Un viaje a Panamá y otros encuentros entre el magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa Sánchez, y el polémico empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, provocaron que se abrieran investigaciones en la Corte Plena, en el Ministerio Público y en la Asamblea Legislativa.
Durante una sesión privada que se llevó a cabo en la mañana del lunes, la Corte Plena acordó por unanimidad instaurar un procedimiento disciplinario contra Gamboa.
Posteriormente, el fiscal general de la República, Jorge Chavarría, comunicó que la relación entre el magistrado y el empresario también se analizaría en la vía penal para determinar si existe algún delito.
También, en la noche de este martes, los diputados de la Comisión Investigadora de Créditos acordaron llamar a comparecer a Gamboa.
Las indagaciones se iniciaron luego de que UNIVERSIDAD diera a conocer –en la mañana del lunes 11 de setiembre- que Gamboa y Bolaños salieron en el mismo avión hacia Panamá el 9 de octubre del 2016 e ingresaron también en un mismo vuelo solo 37 horas después, en la madrugada del 11 de octubre de ese año.
Además, el empresario y el juez tuvieron varios encuentros en los alrededores de los tribunales de justicia de San José. En una de esas ocasiones, Gamboa acompañó a Bolaños a la Fiscalía de Delitos Económicos, a pesar de que el empresario es investigado por varias causas penales.
Sobre su viaje a Panamá, el magistrado Gamboa respondió a UNIVERSIDAD que haber estado en el mismo avión con Bolaños -en los vuelos de salida y regreso- fue una coincidencia, y afirmó que el motivo de esa salida al país vecino fue la compra de ropa para su bebé recién nacido.
Llamado a comparecer
El 12 de setiembre anterior, la comisión legislativa que investiga el caso del cemento chino había declinado llamar a comparecer a Gamboa, en una votación que quedó empate y que por reglamento significa el rechazo de la moción. Quienes la apoyaban eran el oficialista Ottón Solís, Patricia Mora (Frente Amplio) y Ronny Monge (PLN, presidente de la comisión), además de la oficialista Nidia Jiménez, quien primero votó en contra y en última instancia apoyaba la comparecencia del magistrado.
En ese momento se opusieron, del PLN, Julio Rojas y Aracelly Segura (sustituta de Maureen Clarke), William Alvarado (PUSC) y el libertario José Alberto Alfaro.
Este martes, y luego de que el lunes se abrieran investigaciones disciplinarias y penales contra Gamboa, se presentó una nueva moción en el órgano legislativo y todos los miembros estuvieron de acuerdo en convocarlo.
La moción aprobada incluye convocar a los diputados Johnny Leiva Badilla, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Luis Vásquez Castro, también del PUSC; Otto Guevara Guth, del Movimiento Libertario; Víctor Morales Zapata (quien renunció al PAC por este mismo caso) y Rolando González Ulloa del Partido Liberación Nacional (PLN), a quienes también se les ha cuestionado por supuestos nexos con Bolaños.
Además decidieron que deben comparecer el jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Mariano Figueres, el presidente del PUSC, Pedro Muñoz, y el director jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal.
La comisión investiga las condiciones en que el importador de cemento recibió créditos por $30 millones en el Banco de Costa Rica (BCR) y si hubo influencias políticas.
Causa disciplinaria
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, indicó que luego de que se conociera la relación de Gamboa con Bolaños recibió cinco denuncias: una por parte del diputado Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (APC); otra en conjunto de varios diputados y el resto de organizaciones como el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (Sitrajud), de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (Anic) y del Frente Gremial del Poder Judicial, que reúne a varios sindicatos.
Chinchilla explicó que además el mismo Gamboa pidió ser investigado. Este lunes, mediante un sorteo con números en una tómbola, fue designado como magistrado instructor del caso el miembro de la Sala Segunda, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez.
No obstante, Gamboa había desestimado en marzo una causa en la que Sánchez era señalado por el supuesto delito de prevaricato; por lo que solo unas horas después de haber sido designado como instructor del proceso disciplinario, Sánchez se inhibió y el asunto pasó a manos de Orlando Aguirre, el segundo magistrado con mayor antigüedad en la Corte.
El presidente del Poder Judicial informó que en el procedimiento disciplinario también se analizará el uso que hizo Gamboa del pasaporte diplomático, pues se encontraba en un viaje de carácter personal.
