Pensiones de la Caja

CCSS busca mejorar números del IVM recargándose en el Estado

Directiva acuerda medidas inmediatas para atenuar diferencia entre ingresos y gastos y abre consulta pública.

Los cambios que acordó la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para dar respiro al fondo de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) incluyen un incremento de la contribución tripartida en el que el mayor peso le toca al Estado.

La propuesta de la reforma al reglamento del IVM fue publicada para consulta pública el pasado 22 de enero en el diario oficial La Gaceta, para que se pronuncien las partes interesadas antes de que los cambios entren en vigor, según exige la normativa.

El plan contempla un incremento de la contribución, actualmente de 8,50% del salario, a un 9,16% hasta el 31 de diciembre del 2019.

El monto actual de 0,58% que corresponde al Estado, pasa a 1,24 (114% de aumento), mientras que tanto el aporte obrero como el patronal no se tocan.

A partir del 2020 se proponen incrementos cada cinco años, donde sí crecería el aporte de los trabajadores y patronos, y nuevamente lo que más aumenta es el aporte estatal con las consiguientes implicaciones que ello pueda tener para las finanzas públicas actualmente con un creciente déficit fiscal.

Los ajustes al IVM propuestos, entre otros, abarcan la eliminación gradual en tres tractos de la pensión adelantada con penalización, que rige desde la última reforma al sistema hecha en el 2005.

Las autoridades de la Caja han explicado que el cambio de reglas para el retiro anticipado es con el propósito de evitar que cada año 2.800 asegurados opten por esta opción, lo que presiona extraordinariamente las finanzas del mayor fondo de pensiones del país (¢1,9 billones).

Esa opción la tienen las mujeres con 60 años cumplidos y los hombres con 62, en ambos casos con 300 cuotas aportadas.

Ahora el primer cambio que se propone es las cuotas pasen a 360, y se reglamentan sucesivos incrementos, lo que elimina en la práctica esa opción.

No obstante, la nueva regla empezaría a regir 18 meses después de que el acuerdo entre en vigor y no afecta a las personas que ya empezaron los trámites.

Tampoco afecta aún para el conjunto de los trabajadores la edad (65 años los hombres, 62 las mujeres) ni el número de cuotas para pensionarse, puesto que la medida tiene que ver solo con la pensión adelantada.

Se trata de medidas para dar un respiro a corto plazo al régimen de pensiones, presionado por un mayor incremento del gasto respecto a los ingresos.

Sería un paliativo mientras se aprueba una reforma de mayor alcance, a partir de un estudio actuarial sobre la salud financiera del régimen que se piensa encargar a la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica (UCR) por parte de la Caja y de la Superintendencia de Pensiones (Supén), según han informado ambas entidades.

Esto, luego que a fines del año pasado fue rechazado el estudio que se había contratado al argentino Eduardo Melinsky, pero que la Caja y la Supén desecharon achacándole deficiencias técnicas.

Sobre el avance de esas conversaciones, la gerencia de pensiones informó que “se tienen avanzadas importantes coordinaciones con la UCR para que la Escuela de Matemática y Actuariado realice el estudio”, y se espera finiquitarlas en el presente mes y que el estudio pueda estar listo a finales de julio.

COTIZACIÓN

De acuerdo con la propuesta de la Caja, el actual aporte del Estado, que es de 0,58% por cada trabajador asegurado aumentaría a 1,24% (114% de incremento), mientras que el aporte de los patronos y los trabajadores se mantiene sin modificación: 2,84% por parte de trabajadores y 5,08% por los patronos.

Luego vendría un aumento escalonado cada cinco años hasta el 1 de enero de 1935, cuando la cuota alcanzaría a 11,16%. Entonces, el aporte patronal habría subido a 5,75%, el obrero a 3,50% y el estatal a 1,91%.

