El magistrado suspendido realizó sus alegatos ante la comisión legislativa que analiza su despido:

Celso Gamboa se declara víctima de “encubrimiento” orquestado por Carlos Chinchilla

Dice que el trámite disciplinario y la solicitud de despido son una cortina de humo para evitar sentar “verdaderas responsabilidades” en otros miembros judiciales.

El magistrado suspendido Celso Gamboa afirmó la noche de este miércoles que se considera la “víctima de un encubrimiento dentro de la cúpula del Poder Judicial”, como parte de su comparecencia ante la comisión especial de la Asamblea Legislativa que analiza si recomienda o no su despido.

El juez de la Sala de Casación Penal arremetió contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y su compañero de sala, Carlos Chinchilla, quien —según comentó— debió haberse inhibido a la hora de juzgar la causa contra los diputados Otto Guevara y Víctor Morales por tráfico de influencias relacionada con  caso del cemento chino

“Existe una manipulación de la cúpula del Poder Judicial para evitar responsabilidades y señalo directamente al presidente del Poder Judicial, Carlos Chinchilla, como la persona que no pudo manejar este asunto, que tenía impedimento de conocerlo y que fue la persona que la miente a la opinión pública para generar controversia”, señaló.

Al respecto, afirmó que Chinchilla es amigo cercano de Guevara, motivo suficiente para que tuviera que inhibirse y detonante para el inicio de lo que considera una “cortina de humo”, utilizando su coincidencia con Juan Carlos Bolaños, el cuestionado cementero, en un viaje de 37 horas a Panamá (en octubre de 2016).

Precisamente ese fue el caso que detonó la investigación disciplinaria por la que hoy se analiza el despido del magistrado en la corriente legislativa, solicitud votada por la Corte desde el 22 de febrero pasado.

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En aquella ocasión, los jueces aprobaron solicitar la revocatoria del nombramiento de Gamboa a la Asamblea Legislativa,  único ente que la ley establece como encargado de este tipo de trámites.

Esta decisión respondió a un procedimiento disciplinario —instruido por el magistrado Orlando Aguirre—, quien encontró una falta “gravísima” en la relación que Gamboa sostuvo con el empresario cementero, pronto a cumplir seis meses en prisión preventiva.

Sobre ese incidente, dijo que la única contradicción de sus testimonios fue negar el verdadero motivo de su visita a Panamá cuando dijo a este Semanario que salió a comprar ropa de bebé, pero finalmente afirmó a la comisión legislativa que investigó el caso del cemento chino que había viajado por una relación extramarital. Esto lo dijo a pesar de que el exembajador de Costa Rica en Panamá, Rodrigo Rivera, había confirmado a los congresistas que vio a Gamboa junto al cementero en tierras canaleras en varios momentos.

No obstante, para Gamboa el proceso en su contra se trata de “una cacería de brujas” liderada por Carlos Chinchilla, “sobre las personas que podrían ser elementos distractores para eludir su verdadera responsabilidad sobre la resolución del caso”.

Según Gamboa, Chinchilla además habría mentido al asegurar que no recibió los rastreos de llamadas entre los diputados y Bolaños, algo que buscó demostrar con una constancia de recibido del 14 de febrero de 2017, en la que asegura se habla del expediente completo.

El señor presidente de la Corte fue el magistrado instructor, la persona que preparó el proyecto cuando ingresó a la Sala de Casación Penal y que luego lo pasó a recoger firmas al resto de los magistrados integrantes: Jesús Ramírez, Doris Arias, María Elena Gómez y mi persona”, explicó.

Además, ante la suspensión de su cargo y la posterior solicitud de su despido, Gamboa opinó que la resolución de la Corte fue un procedimiento viciado, pues varios de los magistrados que votaron ambos trámites estuvieron involucrados fueron los integrantes de la Sala III, también investigados en una causa conjunta por desestimar el caso que involucraba a los congresistas y al empresario.

Gamboa también alegó que  “está enfrentando consecuencias disciplinarias de hechos que no le fueron imputados” o siquiera “probados”, empezando por una comisión legislativa que nunca pudo acreditar sus conclusiones, según sus observaciones.

Por último Gamboa señaló que “valorará la renuncia eventualmente”, por considerar que no puede permitir que se le condene “por hechos que no han sido acusados”.

