En un nuevo intento por justificar la costosa contratación de cooperativas para administrar áreas de salud que hoy están en manos de la institución, la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) conoció este jueves un análisis técnico cuantitativo que solo resultó positivo en la mitad de los casos al analizar los precios.
Se trata de una comparación entre las ofertas de servicios de las cooperativas para administrar áreas de salud con el gasto presupuestario de otras áreas de salud administradas actualmente por la Caja en condiciones similares, y que fue realizado por la Dirección de Proyección de Servicios de Salud,
Según lo presentado por la directora de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, Marielos Gutiérrez, este análisis involucró datos de las 105 áreas de salud que tiene el país. Para este análisis se comparó el costo de contratación mensual, el número de hogares, la población adscrita, los grupos etarios, la consulta medicina general y especializada, entre otras.
“Nos abocamos a hacer un ejercicio donde desarrollamos variables adicionales al proceso que ya está, sin entrar a lo que ya está señalado en el proceso y está suficientemente discutido con anterioridad. Esta fase es adicional al proceso. Lo que hacemos es un análisis de conglomerados. (…) Hacemos un análisis desde la perspectiva de la oferta de servicios de salud”, indicó Gutiérrez.
Según lo presentado, solo cinco de las diez ofertas de las cooperativas resultaron ser más «baratas» en comparación con los presupuestos ejecutados en el 2023 en las áreas de salud administradas por la CCSS.
Este nuevo análisis aparece luego de que equipos técnicos de la CCSS emitieron desde abril un estudio de razonabilidad de precios en las ofertas de las cooperativas, que señaló un aumento excesivo del costo que pretenden cobrar estas empresas interesadas en administrar 10 áreas de salud con respecto a los contratos actuales.
Según el estudio de los técnicos, en los últimos cuatro años, se ha realizado un gasto anual de ₡29.200 millones en la contratación de diez áreas de salud con proveedores externos a la institución.
Este pago subiría a ₡50.282 millones anuales de contratarse nuevamente a las cooperativas. Esto representa un crecimiento de más del 60% respecto al gasto real del 2023 en esas 10 áreas de salud.
Según los datos mostrados en el Sicop, esta diferencia (₡21.082 millones) sería de ₡210.820 millones en 10 años, plazo que duraría el contrato. Esto podría financiar el 93% del nuevo Hospital de Limón, el cual ha sido anunciado con un costo de ₡225.000 millones.
Este aumento en el costo, según indicó la jefe del Área de Contabilidad de Costos de la Gerencia Financiera, Azyhadee Picado, en el oficio DFC-ACC-0489-2024, se daría “sin que se logre acreditar por parte de la Gerencia Médica una mayor complejidad, cantidad de servicios o mejoras significativas en la contratación actual y que sea medible a través del factor precio”.
Nuevo Análisis
Según los datos comparativos presentados este jueves, la oferta de las cooperativas para administrar el Área de Salud de San Pablo, por ejemplo, tendría un costo mensual de ₡325.725.189 (este precio incluye el costo inicial y un 35% adicional por condiciones no contempladas que se podrían presentar durante el período), mientras que su similar en Santa Bárbara administrada por la CCSS, ejecutó el año anterior un presupuesto mensual de ₡462.711.937.
Esta misma situación se presenta en el caso del Área de Salud de Tibás, cuya oferta sería de ₡445.024.856 por mes (incluye 35% adicional). Santo Domingo, por su parte, ejecutó mensualmente el año anterior un total de ₡478.795.515.
Lo mismo sucede en el caso de las Áreas de Salud de Carpio-León XIII, San Francisco-San Antonio y San Sebastián-Paso Ancho, cuyo costo mensual -incluyendo el 35% adicional- sería menor que el presupuesto que ejecutó la CCSS por mes en 2023 para administrar su similar en Oreamuno-Pacayas-Tierra Blanca, el cual corresponde a ₡517.811.624.
En distinta situación se encuentran las ofertas de terceros para administrar las Áreas de Salud de Pavas, Santa Ana, Desamparados 2, Escazú y Barva -incluyendo el 35% adicional-, las cuales resultarían más caras que su similar en la CCSS.
En el caso del Área de Salud de Pavas, la oferta corresponde a ₡1.040.806.205 por mes; mientras que el presupuesto ejecutado mensualmente en 2023 para Goicoechea 2 fue de ₡1.000.176.722.
