El Sistema Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), una plataforma diseñada para precisar las necesidades de la población pobre del país, tiene debilidades en la actualización de la información que le reduce utilidad y que podría inducir a decisiones políticas equivocadas.
Esto concluyó la Contraloría General de la República (CGR) en una auditoría especial sobre la operación del sistema que utilizan 78 instituciones públicas usuarias con al menos 42 programas sociales integrados en la plataforma adscrita al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Aunque la CGR determinó que el Sinirube cumple «en un sentido amplio» con los objetivos para los cuales fue creado en 2013 mediante la ley 9137, pero un 95% de las instituciones (75) no remiten la información con la frecuencia convenida para actualizar la base.
«Además, se visualizan casos en que el personal del Sinirube encargado de actualizar la información proveniente de las instituciones, se atrasa en la carga de información», indica el reporte de la Contraloría. Esto implica que un 32% de los
usuarios perciben que el sistema «no cuenta con información actualizada y ajustada a la realidad», dice el informe, basado en una encuesta realizada en octubre de 2020.
Como ventajas, la CGR indica que el sistema es accesible y responde a las necesidades en términos generales, con el problema de actualización y de que no todos los funcionarios están debidamente capacitados.