“Celso Gamboa y el Cementazo no tienen relación, fui absuelto por la Corte Plena de este hecho y eso se trae abajo toda la teoría del caso del instructor y llevó a conclusiones falsos sobre hechos que no imputó”, subrayó.

Defensa internacional

Como parte de sus alegatos, Gamboa también confirmó ante los diputados que ya elevó su caso contra el Estado de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para lo que detalló que ya fue citado este 27 de marzo.

“El próximo 27 de marzo estaré siendo recibido a las 10:00 a.m. en Washington por la Comisión para valorar la posibilidad de ejercer medidas cautelares contra el Estado costarricense en virtud de las flagrantes violaciones que la comisión ya ha advertido”, señaló.

“Esta es una Comisión que recibe cientos de miles de peticiones, por lo que el hecho de que acoja esta es porque encontró un verdadero acervo probatorio que amerita por lo menos ser escuchado por los jueces”, advirtió.

Gamboa acusa que su defensa ha sido interrumpida y que se le han cerrado portillos en los más distintos niveles, motivo por el que incluso agradeció a la comisión legislativa por citarlo este miércoles a presentar una oportuna defensa.

El magistrado incluso señaló que no encuentra una relación “entre el hecho por el que es acusado y el hecho por el que se es condenado”; una máxima en cualquier procedimiento de su tipo.

“El hecho que provocó que me convocaran a la comisión que investiga los créditos bancarios fue promovida en mi participación como magistrado de la Sala que desestimó el expediente, como solicitó la Fiscalía, de los diputados Otto Guevara Guth y Victor Morales Zapata”.

“A partir de ahí es que la comisión decide convocarme e inician una serie de especulaciones, de entrevistas y reportajes mediáticos que me exponen ante la opinión pública y me obligan a comparecer. Todo esto hace que hoy enfrente consecuencias disciplinarias de hechos que, reitero, nunca me fueron imputados”, apuntó.

También se quejó por los que considera atropellos, como el envío del expediente solicitando su despido sin primero responder a sus apelaciones a inicios de este mes de marzo; así como la pronta resolución de los mismos a pesar de su extensión y su complejidad.

Además, alegó que los procesos en su contra han aceptado “suposiciones falsas y derivaciones incorrectas”, como las de la comisión legislativa que investigó los créditos de Bolaños.

Así mismo, criticó a Orlando Aguirre, magistrado instructor de su proceso disciplinario por “desconocimientos del debido proceso”, como “un juez incompetente que desconocía la norma que se estaba aplicando”.

Al respecto, señaló que los más distintos testigos coincidieron en que nunca intercedió por Gamboa en alguna causa como se le acusó en el trámite disciplinario, como parte de un expediente “malogrado” que Aguirre “se atrevió a remitir a Corte Plena, sin analizar las probanzas y poniéndole en riesgo de perder su trabajo en condiciones deshonrosas”.

Trámite legislativo

Según detalló recientemente el presidente de la comisión legislativa que analiza el caso, Marvin Atencio del Partido Acción Ciudadana (PAC), ahora quedarán dos días para concluir el informe con su recomendación respectiva, misma que sería presentada tras el parón de Semana Santa.

El grupo además está integrado por Julio Rojas del Partido Liberación Nacional (PLN) y Gerardo Vargas del Frente Amplio (FA), quienes deberán señalar al Plenario su análisis, antes de que este decida si revoca o no el nombramiento del magistrado.

Gamboa fue nombrado por esta misma nómina de la Asamblea Legislativa apenas el 10 de febrero de 2016, cuando recibió el apoyo de 43 de 52 diputados presentes en ese momento.

Ahora, los congresistas deberán resolver si destituyen o no al juez al que ya levantaron su inmunidad el 1 de marzo pasado, con el respaldo de 45 de 46 congresistas, pues Otto Guevara decidió no manifestar su posición al considerar que el proceso no debía ser público.

En aquella ocasión, se levantó el fuero para que pudiera enfrentar su causa penal por un supuesto tráfico de influencias en favor del alcalde josefino Johnny Araya en 2015, de quien habría solicitado borrar su nombre en una causa penal cuando aspiraba por el puesto que hoy ostenta.

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