La Contraloría General de la República (CGR) confirmó este martes el incumplimiento del Poder Ejecutivo de las reglas necesarias para financiar y desarrollar el proyecto llamado Ciudad Gobierno, el complejo de edificios gubernamentales planteado por gobiernos anteriores que la administración de Rodrigo Chaves ha adoptado como una prioridad.
Después de objeciones señaladas ´por la CGR semanas atrás, las cuales dieron al traste con el deseo de Chaves de lanzar el inicio del proyecto en la celebración del 15 de Septiembre, la entidad contralora notificó que rechazó la apelación presentada por la titular del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), Laura Fernández, y del Ministerio de Hacienda, Nogui Acosta.
La resolución R-DC-00114-2023, de ayer 27 de noviembre de 2023, mantiene la posición expresada en un oficio de advertencia sobre el tema Ciudad Gobierno del 4 de septiembre, que es parte de la investigación de una denuncia que tramita la CGR. La entidad contralora señala incumplimiento de la regla que señala que sólamente sobre terrenos privados se permite el arrendamiento de bienes inmuebles, además de afirmar que la ley no ampara encargar directamente a un tercero el diseño y construcción de obra pública a la medida, como se quiere hacer en este caso con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Gobierno pretende iniciar en 2023 obras de ‘Ciudad Gobierno’ en alianza con BCIE
La CGR también advierte que el arrendamiento financiero es una forma de endeudamiento del Estado, por lo cual debe someterse a la aprobación de la Asamblea Legislativa, y que el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública “no contempla el diseño, construcción en terrenos públicos, arrendamiento, administración y posterior transferencia de los bienes al Estado”.
Así se había señalado en septiembre, cuando la CGR dictó un criterio que “advierte al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y al Ministerio de Hacienda, a sus jerarcas y a cualquier titular subordinado, sobre la obligación de que durante todas las fases del Proyecto “Ciudad Gobierno”, las actuaciones desplegadas se ajusten al marco jurídico y técnico vigente, y se adopten todas las medidas de control interno requeridas para tal fin”.
Explicaba así: “no es posible utilizar la figura de compra y arrendamiento de bienes inmuebles prevista en el artículo 67 de la LGCP para contratar de forma directa el objeto indicado por la administración, siendo lo procedente someterse a los procedimientos ordinarios de contratación previstos en la ley; debiendo garantizar durante toda la contratación el cumplimiento del principio de transparencia, de manera que los actos que se emitan sean accesibles de manera libre e igualitaria por parte de los intervinientes y de cualquier persona interesada”.
En la misma respuesta la Contraloría rechazó estar provocando un atraso del proyecto, pues señala que que el propio Poder Ejecutivo eligió presentar la apelación y que el proyecto está aún en fase de diseño, no de ejecución.
Chaves, quien desde el 2022 dijo que encargaría el desarrollo del proyecto al BCIE para que construyera y alquilara oficinas al Estado, para entregarlas a este al cabo de los años, ha reaccionado con críticas a la Contraloría y en concreto a la contralora general, Marta Acosta. Este tema fue el que provocó que Chaves en una conferencia de prensa hiciera el gesto de poner una pistola en la cabeza de un jerarca, aduciendo que así es como está haciendo la CGR con el Ejecutivo en este proyecto.
