La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) espera un ahorro en los gastos de ¢1 billón para el 2032, tras la aplicación las medidas de ahorro en el pago de pluses salariales y cesantías contenidas en la Reforma Fiscal. Así lo reveló la adenda hecha a la última valuación actuarial del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), la cual fue presentada a la Junta Directiva de la Caja en diciembre anterior.

Estas restricciones salariales incluso le “darían un respiro” al Seguro de Salud más allá del 2032, contrario a lo que señaló la última valuación actuarial, la cual reveló que los ingresos para cubrir los gastos de este Seguro serían suficientes hasta el año 2027. 

El ahorro de ¢1 billón en los gastos se da luego de que la Contraloría General de la República (CGR) ordenara a la CCSS –en setiembre del 2019– apegarse a la reforma fiscal y anular los acuerdos establecidos con los sindicatos, en febrero y agosto pasados, relacionados con anualidades y pluses salariales.

En agosto del 2019, la Junta Directiva de la Caja conoció la Valuación Actuarial del Seguro de Salud; no obstante, tras la orden de la CGR, los directivos pidieron a la Dirección Actuarial y Económica realizar una adenda que incorporara los efectos totales de la Reforma Fiscal aprobada en el país en el 2018. 

La Reforma Fiscal ordenó que los pluses salariales que en el pasado eran pagados como porcentajes de salario se transformaran en montos fijos (nominales). De esta forma se espera moderar el crecimiento de los salarios de los trabajadores de la Caja. 

Posterior a la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se fijó la anualidad en el equivalente al 1,94% del salario base para profesionales y 2,54% para no profesionales. Asimismo, se redujo el reconocimiento de la cesantía de 20 a 8 años. 

“La medición de esta proyección de gastos se encuentra asociada con las prestaciones de la atención de la salud y consideró, además, variables relacionadas con la utilización de los servicios, la población cubierta, la estancia promedio y el costo de cada uno de los servicios. De igual manera, el costo de los servicios incluyó el componente de remuneraciones del personal que interviene en la prestación del servicio, el cual se ve afectado directamente por esta ley. También se incluyen otros gastos asociados”, señaló la Caja a través de un comunicado.

Por otra parte, en cuanto a los ingresos, la adenda muestra una reducción en la proyección de los ingresos a poco más de un 1% al final del 2032, al considerarse una disminución en las contribuciones al Seguro de Salud por la aplicación de la Ley 9.635 al gremio de profesionales en ciencias médicas.

La adenda reveló también una acumulación de la reserva, la cual representaría para el año 2032 más de ¢2,7 billones del gasto de ese año, por lo que el periodo de suficiencia de ingresos para cubrir los gastos se extendería por varios años más. 

En el caso del escenario que incorpora el portafolio de proyectos de infraestructura y tecnología (182), cuyo costo estimado es de ¢1,2 billones, el período de suficiencia de ingresos y egresos se extiende inclusive hasta el 2029. A partir de este año, según la CCSS, se empezaría a consumir la reserva acumulada.  

Entre los proyectos incorporados en el portafolio se encuentran la construcción de los hospitales Monseñor Sanabria, en Puntarenas, y el William Allen, en Turrialba; además de las nuevas Torres de los hospitales Calderón Guardia y México. 

Actualmente, la Caja desconoce hasta cuál año –después del 2032– sería solvente el Seguro de Salud, pues la proyección sobre su sostenibilidad se realizó a 15 años.

“Es un poco difícil hacer estimaciones en el seguro de salud por más de 15, 20 o 25 años, porque todo lo que rodea es muy dinámico. De pronto aparece una nueva epidemia o enfermedad que genera una demanda importante de recursos. Es un poco riesgoso hacer estimaciones a muy largo plazo, cosa contraria al régimen del IVM”, señaló el director de presupuesto de la Caja, Sergio Gómez.

Gómez reveló que la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS iniciará este año la realización de otra valuación actuarial, la cual se dará a conocer aproximadamente en el 2021 y tendrá también una proyección de 15 años.

Críticas

Para el especialista en Ciencias Actuariales y exprofesor de la Universidad de Costa Rica, Rodrigo Arias, esta adenda presenta varias inconsistencias tanto en su elaboración como en los resultados.

Arias señaló que el estudio actuarial presentado en agosto a los directivos de la CCSS ya tomaba en cuenta los efectos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, por lo que se le hace extraño que la adenda ahora muestre que se tomó en cuenta la aplicación de la Reforma Fiscal. 

“Eso significa que había un maquillaje en ese estudio actuarial que primeramente entregaron, pues decía que la Reforma Fiscal sí estaba considerada. Eso muestra que las hipótesis de selección de los parámetros estaban incorrectos al tener que corregirlas en esta adenda”, señaló Arias.

El director de presupuesto de la CCSS, Sergio Gómez, defendió la realización de la adenda e indicó que esta se hizo para incorporar “ciertos elementos” que en el Informe Actuarial no habían sido considerados. “(En la valuación actuarial) sí se consideraron algunos temas, pero no la totalidad de los elementos que ya después de agosto la institución, con conocimiento de los criterios que emitió la CGR, empezó a tener claros”.

Arias destacó incluso que, en lugar de proceder a una adenda, se debió realizar otro informe y descartar el presentado en agosto del 2019. “Ellos (la CCSS) lo que quieren es confundir a la ciudadanía”.  

El actuario criticó también la lentitud que existe en la realización y presentación de una valuación actuarial, pues en su criterio esto dificulta que la Junta Directiva pueda tomar decisiones en relación a las cuotas de todos los contribuyentes del Seguro de Salud.

