El 2024 quedará en los registros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como un momento que cualquiera quisiera olvidar, pues estuvo marcado por la polémica, las detenciones y suspensiones por el caso Barrenador, los constantes cambios en jerarcas, la billonaria deuda estatal, las renuncias de especialistas, las inagotables listas de espera y el nulo avance del hospital de Cartago.
Estos seis temas marcaron y golpearon la seguridad social durante este año, siendo los principales afectados los asegurados, quienes son —y deberían ser siempre considerados por las autoridades— el “corazón” de la CCSS.
“En la CCSS se ha evidenciado una serie de desaciertos por parte de la presidenta ejecutiva Marta Esquivel y la Junta Directiva. (…) Creo que es momento de actuar en contra de todas estas acciones que han sido apartadas de todo criterio técnico”, comentó Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN).
Para la legisladora, las actuales autoridades han demostrado que no hay capacidad para gerenciar la CCSS, sino, por el contrario, la han debilitado, llevando a una “crisis en la seguridad social” y poniendo en riesgo a todos los asegurados.
“La CCSS debe sufrir una reestructuración y tomar acciones sobre su gobernanza, funcionalidad, inversión de infraestructura y otros. Espero que en este último año se tomen medidas urgentes y se pueda rescatar la CCSS”, agregó.
Caso Barrenador: Detención y suspensión de cúpula de la CCSS
El pasado 23 de setiembre fue uno de los días más grises en la historia de la CCSS. El país amaneció con la noticia de que la presidenta ejecutiva Marta Esquivel y siete altos jerarcas de la institución estaban siendo detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el marco de los allanamientos del ahora denominado caso “Barrenador”.
Este caso —que aún se encuentra en investigación— surgió luego de que el 6 de julio anterior, la Junta Directiva de la CCSS adjudicara la administración de diez áreas de salud a cuatro cooperativas y una asociación, pese a los excesivos precios en sus ofertas y las advertencias de unidades técnicas de la institución.
El Ministerio Público presume que tanto Esquivel, como la gerente general, Marielos Gutiérrez; los directivos Isabel Camareno, Zeirith Rojas, Johnny Gómez; así como los exdirectivos Roberto Quirós, Jorge Araya y Jorge Porras habrían ejercido un aparente “control” sobre esta licitación, generando afectaciones a la institución por cerca de ₡124 mil millones durante un periodo de diez años debido a los sobreprecios.
A ellos se les investiga por los presuntos delitos de influencia contra la hacienda pública y tráfico de influencias.
Por este caso, Esquivel y Gutiérrez fueron suspendidos de sus puestos por seis meses; así como los directivos Camareno, Rojas y Gómez. Esto último dejó la Junta Directiva “varada” por casi dos meses.
“Los órganos técnicos dicen que hay un aumento en el precio del 65% y se toma una decisión en un día no hábil, a la carrera, con un informe de Marielos Gutiérrez —que no era el que permitía tomar la decisión— y tres criterios técnicos intergerenciales que habían recomendado que se declara infructuosa (la adjudicación). Eso hubiera sido lo más correcto, iniciar un nuevo proceso”, externó la directiva, Martha Rodríguez.
“Si la ley constitutiva de la CCSS establece que las decisiones deben tomarse con criterios técnicos, si habían varios informes, lo mejor era darle credibilidad a ese tema. (…) Además, si usted tiene un negocio y este va a ser ruinoso, usted no lo va a tomar, entonces, ¿cómo es que Coopesana ahora toma un nuevo contrato por 30 meses con los mismos precios que ya tenía antes? Es decir, con precio mucho menor y las mismas condiciones que ya estaban. Eso significa que sí había un sobreprecio y que con los precios que se estaban pagando realmente se podía dar la continuidad de los servicios”, añadió.
A Rodríguez se sumó Álvaro Ramos, expresidente ejecutivo de la CCSS, quien presume que esta Junta Directiva fue “muy influenciada por Zapote”.
“Pasó lo que tenía que pasar en estos casos. No se cuidaron, ‘no pusieron ni las manos’ (…) Deliberadamente se aseguraron de no escuchar los criterios técnicos, fue con alevosía. Crearon un entorno de groupthink, de esto lo hacemos porque lo hacemos”, señaló Ramos.
