Costa Rica tiene acceso a 354,05 millones más en Derechos Especiales de Giro (DEG), como parte de la nueva asignación general de esos recursos que hizo la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI), el 23 de agosto pasado, con el objetivo de que las naciones integrantes de la entidad puedan usarlos para atender los desbalances financieros agravados por la pandemia de Covid-19.
El presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero, dijo a UNIVERSIDAD que los nuevos fondos, en el caso de nuestro país, son equivalentes a $502,21 millones.
El nuevo monto equivale a una doble asignación de la cuota que le corresponde a Costa Rica de acuerdo con su participación como socio del organismo.
Lo anterior, porque, descontando las fluctuaciones cambiarias, los $502,21 millones en DEG del mes pasado son un monto similar a los $521,7 millones entregados por el FMI a Costa Rica en abril de 2020 como apoyo de emergencia del organismo por la pandemia de Covid-19 y eran equivalentes al 100% de la cuota que le corresponde en el organismo.
Estos recursos ya se integraron a la cuenta de activos externos del banco, confirmó el BCCR y, al aumentarse las Reservas Internacionales Netas (RIN), permitirán “reducir la necesidad de contraer deuda interna o externa, que podría ser más cara, o de presionar el mercado cambiario interno para acumular reservas”, dijo Cubero.
El 23 de agosto del presente año, el FMI asignó un total de $650.000 mil millones en DEG a las naciones socias en proporción a la cuota que les corresponde.
La Junta de Gobernadores del Fondo tiene la potestad de crear DEG hasta un cierto punto sin tener que solicitar la autorización de los congresos de los países cuyas monedas forman la “canasta” de divisas que los constituyen, esto es, los Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón y el Reino Unido.
Según la entidad, uno de los objetivos de esta asignación es que los países más pobres puedan utilizar esos fondos adicionales para adquirir vacunas y mejorar su posición sanitaria con respecto a la Covid-19.
Cerca de $275 mil millones del total corresponden a los países emergentes y en desarrollo, mientras que las naciones de menores ingresos recibieron alrededor de $21 mil millones, lo cual, para algunas de ellas, representa hasta un 6% de su Producto Interno Bruto, explicó el FMI en un comunicado.
Al anunciar la asignación, Kristalina Georgieva, directora Gerenta del FMI, la describió como la mayor jamás realizada por el organismo para hacer frente a una “crisis sin precedentes” (ver el gráfico).
Los DEG son un activo de reserva internacional creado por el FMI con el propósito de servir de apoyo a las RIN de los países que lo integran.
No se trata de una moneda distinta, sino de una “canasta” de divisas compuesta por el Dólar estadounidense, el Euro europeo, el Yuan chino, el Yen japonés y la Libra Esterlina británica, que se usa para proveer de liquidez a los socios del FMI.
“Esta asignación de DEG proveerá liquidez adicional al sistema económico global, complementando las reservas internacionales de los países y reduciendo su dependencia de más deuda externa o interna cara. Los países pueden usar el espacio provisto por la asignación de DEG para apoyar a sus economías y fortalecer su lucha contra la crisis”, afirmó Georgieva, según el comunicado.
Algunas naciones ricas integrantes del FMI ya se han comprometido a prestar $24 mil millones, incluyendo $415 mil millones de sus propios DEG, al Fondo para la Reducción de la Pobreza y el Crecimiento, del Fondo, el cual entrega préstamos a bajos intereses y a plazos largos a los países de bajos ingresos, agregó.
Con el fin de prevenir que la asignación adicional de DEG sea mal usada, la entidad dijo que también brindará asesoría técnica a los países y producirá informes actualizados acerca de su uso y seguimiento.
La legislación de cada nación con respecto a las funciones y potestades de sus bancos centrales es la que establece los límites de lo que cada país puede hacer con los DEG.
Así, por ejemplo, tanto en Colombia como en Inglaterra, la ley permite a sus bancos centrales financiar a sus gobiernos y, en el caso de la segunda, prestarle directamente al sector privado.
Para los países más pobres, el FMI sugiere esquemas mediante los cuales sus gobiernos podrían utilizar los DEG adicionales para costear las tan necesarias vacunas contra la Covid-19, en vez de contraer deuda externa.
