La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) apoya las prohibiciones y el impuesto incluido en el proyecto de Ley de regulación de los vapeadores y cigarrillos electrónicos (expediente 21.658).
Según el criterio de la médico coordinadora del Programa de Cesación de Tabaco de la CCSS, Wing Ching Chan Cheng, el proyecto es “un gran primer paso” pero también aseguró que “quisiera más porque hay países con regulaciones más estrictas”.
“¿Vamos a esperar 30 años para ver si el vapeo se asocia al cáncer? Hay suficiente prueba para que niños, adolescentes, embarazadas y mujeres que puedan quedar embarazadas no deban utilizar estos productos”, explicó la doctora a los diputados de la Comisión de Sociales.
Entre otros datos, la doctora advirtió que los “vapeadores” tienen estrategias de mercadeo dirigidas a personas jóvenes.
“Del 2011 al 2014, subió de 1 a 4% de los jóvenes que consumen “vapeadores” (en el mundo). Esta es la moda, es lo cool y lo in. Si usted no vapea, no es cool. Hay vapeadores hasta con caricatura: usted cree que es para que un adulto deje de fumar? No”, explicó la especialista de la CCSS.
Los datos internacionales que ofreció la doctora Chan Cheng incluyeron la crisis de salud que enfrentó Estados Unidos en noviembre, respecto a los hábitos normalizados de “vapeo”.
Entre marzo y noviembre del 2019, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de ese país reportaron 2.290 pacientes internados por “enfermedades pulmonares severas, asociadas al vapeo”.
Chan Cheng también se preocupó por la asociación que tienen estos dispositivos como métodos para dejar de fumar.
“Dicen que hay estudios que prueban de que sirve para dejar de fumar. Eso no es cierto. No hay estudios”, afirmó.
Prohibido vapear
El proyecto prohíbe el “vapeo” de una forma muy similar a la Ley del Tabaco. No obstante, el texto aún no incluye sanciones económicas para quienes incumplan con las prohibiciones ni la posibilidad de clausurar los locales que lo hagan.
“En Costa Rica no se puede ‘vapear’ donde no se pueda fumar. No hay ningún control ni señalización”, explicó Chan Cheng.
Las nuevas prohibiciones cubren a sitios que que brinden servicios de salud; centros trabajo, educación, atención social, deporte, ocio, entretenimiento cabinas de teléfono, recintos de cajeros, estaciones de gasolina, puertos, aeropuertos, transporte público y sus paradas. Es decir sitios públicos y privados, salvo casas de habitación.
Al igual que ocurre con el cigarrillo, los locales deberán colocar una advertencia con la prohibición que esté “colocada en el mismo rótulo donde se consigna la prohibición de fumar”. El texto no incluye sanciones para la violación de ese artículo.
Por otro lado, la ley incluye un impuesto de ¢1.000 que se aplicará a los cigarrillos electrónicos; los vapeadores y los líquidos de “vapeo”, con o sin nicotina. El impuesto aplicará tanto para importaciones como para la “producción nacional”.
En su criterio, la neumóloga Chan Cheng dijo que ¢1.000 es poco para esos productos porque ya los usuarios están pagando más de ¢50.000 por los dispositivos o vapeadores.
La ley fue propuesta por los diputados Luis Antonio Aiza (Liberación Nacional) y Catalina Montero (Partido Acción Ciudadana). Espera su estudio y dictamen en la Comisión de Sociales.
