La escena no hacía gracia, pero el presidente de la Corte Suprema Justicia, Carlos Chinchilla, hacía su mayor esfuerzo al mostrar ante cámaras cómo funciona la tómbola para elegir al magistrado instructor de la investigación contra su compañero Celso Gamboa. Sabía que hay suspicacias y quiso mostrarlo urbi et orbi, pero con un intento de humor. Sabía que protagonizaba una escena incómoda ante la prensa, y quiso endulzarla con algunas bromas que no provocaron risa. Dijo que esto era como el premio mayor de lotería mientras sostuvo una bolita y posaba ante las cámaras.
El problema es que el ambiente no está para bromas.
Este lunes fue uno de los peores días para la imagen de la Corte Suprema de Justicia, con uno de sus miembros investigado por su relación con el importador del cemento chino, Juan Carlos Bolaños. Chinchilla, amigo del cuestionado Celso Gamboa, quería dar la idea de que el Poder Judicial no es más la ciudad opaca de la institucionalidad costarricense y hasta llegó a dar en micrófonos el número de su teléfono celular.
La apuesta: tapar con extremos de transparencia cualquier hueco en la confianza popular sobre la Corte Suprema de Justicia.
El caso del cemento chino llegó a la Corte Suprema, el órgano que gobierna al Poder Judicial y que, la verdad, era ya un caldo inflamable cuando se confirmó la relación de Gamboa con el polémico empresario Juan Carlos Bolaños.
Ambos viajaron a Panamá, en octubre de 2016, en coincidencia con Dai Wuping, supuesto proveedor del cemento chino cuya importación se financia con créditos de la banca pública otorgados en condiciones cuestionadas.
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Estoy dispuesto a asumir el riesgo que sea, si no nos va a llevar la trampa a todos. Decíamos antes que todo se podía corromper, pero jamás el Poder Judicial. Estamos a las puertas de que eso ocurra. Ahora se ha destapado la vinculación y casos de aparente corrupción. En una democracia, lo más inteligente es apostar a verdaderos jueces independientes, no intereses bastardos pesando en el abordaje de los asuntos”.
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El clima de tensiones, divisiones y conflictos ya existía en el cuerpo de colegiados y, por tanto, en otras instancias de poder dentro del Poder Judicial. No se excluye el Ministerio Público, a cargo de eventuales investigaciones en casos de corrupción, como podría ser el del cemento chino.
Este clima de hostilidad lo confirman numerosas personas entrevistadas para esta información, muchas de las cuales prefirieron hablar en el anonimato. Es decir, temen represalias. Otros proponen métodos seguros de conversación. Es decir, temen que les escuchen las comunicaciones.
Algunos no ocultan cierta satisfacción al ver en aprietos a Celso Gamboa, el destemplado abogado que llegó en febrero de 2016 y que con un estilo poco sutil se ha ido construyendo un espacio de poder mayor al que se podía imaginar en 2010, cuando era solo un fiscal mediático en Limón, pero menor al que seguro le atribuye la leyenda urbana en corrillos políticos.
Gamboa, sin embargo, es solo un actor más. El hijo de la ministra de Justicia Cecilia Sánchez y discípulo del candidato Juan Diego Castro –como el mismo afirmó a UNIVERSIDAD en 2016- llegó con una amplia mayoría de votos de todos los partidos (aunque el frenteamplista Gerardo Vargas pidió perdón después de darle su apoyo) a un recinto que ya estaba minado. Su arribo solo ayudó a tensarlo y a elevar la atención pública sobre un órgano que siempre ha vivido más bien cerca de la opacidad.
El exmagistrado José Manuel Arroyo, quien llegó a denunciar una amenaza de parte de Gamboa, es de los pocos dispuestos a hablar y a dejar que su nombre se mencione en una publicación.
Claro que critica la conducta de este magistrado y le señala la gravedad de haber mentido sobre su relación con Bolaños, pero de inmediato advierte que no conviene convertirlo en un chivo expiatorio de los problemas que vive la Corte Suprema.
Esos problemas Arroyo los resume fácil: una impúdica influencia de los políticos en los magistrados. Otras voces internas repiten esto y también el temor máximo: la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia propicie un deterioro sobre el Poder Judicial y lo torne incapaz de perseguir actos de corrupción.
La premisa es que todo se puede corromper y es remediable, pero jamás la justicia.
Política en la Corte
La designación y reelección de magistrados es un acto político puro. Lo deciden los diputados mediante un proceso formal, que lava las negociaciones por debajo de la mesa entre partidos políticos y sus corrientes internas de poder.