Por ejemplo, luego de que un país recibe los DEG adjudicados por el Fondo en proporción a la cuota que le corresponde, este puede cambiarlos con otra nación por reservas internacionales en la divisas que les interesan y que forman parte de la “canasta” y con ese dinero el primer país puede adquirir las vacunas (ver la infografía).
“Cada país podrá utilizar esos recursos según lo determinen las circunstancias y lo permita su marco jurídico”, dijo el FMI.
En el caso de Costa Rica, Cubero recordó que la legislación sobre las facultades del BCCR establece que “no se pueden utilizar las reservas internacionales del Banco Central para financiar al Gobierno”.
“La asignación de DEG por parte del FMI siempre se hace a los bancos centrales y en nuestro caso forman parte de los activos externos del BCCR”, agregó.
Recapituló que, las RIN “tienen como objetivo fundamental proveer recursos para hacer frente a situaciones de tensión en los mercados cambiarios, originadas, entre otros, en desequilibrios de la balanza de pagos del país o factores internos”.
“Las RIN son, en ese sentido, una especie de seguro contra posibles choques externos o internos. De esta manera, el acumular reservas ayudaría a mitigar las pérdidas en el producto que se podrían originar, entre otros, por eventos como fugas de capitales, volatilidad cambiaria o interrupciones repentinas en la entrada de capitales”, agregó.
Cubero recordó que el inciso a) del artículo 59 de la Ley Orgánica del Banco Central (No. 7558) “le prohíbe expresamente al Banco Central el proveer financiamiento al gobierno o al resto del sector público, sea en moneda doméstica o extranjera”.
“Ello haría ilegal el uso de las RIN, incluyendo las provistas mediante la reciente asignación general de DEG, para financiar al Gobierno o al resto del sector público”, agregó.
“Además de que sería inconveniente y peligroso, particularmente en esta coyuntura, en el caso de Costa Rica eso sería claramente ilegal”, enfatizó.
En segundo lugar —continuó— “utilizar las reservas internacionales para financiar gasto público desvirtuaría su naturaleza y propósito, que es el de constituirse en un fondo de divisas para hacer frente a choques adversos en la balanza de pagos y tensiones en el mercado cambiario”.
“En esta coyuntura, una sólida posición de reservas es esencial no solo para cubrir amortizaciones programadas de deuda externa del sector público en el corto y mediano plazo, sino también para mantener la confianza en la capacidad del Banco Central de enfrentar eventuales presiones sobre el tipo de cambio”, añadió.
Por lo anterior, también se refirió a la inconveniencia política de que los nuevos recursos pudieran ser usados por el BCCR para financiar al gobierno.
“El financiamiento del déficit fiscal por parte del Banco Central, sea con reservas internacionales o emisión de colones, podría suscitar preocupaciones sobre la capacidad del gobierno de hacer frente al pago de sus obligaciones y dificultaría su acceso al financiamiento por parte de organismos multilaterales y de los mercados financieros domésticos e internacionales”, dijo.
“La evidencia internacional nos indica que eso podría traducirse en expectativas autocumplidas y una pérdida generalizada de confianza y suscitar de ese modo presiones sobre las tasas de interés y el tipo de cambio, con un impacto negativo no solo sobre las finanzas públicas, sino también sobre la estabilidad financiera, el crecimiento económico y el bienestar de todos los costarricenses”, argumentó.
ANTES Y DESPUÉS
Por su parte, el economista Ronulfo Jiménez recordó que “antes de la Ley del Banco Central de 1995, sí había mayor posibilidad de que el BCCR financiará al Gobierno”.
“Eso se tradujo en un abuso de ese financiamiento y especialmente culminó, a inicios de los años ochenta del siglo pasado, con una de las inflaciones más grandes que ha vivido Costa Rica, que llegó, según se mida, al 80% o al 100% anual”, resaltó.
“Con la reforma del año 95, se restringió esa posibilidad, pensando en evitar abusos inflacionarios como los que habían ocurrido en los inicios de los ochenta”, dijo.
En esto coincidió Shirley Benavides, directora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional.
“Para el caso de Costa Rica, la Ley Orgánica del Banco Central prohíbe expresamente al Banco el proveer financiamiento al Gobierno o al resto del sector público, sea en moneda doméstica o extranjera, lo cual inhibe, por ejemplo, para la adquisición directa de vacunas”, dijo.
