La Caja Costarricense del Seguro Social presentará ante el Ministerio Público denuncias contra las personas que durnate la tarde de este miércoles irrumpieron en las instalaciones del hospital San Vicente de Paul, en Heredia, violentaron a funcionarios y forzaron la suspensión de la consulta externa y otros servicios. Así lo informó la institución al final de la tarde.
Román Macaya, presidente ejecutivo de la institución, informó que un grupo “presuntamente antivacunas” se presentó al mencionado hospital y “de manera violenta ingresó al centro, violentaron algunos accesos, por lo cual el hospital activó los protocolos de seguridad y además se enlazó con la Fuerza Pública, quien tomó control de la situación”.
El incidente, dijo el jerarca, puso en peligro no solo al personal de seguridad, médico y asistencial del hospital, sino a los propios usuarios y pacientes. “Costa Rica saldrá adelante de esta pandemia con ciencia, educación y las correctas acciones colectivas, jamás con violencia y teoría de la conspiración”, agregó.
Macaya recordó que la CCSS tiene un mandato constitucional de velar por la salud y la vida de la población, y que por eso no se pueden permitir actos como los sucedidos hoy en Heredia.
Priscila Balmaceda, directora del hospital San Vicente de Paúl explicó quela situación se dio porque hay el niño ingresado por una patología respiratoria en el establecimiento de salud. Debido a que el pequeño tiene factores de riesgo y el contexto epidemiológico es peligroso, el médico tratante indicó que debía colocársele la vacuna contra la Covid-19.
Además, dijo, se detectó una situación que requirió de la intervención del servicio de trabajo social, lo que asociado a la negativa de los padres a vacunar al menor de edad, derivó a solicitar criterio por parte del Patronato Nacional de la Infancia. Balmaceda explicó que el egreso del niño se dará cuando los servicios de pediatría y trabajo social así lo autoricen.
Según explicó la jerarca, previo a los enfrentamientos, el personal del hospital atendió “de forma amplia y cordial al padre del menor”, quien estuvo acompañado por la diputada Shirley Díaz y su asesora legal. A estas personas, dijo, les explicaron la situación médica y administrativa en torno al caso.
No obstante, minutos después el hospital se vio afectado por un grupo de personas que ingresaron por la fuerza y que agredieron a oficiales, pacientes y funcionarios, y que además pusieron en riesgo a todas las personas que estaban el hospital, explicó. La intención del grupo era llegar al cuarto piso donde se encontraba el menor, además de enferntar a la trabajadora social que lleva el casopara increparla.
“Sumamente sorpredidos por el movimiento”, las autoridades activaron los protocolos de seguridad y en coordinación con la Fuerza Pública lograron controlar la situación. No obstante, el operativo obligó al cierre de las instalaciones, así como a la suspensión de los servicios de consulta, laboratorio, farmacia y rayos X.
“Lamentamos mucho que se esté dando esta situación. Somos muy respetuosos de la opinión que puedan tener las personas pero como centro de salud tiene que respetarse el abordaje que el personal médico le esté brindando a nuestros pacientes. No puede ser que actos como estos obliguen a tomar decisiones para egresar pacientes”, dijo Balmaceda.
