago (BCAC) –que se trataron en primera instancia de ¢100.000 millones y luego de otro gasto de $50 millones–, elevarían el déficit fiscal del reconocido 6,2% del PIB (Producto interno Bruto) a un 6,6%.
Por ello, Acosta hizo un “llamado vehemente a toda la sociedad para asumir la responsabilidad de crear y mantener condiciones estables”. Esa responsabilidad, según señaló, pasa por la aprobación de iniciativas de ley que ya han generado polémica, como las que tiene que ver con reformas al empleo público o la reforma fiscal que ha tomado la forma del proyecto de ley de fortalecimiento a las finanzas públicas.
Si bien la saliente administración Solís ha coincidido en el tono de “urgencia de contar con una reforma hacendaria integral, que permita dar sostenibilidad a las finanzas del Estado y garantizar su operatividad”, como consta en un comunicado de enero, el Ministerio de Hacienda se aferra a las cifras ya divulgadas.
Martha Cubillo, viceministra de Egresos y tesorera nacional, observó que las inversiones realizadas en el BCAC “se hicieron de corto plazo, por lo que no tienen una partida presupuestaria”. Detalló que, al quedar sin cobrar al 31 de diciembre, “el registro que se realiza es contable y en cuentas por cobrar, así se revela en los estados financieros, lo que se informó” a la CGR.
Cubillo añadió que “la regulación presupuestaria, y el reconocimiento como inversión de largo plazo, se realizará una vez que se recupere o se renegocie la deuda de Bancrédito. Se está a la espera de la aprobación del proyecto de ley que define el destino de dicha entidad”.
SACRIFICIO COLECTIVO
La CGR señaló debilidades en el registro presupuestario, como “posibles sumas pagadas de más en el MEP”, que cifró en ¢3.535 millones, o unos ¢2.530 millones girados de más en regímenes de pensiones, lo cual incluso puede abarcar el pago a personas ya fallecidas.
Además, Acosta llamó la atención sobre el financiamiento de gastos corrientes con endeudamiento, fenómeno en el que inciden los famosos destinos específicos de gasto determinados por disposiciones legales y constitucionales.
Abordada por UNIVERSIDAD, la funcionaria se refirió al problema de los destinos específicos y observó que “a través de los años hemos venido llenándonos de esas obligaciones de carácter legal y hasta constitucional, y nadie ha hecho un alto en el camino para analizar si deberían de continuar o no; si siguen siendo importantes para el país o si, más bien, hay que darle destino específico a otras actividades. Nadie se ha puesto a analizar si deberán ser periódicos, temporales”.
Subrayó que las transferencias al 2017 absorben un 35% del presupuesto nacional y aseguró que “ahí hay temas vitales para el país como educación, pero hay otros, muchos, que no son tan relevantes o que por lo menos el país debería analizar si deben continuar o no”.
Ante la realidad de que el proyecto de reforma fiscal enfrenta oposición amplia de sindicatos y movimientos sociales, Acosta lamentó que “existe bastante desinformación sobre el tema fiscal; quizás las personas no han logrado comprender qué es lo que realmente sucede y qué está provocando esto, y cuáles son las medidas que se deberían de tomar”.
“El déficit es tan grande, que todos vamos a tener que sacrificar. Aquí nadie está contra el empleado público, ellos no tienen la culpa de todas las leyes que a través de los años se han ido generando, pero sí creo que hay que poner orden y no es solo en el tema de la remuneración. Esto empieza por cómo estoy contratando, capacitando, generando ascensos o evaluando a la gente”, aseveró.
La contralora general también recordó que, además del dato de 2013 de que la evasión alcanza el 8,22% del PIB, la CGR ha detectado que un 60% de los profesionales liberales no declaran lo que corresponde y que el 22% de los grandes contribuyentes declaraban cero impuestos, porque declaran cero utilidades o que tenían pérdidas. Más recientemente, la misma CGR divulgó que el 27% de las grandes empresas territoriales –cuyas rentas brutas o activos superan los ¢20.000 millones– declaró cero utilidades durante periodos de tres y cuatro años.
