“Las decisiones que haya tomado la Defensora no se basan en ningún criterio generado por la Contraloría para tal efecto”.
Con esta frase la Contraloría General de la República (CGR) descarta responsabilidad alguna en la decisión que tomó el lunes la defensora, Catalina Crespo, de desintegrar al Consejo Director interno cuyos que funcionaba como contrapeso y cuyos miembros han criticado de manera abierta la gestión de la jerarca.
La CGR envió su reacción al conocer uno de los argumentos dados por Crespo en un comunicado público, según el cual se había basado en un criterio de la contralora, Marta Acosta.
“La respuesta de la Sra. Contralora, permite zanjar una serie de dudas y cuestionamientos que se habrían generado durante las últimas semanas en nuestra institución, por lo que mediante Acuerdo N°2290, se decidió modificar el artículo 29 y 29 bis del Estatuto Autónomo de Organización, Acuerdo N°528-DH”, fue la afirmación de Crespo desmentida después por la CGR.
El oficio DC-0242 de la Contraloría, en respuesta a la consulta oficio DH-0548-2020 del 21 de julio (declarado confidencial por Crespo), solo describe las potestades y tareas del órgano que en la CGR se llama “Consejo consultivo”, pero no se refiere a las particularidades de la Defensoría de los Habitantes.
El desmentido de la CGR se suma a la molestia expresada por 82 de los 157 funcionarios de la Defensoría, quienes firmaron el miércoles una carta dirigida a los diputados para que abran una investigación por considerar que esta decisión está cargada de autoritarismo, lo cual se suma a una serie de cuestionamientos que se arrastran desde el mes de julio detonados por el manejo de la investigación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
