Este miércoles la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) solicitó a la Asamblea Legislativa enviar a la Sala Constitucional para consulta el proyecto de ley «Amnistía para la formalización y recaudación de las cargas sociales», informó la entidad.
Tras discutir el texto propuesto, este 10 y 11 de agosto, la institución reconoció que el proyecto atiende un problema histórico que se agravó con la pandemia y que en el difícil contexto actual hay cientos de miles de personas que no gozan de una cobertura de la seguridad social porque están morosas.
No obstante, durante la discusión se conoció un criterio de la Dirección Jurídica, que recogió criterios y opiniones jurídicas de la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República, «que señalan la imposibilidad de que esto se pueda legislar o inclusive reglamentar por la propia CCSS por tener roces con los principios constitucionales y legales de la seguridad social».
La CCSS detalló, tal y como se explicó en una nota previa en este semanario, que según el criterio del ente contralor, la condonación «podría limitar la recaudación de recursos que sustenta el régimen de seguridad social como un todo generándole una eventual desprotección; adicionalmente se señala que podría estar ante un desincentivo para quienes pagan a tiempo sus obligaciones; se estaría violentando la autonomía de la CCSS e inclusive, pone en duda que la misma Junta Directiva pueda tomar estas decisiones».
En consecuencia, la Junta Directiva acordó no oponerse al proyecto «en el tanto, primero, se considere respetuosamente incorporar una lista de modificaciones que hemos hecho al texto y, además, se envíe a consulta de la Sala Constitucional, si esta ley llega a ser aprobada en primer debate” dijo el presidente ejecutivo, Román Macaya.