Esta crítica fue respaldada por Mario Devandas, directivo de la Caja y representante de los Trabajadores, quien aseguró que el proceso se ha hecho muy largo.

“El problema es que coincidía el informe actuarial de Salud con la discusión sobre Pensiones. La consideración de la Junta Directiva fue que no era prudente crispar al país con los dos temas al mismo tiempo”, indicó Devandas. 

Por su parte, el director de presupuesto de la CCSS justificó “los tiempos” en que se han presentado tanto el informe actuarial como la adenda, ya que considera que ambas se hicieron oportunamente. “Estas estimaciones permiten a la institución tener un panorama en el mediano plazo de cuál va a ser el balance entre los ingresos y egresos que en realidad no dista mucho de lo que en estudios previos se conocía”. 

Según cálculos de Arias, existe también una inflación en los gastos a partir del 2026, cuando estos suben a un 4.9% y siguen constantes, mientras que los ingresos continúan decreciendo. 

En cuanto a las previsiones, el exprofesor de la Universidad de Costa Rica (UCR) acotó que no coinciden los datos que se muestran en el informe actuarial con los de la adenda, en vista de que en el primero, para el 2017, se habló de ¢738 mil millones en reserva, mientras que en la adenda la institución se refiere a unos ¢500.363 millones para el 2018.

Consultado sobre la observación, Gómez destacó que la diferencia entre los montos se debe a que la reserva de ¢738 mil millones al 2017 –señalada en la valuación actuarial– considera las provisiones asociadas con fines específicos dentro de las cuales incluyen infraestructura, salariales, contingencias y otros fines; mientras que para el 2018 se consideran únicamente factores como infraestructura y proyectos.

Arias cuestionó también que en la adenda es observable que se cargaron los proyectos de inversión a los gastos corrientes y que esto es “improcedente”, pues lo correcto sería tomar recursos de la reserva.

Por su parte, Gómez respondió que efectivamente las provisiones se utilizan para efectos de financiar los proyectos de infraestructura y equipamiento y otros fines específicos, y que en ningún momento se cargaron los proyectos de inversión a los gastos corrientes. 

“Sí se estimó dentro de los egresos los gastos de operación nuevos o adicionales relacionados a la nueva infraestructura, como plazas nuevas, servicios básicos, materiales y suministros para la puesta en marcha”, añadió el director de presupuesto.

El directivo Mario Devandas, por su parte, aseveró que esta adenda no está exenta de limitaciones, debido a no tiene proyectado el verdadero crecimiento de la demanda de servicios. 

Consultado sobre el tema, el director de presupuestos señaló que el elemento del envejecimiento sí fue considerado en el estudio y que, conforme se avance en otros estudios y se tenga información más precisa, va a ser más fácil caracterizar cuáles son las necesidades de salud de la población, cuáles son los servicios y en cuáles aspectos debería concentrarse la institución. 

Gómez agregó que tras la presentación del informe actuarial, se dio la instrucción a las gerencias para que implementen acciones en procura de la sostenibilidad del Seguro de Salud. 

“Por el lado de los egresos, se está instruyendo a la administración para que realice mejoras para reducir la estancia hospitalaria y acciones para mejorar la infraestructura hospitalaria. En cuanto a la gerencia financiera, se instruyó mejorar el tema de la inspección y recaudación e incorporar al sistema otros grupos de trabajadores que no están cotizando”, finalizó.

¿Qué reveló la valuación actuarial 2017?

De acuerdo con el estudio elaborado por Carolina González y Evelyn Guzmán, ambas actuarias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los ingresos para cubrir el seguro de salud no serán suficientes más allá del año 2027. Esa es la conclusión más importante del último estudio actuarial presentado en agosto del 2019 a la Junta Directiva.

El estudio señala que existe una mayor tasa de crecimiento en el gasto con respecto al ingreso, lo que desemboca en un balance negativo de -0,05 dentro de ocho años.

El gasto proyectado para el 2027 fue de ¢4.749.331 millones, un ingreso reglamentario de ¢4.914.841 millones (lo que debería percibir la entidad si todos pagaran las cuotas correspondientes) y un balance reglamentario de ¢165.511 millones. 

Sin embargo, en la práctica, las estimaciones realizadas señalan que los ingresos efectivos para el 2027 serían de ¢4.697.444 millones, lo que representaría un balance efectivo de –¢51.887 millones. Esta situación es provocada por la morosidad.

Otro hallazgo importante de la valuación es que, si se contrastan las primas que paga el sector asalariado para el seguro de salud con el gasto que realiza la CCSS para atender a esos asegurados y sus familias, esas erogaciones se podrían cubrir con la mitad de la cuota que se paga actualmente.

En otras palabras, mientras hoy los asalariados aportan una cuota del 15% para este seguro, su gasto se podría cubrir con un pago equivalente al 7,11% del salario.

De acuerdo con el actuario y exprofesor de la UCR, Rodrigo Arias, existen varias variables que influyen; sin embargo, en su criterio, la más importante es la morosidad del Estado y los patronos con la Caja Costarricense de Seguro Social.

Para el actuario, durante el 2018, teniendo en cuenta un total de ¢2.342.663 millones por concepto de ingresos y ¢2.060.000 millones de gastos, “en lugar de que sobren ¢433.954 millones (balance reglamentario), lo que sobran son ¢286.866 millones (balance efectivo)”.

Asimismo, Arias externó que otra de las causas que influyen es el hecho de que la CCSS no cobra al Estado todo lo que ordenan las leyes 5349, 7374 y 5905.