Inestabilidad en gerencias y junta directiva
Los cambios en las gerencias y en los directivos de la CCSS fueron también una constante durante el 2024.
En el caso de la gerencia médica, Wilburg Díaz dejó su cargo luego de que la Junta Directiva decidiera nombrar a Alexánder Sánchez, quien es el cuarto funcionario nombrado en el puesto durante el gobierno de Rodrigo Chaves. Díaz, por su parte, denunció también a Marta Esquivel por hostigamiento laboral.
También hubo un cambio en la gerencia general, luego de que la Junta Directiva decidiera nombrar en el cargo a Marielos Gutiérrez (ahora suspendida). Además, se prorrogó el nombramiento de Gabriela Artavia en la gerencia administrativa.
En cuanto a los directivos, el ambiente fue aún más movido. En este período se dio la renuncia del representante de las cooperativas, José Luis Loría, mientras que la representante de las asociaciones solidaristas, Maritza Jiménez, fue destituida por el Consejo de Gobierno.
También se dieron las renuncias de los representantes empresariales en la Junta Directiva, Adrián Torrealba y Jorge Araya, así como del representante del Gobierno Jorge Porras. Estos dos últimos figuran actualmente como imputados en el caso Barrenador.
“La rotación de las gerencias y de los directivos nunca antes se ha visto en la historia de la CCSS. Esto se apega al estilo y forma de imponer para controlar una institución. Esto nos parece que violenta la institución y refleja que el presidente de la República tiene estilos muy autoritarios”, indicó el asesor sindical de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en la CCSS, Juan Carlos Durán.
Por su parte, María del Rocío Sáenz, expresidenta ejecutiva de la CCSS, mencionó que la inestabilidad en las gerencias y directiva de la institución data desde la llegada de Esquivel.
“En la medida que se separaron algunos miembros que son nombrados por los sectores y no se respetó esa designación, me parece que se planteó una línea de ingobernabilidad y esa línea no ha concluido. Dado que esto se prolongue los efectos que va a tener esta falta de gobernanza va a dejar una herencia caótica en la institución y eso es lo que más me preocupa, porque no veo en el horizonte una disposición para restaurar la institucionalidad”, dijo.
Billonaria deuda estatal
Otro de los puntos críticos durante este período ha sido el impago del Estado con la seguridad social pese al compromiso que este tiene con la institución.
Según datos revelados por la diputada del PLN, Paulina Ramírez, la actual administración de Rodrigo Chaves elevó en un 40% la deuda que tiene el Estado con la Caja pasando de un monto de ₡2,91 billones en el año 2022 hasta ₡4,04 billones a setiembre de este 2024. Esto significa que la deuda ha crecido cerca de ₡1,13 billones.
Del total de la deuda acumulada, ₡3,35 billones corresponden al Seguro Salud y ₡689.817 millones al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte.
“Las obligaciones que tiene que presupuestar el Gobierno de la República no lo hace el ministro de Hacienda aunque tenga una obligación, presupuesta menos y paga menos, si es que lo hace. Por eso la deuda ha crecido exponencialmente. Esto ha hecho que nosotros tengamos en la institución brechas de recurso humano en todas las disciplinas. Sentimos un desmantelamiento en la CCSS”, destacó la directiva de la institución, Martha Rodríguez.
En la misma línea, el asesor sindical de la ANEP, Juan Carlos Durán, acotó que los gobiernos siempre pagan de “a poquitos” a la CCSS, con la excusa del déficit fiscal.
“Pero está clarísimo que no hay otro Gobierno en la historia que haya acumulado más deuda que este en dos años. ¿Qué se ocupa en concreto? Se necesita una nueva forma de abordar esto, una ruta a explorar es que la Comisión Investigadora de la CCSS en la Asamblea Legislativa analice el tema y que se elabore un proyecto de ley para así buscar una nueva forma de pago a la institución”, mencionó.
Renuncia de médicos especialistas
A la crisis generada por la administración de Marta Esquivel durante el actual período se suma la renuncia de médicos especialistas a la CCSS, la cual se ha agudizado en las últimas semanas, generando un panorama nada alentador para fin de año.
Esta medida es vista por cientos de estos profesionales como la única vía para así ser recontratados por la institución y migrar al salario global. Actualmente cerca de 2.000 médicos especialistas quedaron por debajo de este salario tras la entrada en vigencia de la Ley de Empleo Público en 2023.
