El Centro Nacional de Control de Energía (Cence) envió un documento a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), en el que denuncia que el Informe “Costos por planta de generación pública y privada para el 2019”, presentado por la Aresep el 25 de febrero “está plagado de errores conceptuales e inconsistencias, inconcebibles en un informe de la Aresep.
Según informó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) hoy en un comunicado, el Cence considera necesario pronunciarse, “con el fin de evidenciar los graves errores y evitar que se tomen decisiones con base en esta información».
En el oficio 0810-182-2021, firmado por el director del Cence, Salvador López y enviado el 16 de febrero al Intendente de Energía de la Aresep, Mario Mora, se enumeran los puntos que restan validez técnica al informe de la Aresep.
Cuando se presentó el informe, Mario Mora dijo que el contexto dentro del cual se realizaba el estudio era de una “transformación del sistema eléctrico costarricense” y que se hizo ahora con el fin de que “los flujos de información estratégica se convirtieran en elemento estratégico para tomar decisiones”.
“Es el inicio de un proceso de toma de decisiones para que a partir de este informe se dicten señales de carácter regulatorio y un procedimiento de despacho económico para movernos de forma gradual en esa dirección”, señaló Mora y añadió que en el segundo semestre de este año se empezará un proceso de depuración de las bases tarifarias con las empresas públicas municipales y cooperativas de electrificación rural.
El proceso de “despacho económico” implica programar la producción de las plantas disponibles, para satisfacer la demanda del sistema al mínimo costo.
Según el Cence, esta propuesta de que dicho Centro logre “un cambio radical” en las condiciones actuales del despacho de las plantas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), “no están alineadas con el marco legal y regulatorio que rige la industria eléctrica nacional y evidencian el desconocimiento de la operación del SEN”.
“Es un error conceptual recomendar que se realice un despacho económico a partir de los costos medios de las plantas”, explicó el Cence, porque “para realizar el despacho económico del SEN solo se pueden considerar los costos variables; es inviable utilizar los costos medios, porque se afectaría el equilibrio financiero de las empresas reguladas”.
El Cence realiza en la actualidad el despacho de generación minimizando el costo del combustible para la generación de electricidad con las plantas térmicas, por medio de la optimización de los embalses de las plantas del ICE y de las importaciones de electricidad, se aclaró.
El cálculo de los costos de operación de las plantas
En el documento, el Cence también criticó que la Aresep no consideró que los costos medios dependen de cuánto tiempo esté en operación una planta y cuánto genere.
“Como las plantas del ICE deben salir de operación cuando hay exceso de recursos, se ven castigadas en los costos medios, ya que los costos fijos se mantienen y las plantas generan menos de lo que podrían haber generado, lo que incrementa el costo medio al dividir por un valor menor. Esta es la razón por la que el factor de planta no es un parámetro que se puede usar para medir la eficiencia de una planta, ya que el factor de planta se ve afectado por las restricciones de despacho que tienen las plantas del ICE, en comparación con las plantas privadas y de las distribuidoras que tienen libertad de despacho”, se explicó.
Por ejemplo, en 2019, los vertimientos de plantas del ICE por causa de exceso de recursos en el SEN fueron superiores a 367 GWh, mientras que las suspensiones de operación de plantas privadas y de distribuidoras por causa de exceso de recursos en el SEN fueron de 6.5 GWh, lo que representa el 1.8% en relación a los vertimientos de las plantas del ICE.
Los vertimientos son las descargas que se hacen en los embalses cuando hay exceso de agua.
La Aresep elaboró por primera vez en su historia el informe polémico en un contexto en que los generadores privados presionan al Gobierno por una reforma legislativa o la emisión de una política pública que les permita exportar electricidad al mercado regional, ante el anuncio del ICE de que no renovará los contratos de compra a estas empresas, amparado en legislación vigente y en el hecho de que la demanda del país está cubierta.
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