La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) se mantiene en contra del proyecto de ley que permitiría retirar anticipadamente los fondos de las pensiones complementarias de Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
No obstante, ahora se muestra anuente a permitir que los afiliados tomen esa decisión “en condiciones muy calificadas”, ya sea por la absoluta insuficiencia de los montos recibidos o por condiciones de salud que limiten la expectativa de vida de las personas.
Así lo afirmó el presidente ejecutivo de la institución, Román Macaya, quien compareció la semana pasada ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, foro en el que se tramita la iniciativa.
Este proyecto pretende que todas las personas jubiladas puedan retirar el monto acumulado por sus pensiones complementarias, como si fueran ahorros, de modo que puedan disponer de ellas en un solo tracto, apenas finalicen su tiempo laborado.
Al respecto, la Caja ya había indicado que esa idea “desvirtuaría y debilitaría” el sistema de pensiones; motivo por el que rechazó la redacción actual del texto impulsado por Eduardo Cruickshank, diputado del Partido Restauración Nacional (PRN).
No obstante, Macaya ahora indicó que ve posible “mejorar” los contenidos del texto, “concentrando más los años en los que se distribuyen las pensiones y creando reglas claras para que no se den ciertas posibles distorsiones entre las personas que tienen acceso a un retiro completo y las que no”.
Asimismo, dijo —a nombre de la Caja— que la institución querría “proponer un grupo de trabajo, donde se establezcan ciertas condiciones muy calificadas y muy bien reguladas, en las que podría permitirse el retiro completo, de modo que las cuotas cumplan su función como complemento del IVM”.
El jerarca indicó que ve posible realizar modificaciones al proyecto para eliminar portillos que hoy han permitido que personas de mayores recursos retiren en un solo tracto sus inversiones del ROP; así como para establecer algunas cláusulas que permitan el retiro de los dineros en casos muy excepcionales y para reducir los umbrales en la expectativa de vida con la que se calculan actualmente las mensualidades del régimen (que hoy abarca hasta los 115 años de vida).
¿Por qué se oponen?
La Caja fundamenta su oposición al proyecto actual en que se estaría cambiando la esencia de la pensión complementaria, al permitir que se transforme en un “retiro programado”. Además, señala que en el caso de que los pensionados pudiesen retirar la totalidad de los recursos, las operadoras deberían asegurarse de tener más dinero disponible “a la mano”, lo que “debilitaría” la posibilidad de colocar los fondos en inversiones a largo plazo y obtener mayores rendimientos por intereses.
Esto lo explicó también el gerente general de la Operadora de Pensiones de la Caja, Hector Maggi, quien señaló que tener que guardar mayor liquidez para hacer frente a los desembolsos totales impediría “optimizar la rentabilidad de los fondos”.
Esa rentabilidad es la que surge de los créditos que da el fondo de pensiones a entidades como el mismo Estado (un 70% de sus inversiones), al que da recursos a cambio de altas tasas de interés, que luego se redirigen a las mismas arcas de los jubilados.
En total, el fondo ya supera los ¢7 billones, de los que los pensionados se llevarían casi un 50% en los primeros nueve años, subrayó Maggi.
“Esa es la gestión que hacemos las operadoras de pensiones con las inversiones. El cliente tiene una cuenta individual, pero nosotros, como administradores, tomamos esa bolsa de recursos y los invertimos al más largo plazo para generar el mejor rendimiento. Esto permite que la gente no pierda su capital o no se le vaya viendo disminuido a la medida en en que le pagamos pensiones”, explicó el funcionario.
Y agregó: “si obligamos a que el ROP deba tener más recursos disponibles para devolverlos en un solo tracto, esto nos bajaría la tasa de interés al menos en un 1% y una reducción del 1% en la rentabilidad del sistema de pensiones representaría una reducción del 20% en el saldo administrado durante 20 años”.
Esto golpearía al fondo y a los administrados, según indicó Maggi, pues actualmente las personas jubiladas terminan recibiendo un complemento mensual que logra ser especialmente eficiente, producto de las inversiones.
Al respecto, Maggi señaló que una persona puede retirarse con un monto del ROP y comprar un plan de beneficio programado, cuyas cuotas mensuales pueden costearse en mayor medida gracias a los intereses.
Reglas iguales para todos
El discurso del principal proponente del proyecto, el restauracionista Eduardo Cruickshank, se ha enfocado en la necesidad de que todas las personas puedan acceder al ROP hasta el año 2035, pues ese sería el año en que el sistema de pensiones alcanzaría su madurez.
Esto quiere decir que permitiría dar a cada pensionado cerca del 20% de su pensión.
Actualmente eso no sucede, lo que hace que las mensualidades que reciben algunas personas sean calificadas como insuficientes por parte del legislador.
Además, Cruickshank ha criticado la forma en que se ha permitido que personas retiren todos sus recursos, basados en criterios como el porcentaje que representan las mensualidades en relación con el resto de las pensiones.
Ante estos argumentos, el gerente general de la Operadora de Pensiones de la Caja, Hector Maggi, indicó que recomendaría evitar esas desigualdades en favor de los sectores más adinerados, en lugar de abrir la puerta a todas las personas para retirar los fondos.
Además, Jaime Barrantes, jefe de Pensiones de la CCSS, explicó que si la totalidad de los fondos se retirasen en un solo tracto, como ya ha ocurrido en otros países, las personas probablemente tenderían a gastar todos sus recursos, lo que debilitaría sus montos disponibles durante la vejez.
Esto pasa porque el pensionado ya no recibiría el complemento, lo que haría que quede supeditado al ya golpeado Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), producto del envejecimiento de la población.
“Hay que pensar varias décadas a futuro y, cuando comenzamos a ver esas proyecciones, tenemos que empezar a preocuparnos de que exista un complemento al IVM para que la gente en su vejez tenga esa confianza de una vida digna que le puede proveer la combinación de los esquemas”, explicó Macaya.
Actualmente, el proyecto se tramita en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde apenas se realizan audiencias para recibir criterios y propuestas de modificaciones al texto.
No obstante, una mayoría de diputados del foro (siete de nueve) ya aprobó y dictaminó un texto sustitutivo de la idea impulsada por Cruickshank, a pesar de conocer los criterios negativos de entidades como la CCSS, la Superintendencia de Pensiones (Supen), el Banco Central (BCCR) y la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP).
Lea también:
