El magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa Sánchez, desestimó en marzo de este año una causa penal que existía contra su compañero de la Corte Plena, Luis Porfirio Sánchez, quien ahora será el encargado de investigar la relación de Gamboa con el empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
Este lunes, la Corte Plena por unanimidad decidió abrir un proceso disciplinario a Gamboa para investigar un viaje que hicieron él y Bolaños a Panamá y que duró solo 37 horas, según dio a conocer el Semanario UNIVERSIDAD.
También indagarán los motivos por los que el magistrado acompañó a Bolaños a la Fiscalía de Delitos Económicos a pesar de que el importador de cemento es investigado en varias causas.
El magistrado de la Sala Segunda, Luis Porfirio Sánchez, fue designado por sorteo para llevar la causa disciplinaria, según informó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla.
Celso Gamboa fue el único magistrado titular de la Sala Tercera que el 22 de marzo de este año resolvió una desestimación en una causa penal que afrontaba Luis Porfirio Sánchez por el supuesto delito de prevaricato.
Por tratarse de un miembro de los supremos poderes, esa desestimación fue solicitada por la fiscal Berenice Smith, en la condición de fiscal general, según se lee en la resolución.
Además de Gamboa, el caso lo resolvieron los magistrados suplentes María Elena Gómez, Jorge Enrique Desanti, Rónald Cortés y Sandra Eugenia Zúñiga.
La denuncia contra Sánchez fue interpuesta en agosto del 2015 cuando él era presidente del Tribunal de la Inspección Laboral y dirigió un proceso disciplinario contra la jueza de Tránsito Liz Tencio Alfaro.
La funcionaria había sido señalada por acoso laboral y su abogado, José Pablo Badilla, recusó a las dos juezas que acompañaban a Sánchez en el Tribunal, aduciendo que las funcionarias ya habían indagado a Tencio en el proceso previo de investigación y habían adelantado criterio.
La recusación fue rechazada y el abogado exigió que su apelación fuera revisada en instancia superior, pero el recurso fue rechazado y Sánchez permitió que el procedimiento continuara por lo que Badilla lo acusó de prevaricato.
En agosto del 2016, cuando se postuló para magistrado, Sánchez entregó a la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa una declaración jurada en afirmaba que renunciaría a la inmunidad en caso de ser electo.
La Fiscalía solicitó había solicitado otras tres veces la desestimación de la causa contra Luis Porfirio Sánchez, pero el juez José Pablo León, del Segundo Circuito Judicial de San José, rechazó esas solicitudes porque consideró que eran prematuras y que se debía continuar la investigación.
El prevaricato es el delito que comete el funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos.