Así fue durante el siglo XX y lo es ahora. El procedimiento apenas ha cambiado, pero el contexto político es otro. Ya no hay bipartidismo ni posibilidad de un pacto entre solo dos grupos o unos pocos hombres de poder. Las decisiones son más complejas y exigen más negociaciones. Y duran más, como señala el informe Estado de la Justicia.
Todavía está fresco el conflicto del 2012, cuando los diputados quisieron evitar la reelección del magistrado Fernando Cruz con argumentos de “llamado de atención”, como lo dijo entonces el legislador liberacionista Fabio Molina.
El Poder Judicial, desde magistrados hasta secretarios, lo tomó como una intromisión de poderes y se lanzaron a la calle para protestar. “Golpe de Estado técnico”, lo llamó en ese momento el fiscal general Jorge Chavarría, en defensa del magistrado a quien cuatro años después enfrentaría porque en una sesión de Corte Plena le pidió cuentas sobre el lento avance de casos de corrupción.
Las aguas nunca volvieron a su cauce. Estaban alteradas desde hacía tiempo, pero la presencia de Luis Paulino Mora como presidente del Poder Judicial funcionaba como la del padre que obliga a todos a comportarse, a guardar las formas.
Mora, magistrado desde 1983 (con tres años de pausa para ser ministro de Justicia de Óscar Arias entre 1986 y 1989), manejaba la Corte con criterio político, en el sentido de ejercer el poder conciliando intereses, rencillas y egos.
Como otros magistrados de su época, don Luis Paulino –como todos lo llamaban- había logrado una imagen de distancia frente a su faceta de ministro de Arias en un ámbito que tampoco exigía demasiadas maniobras.
No había redes sociales, solo había dos partidos importantes y la Corte Suprema nunca había estado bajo el escrutinio de la prensa como sí lo están el Poder Legislativo o en el Ejecutivo.
Nadie imaginaba entonces que un magistrado podría ser popular, sacarse fotos en los estadios de fútbol junto a personajes públicos y comunicarse por cuenta propia con otras personas en un espacio como Twitter, tal es el caso de Celso Gamboa.
Mora murió de manera intempestiva en 2013 y no existía un recambio de conducción de la Corte Suprema.
La gran familia del Poder Judicial, -como se la llama a veces con algo de sarcasmo a esta comunidad de 13.000 funcionarios- se quedó sin su patriarca, y en la Corte quedó abierto un vacío.
Además, una generación de magistrados se jubiló y quedaron abiertos varios espacios. De las 22 sillas, aún hay cuatro que permanecen vacantes. Nadie puede asegurar que se nombren pronto y menos aún en un contexto de conflicto abierto en el Poder Judicial, más la proximidad de las elecciones nacionales del 2018.
¿Eran mejores los magistrados antes? Nadie lo aprobaría, pero el contexto los exponía menos. ¿Eran menos influenciados por la política partidista? Ni siquiera se atreven a afirmarlo quienes añoran el pasado.
El diputado Ottón Solís también fue legislador en aquellos tiempos y sostiene que la política siempre ha permeado de una u otra forma. “El PUSC y el PLN se alternaban los nombramientos con métodos que yo creía erradicados, pero que los volví a ver en la Comisión de Nombramientos al evitar que compareciera el magistrado Jesús Ramírez para reelegirlo o no”, cuenta Solís.
Jesús Ramírez es magistrado desde 1985 y ya podría jubilarse, pero en marzo fue reelecto por ocho años más. La votación secreta solo indica que 22 diputados se opusieron, pero se necesitaban 38 (mayoría calificada) para impedirlo. Esta regla hace que sean casi inamovibles ha señalado el informe Estado de la Justicia, como una ventaja para evitar que la continuidad de un magistrado dependa de las presiones de un partido político. También permite que un mismo magistrado dure 40 años en el puesto, como podría cumplir Ramírez dentro de ocho años.
Los legisladores ni siquiera entrevistaron a Ramírez, y varias personas contactadas para esta información recomiendan no hacerlo. Dudan de su capacidad, pero no del valor que tiene en la composición actual de la Corte Plena.
Ramírez, miembro de la Sala de lo Penal, es parte del grupo de afinidad con el presidente Carlos Chinchilla, Celso Gamboa, Porfirio Sánchez (el que por azar resultó instructor de la investigación sobre Gamboa y que luego se vio obligado a inhibirse), Luis Fernando Salazar y William Molinari.
Por momentos otros magistrados se han unido a ellos, como ocurrió en la elección de Carlos Chinchilla como presidente de la Corte, en sustitución de Zarella Villanueva, que con una gestión apática y poco respaldada había sustituido en esa silla a Luis Paulino Mora.
La designación de Chinchilla se recuerda por la celebración a la que el presidente de la Corte asistió a una propiedad de empresarios autobuseros en San Antonio de Belén.
