La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) movilizaba para el 2019 un 41% de la inversión social de todo el país mediante sus programas de salud y de pensiones, por lo cual, no es casualidad que el Gobierno la tenga en la mira para reducir el gasto e inversión pública y ampliar el espacio para el sector privado.
Esta es una de las principales conclusiones de Juliana Martínez, exmiembro de la Comisión de Notables que estudió la crisis de la CCSS e investigadora de la Universidad de Costa Rica (UCR), en torno a las constantes afirmaciones del mandatario Rodrigo Chaves de que la institución “está quebrada”, la billonaria deuda estatal con la seguridad social y la reconfiguración de la Junta Directiva, entre otros.
“A lo largo del tiempo, cada vez que se ha querido hacer ajustes en el presupuesto público, pues la CCSS ha sido una de las formas de buscar hacerlo. Es muchísimo dinero el que se moviliza a través del Seguro de Enfermedad y Maternidad y los de pensiones. En un Gobierno que ha hecho del ajuste fiscal su única brújula, tiene todo el sentido que mires a la Caja como forma de reducción del gasto público. Lo que es muy irónico es que eso se haga en nombre de proteger a la seguridad social”, indicó Martínez.
De acuerdo con datos de la Autoridad Presupuestaria, la CCSS movilizaba dos terceras partes (62%) de todos los recursos destinados al gasto público social en 2002; sin embargo, esto decreció a un 41% (₡3,036 billones) justo antes de la pandemia. Estos datos, pese a que reflejan la contracción de los recursos en manos de la institución, muestran también su extraordinaria importancia relativa aún hoy.
“Hemos estado viviendo sistemáticos cuestionamientos a elementos constitutivos de ese pacto social y tenemos dos opciones: una es seguir sacando palitos —como en el juego de jenga— hasta que nuestro nuestro pacto social se caiga o podemos replantearnos cómo organizarnos de manera tal de no tirar al niño con el agua sucia, de corregir los problemas sin quedarnos sin seguridad social, sin política social no contributiva, sin el empleo público, etc.”, añadió.
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) —de la cual Costa Rica es parte— la pandemia mostró la necesidad de aumentar la inversión en salud en torno al 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en promedio para proteger a las personas como a las economías. Además, señalan que los daños al bienestar de las personas, producto del cambio climático, podrían ser muchas veces más severos que el COVID-19 y que ello requiere activar sólidas respuestas públicas. “La recomendación es a invertir más como porcentaje del PIB, no a invertir menos”, indicó la investigadora.
Asalto a la CCSS
Para Martínez, acciones como las ejecutadas en los últimos meses por parte del Gobierno y la nueva Junta Directiva de la CCSS representan un asalto a la seguridad social, la cual cobija al país desde los años 40.
Entre estas se encuentra la destitución del expresidente de la CCSS Álvaro Ramos, luego de liderar la aprobación de un reajuste salarial en la institución. El Consejo de Gobierno suspendió en diciembre anterior a cinco de los directivos que apoyaron esta decisión y conformó una nueva directiva, en la cual, incluso nombró casi “a dedo” y sin apoyo de los sindicatos a uno de los representantes de los Trabajadores.
A estos eventos se suma la suspensión por parte de la nueva Junta Directiva de todos los proyectos del portafolio de inversiones institucional que hasta el momento no hayan dado inicio, con la justificación de que buscan garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad.
Finalmente, la semana anterior, el máximo órgano acordó eliminar transitoriamente la gerencia general y trasladar sus funciones a la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel.
“Se reemplaza de una manera cuestionable del punto de vista constitucional a la jerarquía a la Junta Directiva de la Caja, se nombra a una persona incumplidora con la Seguridad Social a quién se le pospone el pago de sus deudas, se concentra en la presenta ejecutiva todo el poder también gerencia general. Esto es un asalto de la gobernanza de la institución y, por otro lado, el nombre de reducir las listas de espera se congela la inversión”, mencionó Martínez.
“El presidente en nombre de fortalecer a la institución altera aspectos fundamentales de gobernabilidad y de inversión”, agregó la investigadora, quien ve este actuar como el de un agresor que le pega a su pareja “porque la ama”, refiriéndose a la CCSS.
Gobierno podría volcarse a la tercerización
Martínez agregó también que ante la repetición por parte del mandatario Chaves de que la CCSS “está quebrada”, la institución podría volcarse a la tercerización, pues él ha sido claro en que “la puerta está abierta para pensar en otros modelos”.
“Es muy esperable pensar en propuestas que digan ‘La Caja no logra resolver su listas de espera, entonces, vamos a pensar en modelos de tercerización de los servicios, donde privados ofrecen esos servicios con recursos públicos’. (…) Yo creo que no es impensable, que está en la agenda de muchos actores privados y que es una manera de resolver esa histeria de que la CCSS está quebrada como idea fuerte que el presidente de la República ha manejado”, mencionó.
La afirmación de que “la CCSS está quebrada” ha sido desmentida por el expresidente ejecutivo de la institución Álvaro Ramos, quien incluso la semana anterior afirmó, a los diputados que conforman la Comisión de Ingreso y Gasto Público, que la institución no se encuentra en una situación financiera “delicada” en el corto plazo y que él “jamás” hubiera tomado la decisión de suspender la cartera de proyectos.
“Con los números que yo vi financieros y el análisis del Departamento de Planificación, con todos los elementos, yo jamás hubiera suspendido la programación de los proyectos”, indicó Ramos a los legisladores.
Asimismo, un oficio de la Presidencia Ejecutiva basado en una Auditoría Externa de Deloitte, del 4 de febrero, señaló que la CCSS presenta un superávit histórico y no se encuentra en “quiebra”.
Soluciones
Mejorar la seguridad social, según Martínez, requiere de varias acciones, entre ellas acordar un plan de pagos del Estado a la Caja, condicionar los fondos a mejoras de eficiencia —muy especialmente en la reducción de las listas de espera— y quitar la maraña de conflictos de interés que atraviesan a la institución.
Sobre los primeros dos puntos, el anterior presidente ejecutivo de la institución Álvaro Ramos diseñó un plan gradual y viable para que el Estado honre su deuda con la Caja, en el cual se condiciona el pago a mejoras de eficiencia como la reducción de las listas de espera para tratamientos y cirugías.
De forma totalmente opuesta a lo actuado por Ramos, por ejemplo, la actual presidenta de la institución Marta Esquivel ha sido enfática en que no la cobrará hasta haber “ordenado la casa”.
La deuda del Estado con la seguridad social continúa sin ser determinada. Según datos de la CCSS, al 30 de abril de 2022 la misma alcanzó la cifra de ₡2,7 billones, de los cuales ₡2,2 billones (81,6%) corresponden al Seguro Salud (SEM) y ₡508.018 millones (18,4%) al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); sin embargo, para Hacienda las cifras son inferiores.
Respecto al tercer punto, Martínez indicó que si de verdad el Gobierno quiere acabar con el conflicto de intereses, debe demostrarlo con acciones concretas, como un minucioso examen de las compras públicas y una adecuada regulación de la doble práctica médica público-privada, para así fortalecer la institución y darle tranquilidad y seguridad a la población.
