El país podría sufrir otro golpe duro a causa del “cementazo”. Esta semana los magistrados de la Corte estudian el informe que elaboró el juez Román Solís sobre la actuación de un grupo de magistrados de la Sala III que desestimó una denuncia contra los exdiputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, por presuntos ligámenes con el empresario Juan Carlos Bolaños.
El informe, de unos 1.000 folios, se discute esta semana en Corte Plena. Si se encuentra en la actuación de los magistrados alguna falta grave, se podría acarrear la suspensión de la Sala III en su totalidad, y se colocaría al Poder Judicial ante una situación inédita en la historia.
Los magistrados en la mira son Doris Arias, Jesús Jiménez, Celso Gamboa (ya destituido), María Elena Gómez (suplente) y el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla.
El caso se remite al pasado 14 de febrero de 2017, cuando llegó una solicitud desde la Fiscalía para desestimar una denuncia contra los exdiputados Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y Víctor Morales Zapata, de Acción Ciudadana. La denuncia original acusaba a los exlegisladores de supuesto tráfico de influencias en favor del empresario Juan Carlos Bolaños.
La exfiscal subrogante, Berenice Smith, pidió a la Sala III desestimar la denuncia, tras ocultar un informe del Organismo de Investigación Judicial, que revelaba cientos de llamadas entre los políticos y el importador de cemento.
Una vez enviada la solicitud de la Fiscalía, los magistrados de la Sala III siguieron la línea de la Fiscalía y firmaron la desestimación, en un tiempo récord de cinco días hábiles, cuando el promedio de resolución es de 49 días.
La prueba también llegó a Sala III, sin embargo, los magistrados se negaron a explicar si estudiaron ese informe antes de votar la desestimación. Tampoco han explicado por qué la sesión en la que se tomó la decisión apenas tardó 10 minutos.
La situación se complica aún más para los jueces de la Sala III porque las investigaciones y hallazgos periodísticos revelaron que Celso Gamboa viajó en octubre a Panamá en el mismo avión que Juan Carlos Bolaños. Tras negar en un inicio que solo fue una coincidencia, Gamboa luego reconoció haberse “tomado unos tragos” con Bolaños.
Por su viaje a Panamá y por haberse interesado indebidamente en asuntos judiciales del empresario de Sinocem, Celso Gamboa se convirtió en el primer magistrado destituido en la historia. Ahora, pese a que las sanciones no se le pueden aplicar, se añaden a su expediente administrativo.
La actuación de los magistrados de la Sala III provocó una denuncia penal y disciplinaria en su contra, interpuesta por la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines (ANIC). La denuncia penal fue interpuesta el pasado 30 de octubre por el supuesto delito de prevaricato.
“Las diligencias son superficiales y no son propias de una investigación seria, como debería ser cualquier pesquisa relacionada con crímenes tan relevantes que causan daño a la sociedad costarricense”, se lee en la denuncia.
En aquel entonces, el presidente de ANIC, Álvaro Rodríguez, afirmó que Carlos Chinchilla debe fundamentar por qué no presentó una disconformidad con la solicitud de la Fiscalía.
De acuerdo con el expresidente de la Sala III, José Manuel Arroyo, las omisiones de los magistrados investigados constituyen faltas gravísimas y considera que todos deben irse.
“Todos tienen la misma responsabilidad. Solo hay dos maneras de explicar el asunto: por negligencia, lo cual indicaría que no están calificados para su puesto o, peor aún, por una complicidad con hechos claramente ilícitos”, comentó Arroyo.
Los magistrados se tomarán estos días para leer el informe del magistrado Solís y se espera que la próxima semana inicie la discusión y se tomen las acciones correspondientes. Para aprobar una sanción disciplinaria se necesita de 15 votos.
Los diputados tienen por delante la responsabilidad de elegir seis nuevos magistrados de un total de 22 que integran las distintas salas del Poder Judicial.
“Está en juego la credibilidad que todavía pueda salvar la Corte Suprema de Justicia. El tema es relativamente sencillo, por casos idénticos la Corte ha destituido jueces, de manera que esta es una investigación sobre un hecho gravísimo, constitutivo de una falta gravísima, no veo cómo la Corte con ese precedente vaya a resolver una cosa distinta”, agregó Arroyo.
Actualmente el país vive una situación inédita, tras la jubilación de José Manuel Arroyo y el despido de Celso Gamboa en Sala III, así como el retiro de Ernesto Jinesta y Gilbert Armijo, de Sala Constitucional.
Mientras aumentan las vacantes, los diputados acumulan expedientes y retrasan los nombramientos de la Corte. La nueva comisión de nombramientos estudia cómo mejorar los procesos de selección de magistrados, en momentos donde se cuestiona el procedimiento tradicional y la facilidad con que se dejan por fuera los criterios objetivos.
La discusión en torno a la responsabilidad de los magistrados de la Sala III en el expediente del “cementazo” y sus eventuales sanciones podrían atizar el fuego en el sistema de justicia, un incendio que bajó la intensidad en los últimos meses y que podría explotar en los próximos días.
En corto
La Corte Plena está bajo el escrutinio de la prensa y el panorama político, mientras se discute y estudia la responsabilidad de los magistrados de la Sala III en una polémica desestimación.
¿Qué se discute en Corte Plena?
La responsabilidad de los magistrados de la Sala III en la desestimación de la denuncia contra exdiputados por supuestos nexos con Juan Carlos Bolaños.
¿A quiénes se juzga?
Específicamente a Celso Gamboa, Jesús Ramírez, Doris Arias, María Elena Gómez y al presidente de la Corte, Carlos Chinchilla.
¿Por qué se les investiga?
Por firmar la desestimación sin tomar en cuenta la prueba del OIJ en donde aparecían cientos de llamadas y mensajes entre los exdiputados y Bolaños.
¿Por qué es importante?
Nunca en la historia se tuvo a toda una Sala en medio de una investigación disciplinaria. Una suspensión o despido de varios de sus miembros dejaría a la Sala de Casación Penal funcionando con suplentes. Además, pondrá a prueba la credibilidad del órgano superior de la Corte al juzgar a cinco de los suyos.
¿Qué sigue?
Los magistrados estudiarán el extenso expediente durante esta semana y podrían votar la próxima semana. De encontrar faltas graves o gravísimas se podría suspender o despedir magistrados. Para esto se necesita el voto de 15 jueces de la Corte Plena.