La evidencia fue una foto con los magistrados Gamboa y Salazar junto a tres diputados; una señal inconveniente, como reconoció él después. Cosas que ocurren en tiempos de redes sociales.
El Poder Judicial ha gozado de una confianza popular superior a la de otras instancias políticas. Una encuesta de 2015 del Barómetro de las Américas indicó que Costa Rica es el segundo país latinoamericano donde más se confía en el sistema judicial.
Este Poder de la República ha sido reconocido como uno de los bastiones de la estabilidad democrática del país, a pesar de algunos cuestionamientos y del probable deterioro de su imagen por el régimen especial de jubilaciones y la huelga inédita con que intentaron defenderlo en el mes de julio.
Como parte de esa huelga cerraron cinco días los servicios de la morgue judicial, lo que enfadó a muchos sectores. Los magistrados estaban en un compromiso y destacó de nuevo Celso Gamboa, que desde Panamá publicó mensajes en Twitter que hicieron ver como suya una supuesta recomendación de intervenir la morgue con fuerza policial, cosa que no ocurrió. De nuevo, cosas que antes no ocurrían.
Cuestionamientos y rumores rodean a ese abogado penalista y calculador que de niño se dejaba ver en uniforme de escuela por pasillos judiciales, hijo de la respetada Cecilia Sánchez y convertido en el 2016 en algo parecido a un potro energizado dentro de un museo de joyas antiguas mal colocadas.
Hablamos del exfiscal limonense, exviceministro de Presidencia, exdirector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y exfiscal adjunto (junto a Chavarría), del amigo del ministro de Seguridad, Gustavo Mata y rival del director de la Policía Judicial, Wálter Espinoza. Hablamos de un aficionado de la llamada “teoría de los juegos”, la rama de la matemática que estudia la dinámica de las decisiones y las conductas necesarias para tener éxito en medio de distintos agentes.
En un tuit de hace dos meses dijo que no descarta postularse a la Presidencia de la República. Para esta información se intentó hablar con él, pero no contestó.
Gamboa no es el único cuestionado, pero sí el más visible. El Poder Judicial es un pueblo pequeño que a veces se convierte en un infierno extenso, en espacio para amistades duraderas, enemistades enconadas y venganzas heladas.
Cada acto suele tener testigos y las formas modernas permiten divulgarlos. Un ejemplo: el video en que el magistrado aparece tambaleándose en la fila de un aeropuerto en México, recogido ya por los medios de comunicación.
El Poder Judicial pasó de la opacidad del siglo XX a la viralidad del siglo XXI. En medio queda mucha información de interés público que será objeto de investigaciones que ahora se abren en todas direcciones, con ocasión de las indagaciones sobre el negocio del cemento chino.
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“Antes el PUSC y el PLN se alternaban la elección de magistrados. Ahora las cosas son más complicadas y lentas, pero pude ver de nuevo a esos partidos actuar como en el pasado, al impedir que compareciera el magistrado Jesús Ramírez para reelegirse. De Celso Gamboa sé de estrategias para ganarse la voluntad de diputados. La mía me la quiso comprar pasándome información de todo lo que pasaba en el gobierno de Luis Guillermo”.
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Los focos están puestos sobre Celso Gamboa, pero no solo sobre él.
No escapa el fiscal general Chavarría, a quien la Corte Suprema también investigará por la manera como ha atendido las denuncias del cemento chino y casos que involucran a políticos.
Hay dudas y también lo saben. Las planteó el magistrado Fernando Cruz el 27 de junio de 2016, al cuestionar el retraso de años en expedientes de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Chavarría se rehusó a contestar con el argumento de que tales preguntas representaban una intromisión en sus funciones.
Así suele contestar Chavarría en semanas recientes, al calor de los cuestionamientos sobre el cemento chino, su financiamiento público y la red de influencias políticas.
“La gente habla del “cementazo” y no sé de qué diablos están hablando”, dijo a UNIVERSIDAD.
A CRHoy le contestó que cualquier persona tiene una sociedad de papel en Panamá para eludir impuestos.
A otros medios ha dicho que las publicaciones periodísticas y las indagatorias políticas complican el trabajo del Ministerio Público. Rechazó el carácter público del patrimonio de los bancos estatales.
Sin fama de proactivo ni evidencias de que obedezca a uno u otro magistrado, como se rumora, Chavarría enfrenta también señalamientos en estos días por la decisión del pasado de no imputar al expresidente Óscar Arias en el caso sobre la mina Crucitas, como señalaron jueces del Tribunal Penal del II Circuito Judicial.
Esto abrió otro flanco de conflicto que involucra al gremio de la judicatura. Como si faltaran.
