Los rapidez y avances de la Caja Costarricense del Seguro Social para cumplir con la transparencia de sus contrataciones deja aún espacios vacíos que impiden un completo acceso de ciudadanos a las compras hechas durante la atención de la emergencia por la COVID-19, señaló la Contraloría General de la República (CGR) en una auditoría sobre esas gestiones.
Parte de la información dispuesta en la omite datos indispensables, impide la verificación integral, deja reportes incompletos, posee inexactitudes o carece de documentación de respaldo. Esto concluye el análisis de la CGR de mayo a septiembre sobre el contenido dispuesto en el sitio https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/transparencia, relacionado a compras que pueden alcanzar los ¢125.000 millones, de acuerdo con lo aprobado mediante el Fondo de Contingencias de la CCSS.
“La CCSS hace esfuerzos importantes en proporcionar a los interesados información en línea sobre sus contrataciones. No obstante, existen aspectos a tomar en cuenta en la mejora continua que debe caracterizar a una institución pública que está a cargo de la salud de sus habitantes. Especialmente en tiempos de pandemia, donde la comunicación de estos asuntos a la ciudadanía se vuelve punto esencial de la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza hacia la institucionalidad.
La Contraloría también advierte del inicio de gestiones de la CCSS dentro del sistema digitalizado de compras con fondos públicos llamado SICOP, que entró en marcha el 28 de mayo de 2020 y que desde mayo del 2021 alojará de manera integral las compras de la Caja, aunque no distinta cuáles son de la emergencia de COVID-19 y cuáles no.
“Se identificaron oportunidades de mejora con respecto a la verificación integral de los datos, pues las compras se realizan tanto de forma centralizada como descentralizada (…), por lo que no hay una instancia específica definida que verifique que la información haya sido incluida de forma completa”, se lee, como primer punto, en el reporte enviado por la CGR a los medios.
En algunos de los contratos escogidos en la muestra analizada se determinó omisión de información indispensable relacionada con la vigencia de la contratación, pues faltaban tres procedimientos financiados con el Fondo de Contingencias y se incluyó un contrato que fue rescindido por mutuo acuerdo.
Además, hubo casos en que el objeto de compra no se detalló tal como se encuentra en el expediente. “En uno, en la página web se indica que se trata de la compra de videolaringoscopios, cuando en el expediente consta que se trató de aspiradores de secreciones y termómetros para la atención de la enfermedad del COVID-19”, ilustra el comunicado.
También se identificaron inconsistencias sobre criterios de selección del proveedor y más de la mitad de los procedimientos de la muestra no cuenta con un documento adjunto que permita cotejar la información, enumera la CGR antes de reconocer que otros rubros analizados sí alcanzan altos porcentajes en la calificación.