Estos médicos protagonizaron también en abril anterior un movimiento, en el que cientos de ellos suspendieron la realización de tiempo extraordinario debido a la falta de soluciones concretas por parte de la CCSS a diversas problemáticas que les afectan.
“El tema de los especialistas viene a demostrar la falta de capacidad de resolver que ha tenido este Gobierno. (…) No se ha hecho absolutamente nada para retener a este recurso humano. (…) En este momento, si no le resolvemos el tema salarial a los especialistas para paliar la crisis, vamos a tener en diciembre y enero un retroceso aún mayor en listas de espera y pocas posibilidades de avanzar con la prestación de los servicios”, dijo la representante de los sindicatos en la Junta Directiva, Martha Rodríguez.
Listas de espera crecen
Las listas y tiempos de espera, por su parte, continúan creciendo como “la espuma” en la seguridad social, siendo el mayor dolor de cabeza de los asegurados.
Según datos proporcionados por la directiva de la CCSS, Marta Rodríguez, actualmente 1.3 millones de personas esperan en la institución por una cirugía, un procedimiento o una cita de consulta externa.
Las autoridades parecen no haber encontrado soluciones a esta problemática. La reciente renuncia masiva de los médicos especialistas amenaza con afectar aún más estas listas.
“Es claro que este 2024 no se avanzó en atender las listas de espera y lamentablemente siguen aumentando el número y los tiempos de espera, eso quiere decir que hay que redoblar los esfuerzos y que las acciones que se plantearon, si es que se llevaron a cabo, fueron insuficientes”, señaló María del Rocío Sáenz, expresidenta ejecutiva de la CCSS.
Esto fue acuerpado por la directiva, Martha Rodríguez, quien agregó que las listas de espera deberían ser el primer tema a atender por la institución.
“Hay que dar respuesta, no podemos tener a la gente esperando por más de un año. El incremento en el último año ha significado 405 mil pacientes nuevos que esperan por esa cita con especialistas, cirugías o procedimientos diagnósticos. Eso tiene un impacto importante en la salud de los pacientes porque empeoran las condiciones médicas y a veces ni siquiera llegamos a tiempo”, externó.
Fracaso en hospital de Cartago
Finalmente, el 2024 dejará también con un “sinsabor” a los cartagineses, quienes esperan ansiosos la construcción del nuevo Hospital Max Peralta de Cartago ante las pésimas condiciones de infraestructura que presenta el inmueble actual.
Por varios meses, la Junta Directiva de la CCSS discutió la adjudicación de este centro hospitalario debido a polémicas alrededor del terreno y de la constructora. El gobierno de Rodrigo Chaves se ha opuesto en reiteradas ocasiones a la construcción de este proyecto.
El 23 de mayo, con seis votos a favor de los representantes de los trabajadores y de los patronos, y tres en contra del Gobierno, la Junta Directiva de la CCSS adjudicó la construcción de este hospital a una empresa mexicana Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A. de C.V.; sin embargo, la alegría duró poco para los cartagineses.
A mediados del mes de septiembre se dio a conocer a la opinión pública que la empresa mexicana retiró su oferta. Esto dejó nuevamente en incertidumbre a esta población que espera una solución y buenas noticias por parte de las autoridades de la CCSS.
“El hospital de Cartago y su población ha pasado por una calle de la amargura que está supeditada a las agendas y los intereses de diferentes actores políticos del país. (…) La Junta Directiva de la CCSS podría pasar la decisión sobre este centro médico a la Junta de Adquisiciones para despolitizar este tema y caminar a una readjudicación y que el pueblo de Cartago tenga en unos años un hospital”, señaló el asesor sindical de la ANEP, Juan Carlos Durán.
Por su parte, Álvaro Ramos, expresidente ejecutivo de la CCSS, considera que el Gobierno creó un ambiente imposible para que se diera la construcción de este centro médico.
“La empresa adjudicada en su carta de retiro dice que no tiene seguridad del entorno político del país para hacer el hospital. (…) Cuando se vive diciendo que la CCSS está quebrada, que ya no puede pagar, que no se puede hacer nada, es que ninguna empresa privada seria va a querer compromisos serios multianuales de mucho dinero. (…)”, finalizó.
