La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) informó la mañana de este viernes de que realizará las estimaciones correspondientes sobre el impacto que tendrá la reciente aprobación de una reforma al artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador (7.983), iniciativa que le permitirá cobrar una contribución del 15% sobre las utilidades netas de todas las empresas públicas —en competencia o no— para fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que administra.
La carga ya existía; sin embargo, empresas en competencia se habían negado a realizar el aporte en distintas ocasiones, alegando la rentabilidad de sus operaciones y que ese detalle no estaba explícito en el documento.
Con la reforma, el gerente de Pensiones Jaime Barrantes, indicó que quedaría cerrado ese portillo y que se “generaría un impacto económico positivo”, para lo que únicamente restaría la aprobación en segundo debate en las próximas semanas.
Para aplicar esta carga, la iniciativa de ley —que se tramita bajo el expediente 19.735— establece que las empresas que ya pagaban la carga lo sigan haciendo de forma regular, mientras que todas aquellas que apenas inician con el descuento podrán hacerlo primero con una cuota del 5% por tres años y del 10% por los próximos tres.
53 diputados aprobaron la tarde de este martes el proyecto de ley que fue propuesto por la anterior bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en octubre de 2015, un texto que según el cuadro socialcristiano servirá para “universalizar la cobertura (del IVM) a los sectores de trabajadores no asalariados en condiciones de pobreza extrema”.
Al respecto, el nuevo jefe de fracción socialcristiano Erwen Masís —como Jaime Barrantes— también destacó en el Plenario Legislativo que el proyecto “cierra portillos”, a lo que añadió la necesidad de que se apruebe legislación que permita certificar la existencia de “estados auditados serios para que realmente el 15% de las utilidades sea trasladado” como corresponde.
En esa misma línea, su compañero de bancada, Pablo Heriberto Abarca, destacó que “no es sólo este proyecto el que se debe trabajar” para universalizar el IVM, un objetivo en el que el proyecto aprobado es “apenas una pequeña gota que debe contribuir muchísimo más allá” en beneficio de personas trabajadoras y no asalariadas.
“Ya no habrá excusas, de que si se está en competencia o que se inventen cosas, aquí queda la voluntad de los legisladores, con una visión claramente establecida en la ley para que no haya ninguna justificación (…) Esto es un gran paso, pero no es todo lo que requiere el IVM, necesitamos avanzar con reformas mucho más profundas”, apuntó.
En total, la ley mencionada a nueve empresas públicas obligadas; específicamente Correos de Costa Rica, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Editorial Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y los bancos Nacional y de Costa Rica.
En años pasado, el INS había argumentado que el artículo 11 de la su ley fundadora elimina cualquier contribución ajena a su actividad; sin embargo, el nuevo texto le menciona directamente. Sólo esta institución reportó utilidades operacionales de más de ¢57.000 millones en 2017.
El INS es uno de los operarios que registraron utilidades netas superiores a los ¢50.000 millones en 2016 junto con los bancos públicos, Nacional y de Costa Rica, aunque el año pasado los números de esas dos entidades cayeron cerca del 25%.
Actualmente, el IVM cuenta con 258.645 pensionados y 1.5 millones de personas cotizantes, cifras que lo convierten en el régimen de pensiones más grande del territorio nacional.