“La asignación de DEG por parte del FMI se orienta a complementar las RIN de los bancos centrales de los países miembros del Fondo. Con ello se pretende aumentar la capacidad de los países de enfrentar choques externos, como los relacionados con la Covid-19, situación que, además, posibilita, con un adecuado manejo de los bancos, disminuir las deudas, tanto la interna como la externa, por el costo más oneroso que se estaría pagando por ellas y, por supuesto, la presión en el mercado cambiario interno. Estos aspectos afectan de manera directa la situación y dinámica macroeconómica de los países, particularmente, de los más pobres”, agregó.
Además, resaltó que los recursos “vienen a colaborar con los países para mejorar las condiciones de desbalances en las RIN del Banco Central y no de manera directa para los procesos de vacunación, ya que ese no es el propósito del FMI en esta coyuntura”.
“Más bien, utilizar las RIN para financiar gasto público desvirtuaría su naturaleza y propósito, de constituirse en un fondo de divisas para hacer frente a choques adversos en la balanza de pagos y tensiones en el mercado cambiario. Por ello, el mismo FMI, ha señalado que hará evaluaciones periódicas sobre las tenencias, transacciones y negociación de DEG, incluido un informe de seguimiento sobre el uso de los DEG dentro de dos años”, agregó.
RECURSO EXCEPCIONAL
Por otra parte, Cubero recordó que la propia ley del BCCR contempla una excepción para auxiliar al gobierno en situaciones de emergencia como la ocurrida en el tercer trimestre del 2018, cuando el banco le prestó al Ministerio de Hacienda, durante 90 días, casi ¢500.000 millones a cambio de Letras del Tesoro, con el fin de que el gobierno pudiera pagar los gastos en salarios, transferencias sociales y deuda pública, en un momento de iliquidez.
El artículo 52 de la Ley Orgánica del Banco Central permite al BCCR comprar esas letras emitidas por Hacienda únicamente en colones y con el interés determinado por la tasa básica pasiva, que en ese momento estaba en 5,75%.
Consultado acerca de si el país debe repagar los nuevos DEG recibidos y si es así, en cuáles condiciones y tasas de interés, Cubero respondió que “las asignaciones de DEG son obligaciones de carácter permanente, es decir, sin vencimiento, que se originan cada vez que el FMI realiza una asignación a los países miembros”.
Cubero agregó que “esta asignación implica el registro de un activo y un pasivo por el mismo monto y con gastos e ingresos por intereses que se compensan”.
El presidente del BCCR resaltó que esos fondos contribuirán a fortalecer las RIN del país.
“La asignación de DEG tiene como propósito complementar las RIN de los bancos centrales de los países miembros del Fondo para aumentar la capacidad de los países de enfrentar choques externos, como los relacionados con la Covid-19”, dijo.
Para Costa Rica una de las principales fuentes de captación de RIN es el turismo, el cual, según el índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE), del BCCR, todavía no recobra el nivel que tuvo antes de la pandemia de Covid-19.
En mayo de este año, cuando revisó sus proyecciones económicas al alza, el banco indicó que “las mayores necesidades de divisas del sector público no bancario, explicadas en parte por los precios más altos de los hidrocarburos y la atención de obligaciones internas en moneda extranjera por parte del Gobierno Central, han llevado a una reducción de las reservas internacionales netas del BCCR y a un comportamiento relativamente estable del tipo de cambio en este periodo”.
Y añadió que la reducción de la cantidad de dólares en el país también era consecuencia de una baja en el ingreso esperado de turistas en el 2021, en relación con lo estimado en enero.
Luego, en julio pasado, al presentar el más reciente IMAE, afirmó que si bien algunas industrias no han recuperado sus niveles prepandemia, “sí están creciendo a buen ritmo, aunque desde una base más baja. Tal es el caso de las actividades relacionadas con el turismo”.
Así, al 20 de marzo del 2020, las RIN sumaban $8.086 millones y al 20 de marzo del 2021 alcanzaban los US $7.257.7 millones. Al 19 de setiembre pasado se encontraban en $7.545.1 millones, según el sitio web del BCCR.
“Las RIN del Banco Central son esenciales para mantener la estabilidad macroeconómica del país, requisito indispensable para promover la reactivación económica en beneficio de todos los costarricenses, en particular de los más afectados por la actual crisis. Por lo tanto, la reciente asignación de DEG por parte del FMI a los bancos centrales, es una medida en apoyo a dicha reactivación”, concluyó Cubero.