Esto mismo ocurre con el Área de Salud de Santa Ana, cuya oferta es de ₡557.392.353 al mes. El presupuesto ejecutado mensualmente en su similar de Curridabat para el período 2023, por su parte, fue de ₡506.134.247.
Las ofertas mensuales de las cooperativas para administrar las Áreas de Salud Desamparados 2 y Escazú corresponden a ₡923.958.760 y ₡571.706.458, respectivamente; mientras que el presupuesto ejecutado por la CCSS el año anterior en el caso de Oreamuno-Pacayas-Tierra Blanca fue de ₡517.811.624 por mes.
Finalmente, la oferta mensual para administrar el Área de Salud de Barva es de ₡496.888.947. Esta cifra es mayor que el presupuesto ejecutado por mes el año anterior por la CCSS, el cual correspondió a ₡429.526.772 para La Unión.
Ante los datos mostrados por Gutiérrez, la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, indicó que ahora el máximo órgano de la institución sí tiene todos los elementos para tomar una decisión sobre esta licitación. Esto fue apoyado por varios de los directivos.
El directivo Johnny Gómez, representante de la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), indicó, por ejemplo, que el presupuesto para contratación de cooperativas “es inferior en la mayoría de los casos”. Además indicó que le quedan dudas sobre la indicación anterior de equipos técnicos de la CCSS, los cuales señalaron semanas atrás “precios excesivos” en las ofertas de las cooperativas.
«Nos da oportunidad de corregir en tiempo y con oportunidad la posible errónea decisión que estabamos por tomar», agregó.
Tras la presentación de la Dirección de Prestación de Servicios de Salud, los directivos de la CCSS acordaron este jueves dar por recibido el informe técnico e instruir a la administración para que actualice la información en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
Resultados no son contradictorios
Lo presentado este jueves por la Dirección de Prestación de Servicios de Salud no elimina ni tampoco contradice lo indicado semanas atrás por equipos técnicos de la CCSS, pues solo establece un punto de comparación diferente, que resultó favorable en el 50% de las comparaciones.
Tras el señalamiento de los técnicos en abril, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denunció en el mes de mayo ante la Contraloría General de la República (CGR) la supuesta pretensión de miembros del máximo órgano de la CCSS de modificar informes técnicos para el favorecimiento de varias cooperativas.
El representante de la Uccaep, Jorge Araya, -uno de los proponentes de la moción- indicó en ese momento que “si queremos resultados diferentes, no podemos hacer las mismas cosas”.
Esto fue criticado por la directiva y representante de los sindicatos, Martha Rodríguez, quien respondió a Araya que con esta decisión “pasamos de aclarar dudas, a decir qué es lo que tiene qué ocurrir”. Asimismo externó que quitar un equipo técnico es un mal precedente.
Cartel debilitado
UNIVERSIDAD publicó la semana anterior que el cartel de licitación 2023LY-000002-0001101142 para adjudicar la administración de diez áreas de salud fue debilitado por miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, según lo denunció la propia directora de la Red de Servicios de Salud de la CCSS, Karla Solano, al gerente médico a.i. de la institución, Alexander Sánchez, en el oficio DRSS-AGAST-0311-2024 del 19 de junio del 2024.
De acuerdo con Solano, los cambios en el cartel fueron solicitados de manera informal por parte de directivos de la CCSS (aunque no especifica los nombres). Entre los cambios se encuentran “dejar a la libre los perfiles administrativos, la extensión del plazo de contratación a 10 años, así como eliminar requerimientos institucionales en materia de infraestructura y equipamiento, disminución en el monto de la garantía de cumplimiento y la potestad del oferente de consolidar los procesos en casos de ser adjudicado con más de una partida”.
Este nuevo cartel o pliego de condiciones fue elaborado luego de que los directivos aprobaran, el 20 de marzo del año anterior en la sesión 9.320, dejar sin efecto la licitación anterior, la cual había recibido un sinnúmero de objeciones por parte de la Contraloría General de la República (CGR).
Esta recomendación fue hecha en esa sesión por parte de la Comisión de Cooperativas, integrada a inicios del 2023, por los entonces directivos Isabel Camareno, Roberto Quirós y Juan Ignacio Monge.
La presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, señaló este jueves a los directivos que solicitará a la Auditoría Interna que realice una investigación «por algunas manifestaciones que se han hecho en medios de comunicación», aunque no especificó las dependencias de la institución involucradas.
«Creo que aquí nadie es condenado y todo tiene que ser lo transparente y razonable que se requiera», indicó.