“Es un tema importante que el país tiene que revisar y que Tributación Directa tiene que corregir y tratar de recuperar. Ese 8% (del PIB) no lo van a recuperar en tres meses, es imposible, pero sí por lo menos tomar medidas para que a futuro haya menos evasión”, manifestó.
MEDICINA FUE PEOR
El economista y director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia (CICDE-UNED), Luis Paulino Vargas, se refirió a la situación de la inversión hecha en el BCAC, y dijo que se supone que es un dinero que el Gobierno debería poder recuperar, pues debe haber una liquidación del banco, “hay activos del Banco que en algún momento tendrían que ser vendidos”.
“No estoy seguro si es correcto lo que la Contralora dice”, pues insistió en que esos fondos representan una cuenta que debería poderse cobrar una vez que se dé la liquidación de los activos del banco. “En sentido estricto la Contralora tiene razón, pero hay que tomarlo con cuidado porque aparentemente es un dinero recuperable para el gobierno”, afirmó.
Observó que la situación de déficit fiscal podría implicar un “castigo” de parte de calificadoras internacionales de riesgo, que incida de manera negativa en la entrada de flujo de capital al país por la vía del endeudamiento, lo cual a su vez afectaría a quienes en el sector privado se han endeudado en dólares.
Pero apuntó que esas calificadoras “ya nos han castigado duramente, nos han bajado la nota y eso no ha tenido grandes consecuencias hasta el momento”.
Empero, coincidió en que el déficit se está convirtiendo en un grave problema, pues el aumento de la deuda obliga a pagar “un dineral” por concepto de servicio de la misma deuda e intereses. Detalló que más del 30% del presupuesto se va al pago del principal y de intereses, más de lo que se paga en remuneraciones, que ronda un 28%. “Es una razón poderosa para decir que tenemos que controlar el déficit”, subrayó.
“Toda esta gente, como la misma contralora, que tiene esa forma de pensamiento económico ortodoxo, enfatiza el déficit fiscal y la deuda pública, y pierde de vista a deuda privada”, afirmó. Asimismo, explicó que hay altos niveles de dolarización de las deudas privadas, alrededor del 40%, y que en los bancos privados más del 70% del crédito otorgado es en dólares.
“Si se diera una situación como la descrita de desconfianza, bajón de los flujos de capital y devaluación, podría haber problemas serios en el sector privado por el alto nivel de endeudamiento en dólares”, dijo.
Así, aseveró que el país enfrenta un “escenario problemático, dentro del cual el déficit fiscal es un aspecto importante pero no el único”.
Enfatizó la necesidad de que las remuneraciones y transferencias del Gobierno crezcan a un ritmo razonable, “que no se salgan de control”, algo que, según dijo la administración Solís, lo logró “en alguna medida” en el caso de las remuneraciones. Pero el caso de las transferencias “es delicado porque hablamos de cosas muy importantes como municipalidades, universidades, instituciones públicas tan necesarias como el INAMU o PANI”.
Asimismo, añadió que el proyecto tributario que está en la Asamblea Legislativa está “mal concebido, tiene una serie de errores importantes; es un proyecto inequitativo, no contribuye a modernizar el sistema tributario en términos de hacerlo más justo”.
“Si se quiere resolver el problema fiscal, hay que tener en cuenta que la mejor ministra de Hacienda es una economía dinámica que genere empleos”, con lo cual riñe el proyecto de ley, pues “es regresivo, inequitativo, mal diseñado porque no toma en cuenta la situación de economía y empleo, y, por ello, arriesga con agravar una situación que ya es mala e impactar negativamente en las finanzas públicas. Puede ser una medicina para el problema de finanzas públicas que las impacte de manera negativa”.