Esto significa un incremento de 13% en el aporte patronal, 23% en el obrero y 229% en el estatal, donde es claro que el mayor peso es para el Estado, vale decir, para el presupuesto nacional.

Llama la atención que la modificación propuesta por la directiva de la Caja difiere de la recomendación hecha por la Dirección Actuarial de la institución en su informe actuarial del IVM publicado en el 2015.

El estudio, de 124 páginas, dice que hay que hacer ajustes y aumentarles tanto a los patronos como a trabajadores y al Estado, pero los aumentos para el Estado que propone son menos abruptos.

Cuando menciona el incremento de erogaciones por pensiones adelantadas menciona como una causa una omisión cometida en el 2007, cuando se aprobaron cambios referidos a la pensión adelantada, lo que abrió “un portillo” para que aumentaran dichas jubilaciones.

No lo dice el documento pero la omisión tiene que ver con la reforma del reglamento del 2005, que prohibió conceder pensiones anticipadas cuando la pensión a que tenía derecho la persona era menor a la pensión mínima que paga el régimen (¢129.522 actualmente).

Pero en modificaciones que se hicieron en el 2007, durante la administración de Óscar Arias, se eliminó el párrafo que contenía la prohibición, y mucha gente se “coló” sin haber aportado lo suficiente para tener el beneficio. Así, aunque la persona no alcanzara a tener la pensión mínima, podía pedir la pensión adelantada y obtener la mínima sin tener que esperarse a pensionarse a los 65 años.

El error lo corrigió la junta directiva en el 2013, restableciendo la prohibición de pensión adelantada por debajo de la mínima.

Son temas que podrían ser ventilados próximamente durante una comparecencia en la comisión legislativa de Ingreso y Gasto Público, que tienen pendiente las autoridades de la Caja encabezadas por la presidenta ejecutiva, María del Rocío Sáenz, para explicar la situación del IVM.

Mientras tanto, el gerente de pensiones, Jaime Barrantes, en un artículo de prensa reciente contestó a críticas por el manejo del régimen por parte de la institución, diciendo que las acciones demuestran que la CCSS no ha bajado la guardia ni la bajará en la defensa del IVM, y la clave está en un monitoreo constante para ir proponiendo los ajustes correspondientes.

 

En la mira

La Defensoría de los Habitantes inició desde el año pasado un seguimiento muy cercano a las acciones que están realizando la Caja y la Supén para tener un estudio actuarial que demuestre cuál es la verdadera situación del régimen IVM, según informó Ana Karina Zeledón, Directora del Área de Asuntos Económicos de la Defensoría de los Habitantes.

En el último reporte, a mediados de octubre pasado, la gerencia de pensiones informó que la Caja estaba solicitando la participación de expertos de la escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, para la elaboración del estudio externo del IVM que contaría con el acompañamiento de la Supén.

Se esperaría tener ese estudio en mayo o junio del 2016 y que en algún momento se abran espacios de discusión para definir medidas de fortalecimiento del IVM.

En ese sentido, en la Defensoría tienen planeado solicitarle a la Caja en este mes de febrero nueva información para verificar que efectivamente las fechas indicadas se están cumpliendo, indicó Zeledón.

 

Brecha

De acuerdo con las cifras de la Caja, para este año los ingresos del IVM se estiman en ¢690.000 millones, y el pago de pensiones en ¢860.600 millones.

Una diferencia de ¢170.000 millones que para cubrirla probablemente se tenga que echar mano nuevamente de los intereses generados por la reserva del fondo, recursos que se utilizaron por primera vez en el 2009, como una medida de contingencia para resolver un problema del momento, pero ha seguido en aumento.

El año pasado estos rendimientos de la reserva fueron de ¢150.000, de los que se tomaron 50.000 millones para pagar el aguinaldo de los jubilados y una suma similar había utilizada el año anterior.

Con la eliminación de la pensión anticipada y el aumento de la prima mencionada, se trataría de reducir la utilización de los intereses.


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