Chinchilla agregó que, en un proceso aparte, se indagará sobre los hechos que se observan en un video publicado por el medio digital CRHoy, en el que se ve al magistrado Gamboa tambaleándose mientras hace fila en un aeropuerto de México durante un viaje oficial.
Sobre ese hecho en particular, se investigará si el juez se encontraba en estado de ebriedad o si se trató de una condición de salud, pues él ha alegado que sufrió un ataque de pánico.
Para esto, la Corte pedirá un informe a Gamboa que será analizado por la magistrada presidenta de la Sala Tercera, Doris Arias, quien a su vez explicará el caso a la Corte Plena para que decida si amerita iniciar otra causa disciplinaria.
La Corte decidió no suspender al magistrado Gamboa mientras se llevan a cabo las investigaciones.
Pesquisa sobre “relaciones”
Luego de regresar de un viaje de vacaciones, el lunes 18 de setiembre, el fiscal general Jorge Chavarría, confirmó a UNIVERSIDAD que la relación del magistrado con el empresario también será parte de las pesquisas que se llevan a cabo en lo que se ha conocido como “el cementazo”.
“Como se indicó, las actividades y las relaciones del señor Juan Carlos Bolaños son de interés en la investigación. Sin que ello signifique en este momento el señalamiento de ningún indicio de delito. En esa situación se encuentran, además del magistrado Gamboa, los señores Pedro Muñoz y Rodolfo Piza (presidente y candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana), y cualquier otra persona que aparezca relacionada”, indicó el fiscal general en un correo electrónico.
Chavarría agregó que en el momento en que surja sospecha fundada de la comisión de un delito, el caso sería asumido por la fiscal subrogante, Berenice Smith, debido a que el fiscal general se inhibiría por su relación de amistad con Gamboa.
“En este momento, todo lo que se refiera a ese viaje no será conocido por mi persona”, señaló Chavarría.
Fiscal también en revisión
En el comienzo de esta semana, no solo se dieron a conocer las causas contra el magistrado Gamboa, sino que también el mismo fiscal general pasó a ser objeto de investigación.
El presidente de la Corte afirmó que solicitaría a la Inspección Judicial que investigue a Chavarría por la actuación que ha tenido el Ministerio Público en los casos del cemento chino y en el del decreto de Interés Nacional firmado en la administración de Oscar Arias para el proyecto minero Crucitas.
“Dentro de las quejas que se dirigen, (por ejemplo) don Ottón Solís habla de que el fiscal general no ha hecho su trabajo en forma correspondiente, también Sitrajud desarrolla temas sobre la eficiencia del fiscal general (…) Genéricamente tienen que ver con lo mismo que la ciudadanía ha reclamado en redes y me parece que es importante que se aclaren. Y como le digo, aquí no estamos para ocultar nada ni a nadie”, manifestó Chinchilla.
Consultado al respecto, Chavarría respondió que esperará el traslado de cargos para ejercer su derecho de defensa.
Movimientos de último minuto
A pesar de que ya habían pasado tres semanas desde que compareció en la Asamblea Legislativa, entre el jueves y el sábado de la semana anterior, el empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños, presentó un recurso de amparo y un habeas corpus ante la Sala Constitucional, alegando que la comisión legislativa que investiga el caso del cemento chino lo obligó a asistir a la comparecencia a pesar de estar enfermo.
Esas gestiones ocasionaron que el lunes, antes de la sesión de Corte Plena, los magistrados de la Sala Constitucional tuvieran que decidir si votaban o no sobre abrir un procedimiento disciplinario a su colega Celso Gamboa, quien ahora es investigado por su relación con Bolaños.
Lo anterior debido a que participar en ese procedimiento podría significar que posteriormente deban inhibirse de conocer los recursos presentados por el empresario.
Finalmente, la Sala decidió votar sobre la causa a Gamboa y quedó pendiente la decisión de si los titulares conocerán los recursos de Bolaños o si lo harán suplentes.
El lunes, el empresario importador de cemento también presentó una solicitud ante el presidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez, para que cambiara a los diputados que conforman la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios.
Bolaños alegó que los legisladores han violado los principios de objetividad, neutralidad e imparcialidad; pero tras un análisis, el presidente del Congreso rechazó esa gestión.